Los ayuntamientos más pequeños tendrán un 11% más de dinero para contratar parados

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha explicado así, al presentar la orden de ayudas a corporaciones locales que aprobó ayer el Consejo de Gobierno, que los ayuntamientos de población inferior a 2.000 habitantes pasan de un importe global concedido en 2017 de 6,9 millones a 7,6 millones este año, un 11 % más.

De nuevo, los municipios de la cuenca del Besaya recibirán un 20% más de financiación por ser una zona con un nivel de paro más alto que la media y que merece atención prioritaria del Gobierno regional.

Sota ha detallado que de los 29,2 millones en subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades previstos en la orden para contratar a personas en paro que realicen obras y servicios de interés general y social, 13,4 millones serán para contratar a desempleados en general, 11,7 millones para parados de larga duración, y casi 4 millones para Garantía Juvenil.

La partida de 31 millones que aprobó en enero la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de 31 millones, no se ha agotado porque no ha habido el número suficiente de solicitudes.

Sota ha explicado que las entidades locales ya podrán presentar sus proyectos junto con la correspondiente oferta de empleo en las oficinas de empleo, que harán una preselección de candidatos que serán los que participen en la selección final que hacen los ayuntamientos y mancomunidades. Aunque si estas entidades lo piden así, todo el proceso de selección lo pueden hacer las oficinas de empleo.

Los proyectos y los contratos comenzarán a realizarse en mayo y tendrán una duración mínima de tres meses y máxima de seis, salvo los que consisten en la contratación de personas jóvenes que se benefician de la Garantía Juvenil, que deberán durar seis meses.

El Fondo Social Europeo financia el 50% en el caso de parados en general y desempleados de larga duración, y el 91,89% en los programas de Garantía Juvenil.

El consejero de Empleo ha asegurado que el objetivo del Gobierno con el programa de corporaciones locales es que se pueda contratar al máximo número de parados, ha negado que haya«fijación con nadie», y no ha querido opinar sobre la petición de dimisión de la concejal de Santander, Ana González Pescador, por la sanción impuesta a la capital por la Dirección de Trabajo que consideró que hubo cesión ilegal de trabajadores de este programa desde la empresa pública Santurbán. Se trata de una cuestión de ámbito municipal, ha insistido, en la que no le corresponde inmiscuirse. «No tengo mucho interés en meterme en ámbitos que no me corresponden», ha aseverado.

El titular de Empleo ha añadido que con Santander se está siguiendo el mismo procedimiento que con el resto de entidades solicitantes, y será en una segunda fase cuando el Consistorio tendrá que comunicar qué proyectos va a ejecutar y explicarlos. Ayer la concejala criticó las lagunas legales de este programa y reclamó una revisión del mismo para evitar situaciones como la que atraviesa ahora Santander. Un problema que se ha trasladado ahora al Ayuntamiento de Cabezón de la Sal, donde 32 trabajadores han denunciado al consistorio por una diferencia salarial de 95.000 euros porque no les aplicaron los convenioc colectivos de referencia.