Autorizadas 124 casas en rústico desde que en enero se aprobó la Ley del Suelo

Teniendo en cuenta que en la década anterior salieron adelante una media de 110 viviendas en rústico al año y que en los primeros doce meses que funcionó la efímera ley del bipartito se aprobaron 146 permisos –en todo un año, no en nueve meses, como ocurre con el dato actual–, la estadística demuestra que no se ha producido un boom de este tipo de edificaciones, pero sí que la tendencia al alza continúa constante. ¿Los motivos? ¿Existe una relación directa entre el cambio de la ley y el aumento de la demanda? Constructores y arquitectos opinaban ya hace un año en este periódico que el mercado de la vivienda unifamiliar en rústico está más influido por el contexto social que por los vaivenes normativos. Que el covid había hecho que cada vez más personas quisieran dejar el piso para tener un terreno y que eso se había juntado con el interés de los turistas en tener una segunda vivienda en Cantabria y con la falta de promociones y terrenos urbanos ordinarios.

. El 1 de enero entró en vigor en Cantabria la nueva Ley del Suelo, la tercera distinta en menos de dos años y la que devuelve a la comunidad autónoma al sistema que estuvo vigente entre 2012 y 2022. Como prometió el Partido Popular en campaña electoral, que en este asunto cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de los alcaldes de todo signo político y el rechazo de los grupos ecologistas, la norma recupera un modelo para levantar viviendas unifamiliares en suelo rústico más liberizador y menos restrictivo. En sus primeros nueve meses de funcionamiento, la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu), el organismo que comprueba que los proyectos encajan y que cumplen los requisitos, ha autorizado la construcción de 124 casas en este tipo de terrenos y ha denegado otras 44 solicitudes. Eso quiere decir que se han resuelto el 65% del total de 255 expedientes presentados, mientras que el resto están pendientes de analizar.

Teniendo en cuenta que en la década anterior salieron adelante una media de 110 viviendas en rústico al año y que en los primeros doce meses que funcionó la efímera ley del bipartito se aprobaron 146 permisos –en todo un año, no en nueve meses, como ocurre con el dato actual–, la estadística demuestra que no se ha producido un boom de este tipo de edificaciones, pero sí que la tendencia al alza continúa constante. ¿Los motivos? ¿Existe una relación directa entre el cambio de la ley y el aumento de la demanda? Constructores y arquitectos opinaban ya hace un año en este periódico que el mercado de la vivienda unifamiliar en rústico está más influido por el contexto social que por los vaivenes normativos. Que el covid había hecho que cada vez más personas quisieran dejar el piso para tener un terreno y que eso se había juntado con el interés de los turistas en tener una segunda vivienda en Cantabria y con la falta de promociones y terrenos urbanos ordinarios.

El consejero de Fomento, Roberto Media, también cree que estos datos demuestran que en Cantabria existía una demanda social de volver al modelo que implantó el PP en la legislatura 2011-2015, pero a la vez que las cifras pueden corregirse algo a la baja en los próximos ejercicios.

Entiende que la Ley del Suelo ha generado «un efecto llamada». No tanto por su contenido y los cambios que introduce, sino por la amenaza del Gobierno del Estado de desactivarla al considerar que invadía competencias nacionales. «Yo, personalmente, tengo amigos que han presentado los papeles antes de lo que preveían y que se han metido prisa por el miedo a que la tumbaran», apunta Media, que celebra que ese temor haya quedado despejado tras firmar el acuerdo bilateral con Madrid –desde la pasada semana ya es oficial– que permite mantener casi íntegra la norma y que no afecta a la regulación sobre la construcción de vivienda unifamiliar en rústico.

El consejero popular destaca los números, que se traducirán en «actividad económica en los pueblos», pero sobre todo celebra que el cambio en el funcionamiento de la Crotu –también muy criticado por los grupos ecologistas y colectivos profesionales, que consideran que se rebajan los controles ambientales– ha permitido que los expedientes tarden mucho menos en resolverse. «Antes podían tardar en resolverse tres años y ahora eso mismo se hace en tres meses. El cambio es evidente», celebra responsable del área, que considera un logro que en el primer año de legislatura se haya podido acabar con las colas históricas en la Comisión de Urbanismo.

El 35% de expedientes que aún no se han respondido son los últimos en llegar o los que requieren algún informe adicional.

Y los 44 denegados los que no cumplían algún requisito –uno de los más importantes es que la construcción en rústico no puede estar a más de 200 metros de un suelo urbano, el doble que con la ley anterior– o que tenían informes desfavorables de otros organismos como la Confederación Hidrográfica.

También se tramitan más rápido los expedientes de otras actuaciones en suelo rústico distintas a las viviendas unifamiliares, que también pasan por la Crotu y que en su mayoría están promovidos por administraciones públicas. La obra de un camino, para construir un muro...

También algunas construcciones privada menores o de cambios de uso. En este caso, se han visto 333 solicitudes, se han aceptado 189 y se han denegado 107.