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En la última memoria judicial de la Fiscalía en Cantabria hay ya un par de frases llamativas. «La avalancha de albaneses en Cantabria (tras desmantelarse el asentamiento francés de Calais y recientemente el de Ciérvana, en Vizcaya) ha generado un serio problema para ... las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado». En el documento se advierte de que los agentes «se han visto desbordados a la hora de controlar a los migrantes». Los datos indican que el gran flujo de polizones se ha movido cien kilómetros. De Bilbao a Santander.
Basta con cruzar cifras. Según los números que maneja la Autoridad Portuaria, de los 102 intentos que se contabilizaron en 2015 se ha pasado a 2.360 «intrusiones» de inmigrantes ilegales el pasado año. Y en lo que va de enero van ya más de 300. En Bilbao llegaron a tener casi 7.500 intentonas en 2017. El diario El Correo publicó mediado el año pasado que los casos se habían reducido «una cuarta parte». Allí baja y aquí crece. Y a esta circunstancia hay que añadirle un dato que resulta fundamental en la decisión de Brittany Ferries. Por cada polizón que consigue pisar suelo en las islas y es localizado después de viajar en sus barcos deben pagar 3.000 euros. La cuenta al final de año les sale muy cara.
2.360 «intrusiones» se contabilizaron en el puerto de Santander en 2019 La cifra más alta.
7.479 intentos llegaron a contarse en Bilbao (2017) La cifra se ha reducido a una cuarta parte.
60.000 euros va a gastarse el puerto en completar la valla más alta con otros dos tramos.
3.000 euros debe pagar la naviera por cada polizón que suelo británico y se ha colado en su barco.
Es la naviera la que confirma a este periódico esa cantidad. Los 3.000 euros que le supone cada caso. Sin embargo, no hacen pública la cuantía total de la factura que les supone el problema de los polizones. Fuentes de Brittany Ferries aseguran que con esas sanciones se hace «un cómputo a final de año» y se limitan a decir que la cantidad alcanza «cifras elevadas». Sin ir más lejos, según pudo saber El Diario, esta última semana han engrosado la lista. «Seis», comentaron ayer a este medio algunas personas próximas a este asunto (aunque la información no es oficial y no está confirmada). Sirve, en todo caso, para hacerse una idea. Por 3.000, serían 18.000 euros de una tacada.
Por ahí va una buena parte de la decisión de trasladar de Santander la ruta irlandesa, «responde» -apunta Jaime González en esta línea- a la necesidad que la naviera tiene de reducir de forma drástica el número de incidencias que registran sus vehículos en Santander».
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Y no es que en Bilbao hayan desaparecido los intentos de los polizones albaneses. Sin ir más lejos, este martes localizaron a seis cuando trataban de colarse. Pero la tendencia es claramente a la baja. ¿Qué han hecho? La decisión fundamental fue la de construir un muro de hormigón de cuatro metros. Fue una medida drástica, pero allí todos coinciden en que fue efectiva y está en el origen de la reducción de intentos. Como aquí, con cada paso que daban las autoridades, los grupos organizados buscan nuevas fórmulas. Hubo una época en la que detectaron que los polizones trataban de alcanzar su objetivo a través de las alcantarillas cuando había marea baja (algo, por otro lado, muy peligroso). La solución fue sellar el subsuelo. Precintar los accesos.
A todo esto se han sumado medidas como el uso de detectores de anhídrido carbónico y, sobre todo, una fuerte presión policial. De hecho -y en la memoria de la Fiscalía de Cantabria se recoge-, otro de los aspectos fundamentales fue el desmantelamiento de los campamentos en los que vivían estas personas (como ya sucedió en Calais, Francia). «Ahora ya no existen», confirman desde el País Vasco.
Hay, en todo caso, una diferencia básica. El puerto de Bilbao está en las afueras, no en pleno centro de la ciudad, como aquí. Medidas como la del muro serían impensables en Santander (de hecho, la colocación de una valla más alta ya generó polémica). Y otra más. Mientras que la instalación vasca es «más cuadrangular» (y, por tanto, más fácil de vigilar), la cántabra es «longitudinal», lo que dificulta claramente el control.
Es jugar al gato y al ratón. Estos días sale a licitación una obra (por 60.000 euros) para colocar otros dos tramos de valla más alta en dos puntos concretos que han quedado más desprotegidos (junto a la zona franca y en la avenida Sotileza). Además, ante las dificultades para saltar han crecido los intentos de meterse en camiones y remolques fuera del propio puerto para ingresar escondidos (en diciembre localizaron a 21 de una tacada). O con ayuda y documentación falsa (hubo un detenido el 16 de enero). Si no es por un sitio, por otro. Hasta por el mar. Es el último recurso conocido. Colándose en los remolcadores o aprovechando los bajos del muelle con las mareas. Lo contaban desde la Policía Portuaria, un cuerpo que, por cierto, también reclama más medios y efectivos para combatir el problema.
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