Los ayuntamientos podrán acumular contratos con la misma empresa

Ahora, el Estado ha eliminado esos controles y vuelve a permitir que ayuntamientos y gobiernos autónomos puedan firmar más de un contrato al año con la misma empresa. La medida ha sido acogida con especial agrado por los ayuntamientos cántabros, donde la mayoría de las contrataciones de obras y suministros se resuelven por medio de contratos de esta naturaleza por cuestiones puramente operativas y donde el número de proveedores a los que recurrir es, ciertamente, más limitado.

Pablo Diestro, presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) y alcalde de Reocín, subraya que «el 95% de los contratos que firman los ayuntamientos de la región son menores», por lo que la modificación «va a ser muy beneficiosa para nosotros porque va a agilizar la tramitación y vamos a mejorar la eficiencia de los recursos». También el Gobierno regional ha aplaudido la iniciativa. El consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, señala que, ante la «rigidez» de la ley de Rajoy, el Ejecutivo cántabro había acudido a otras herramientas para solventar el problema, como son los acuerdos marco (licitación con publicidad y concurrencia) o contratos específicos para determinado tipo de actuaciones. Pero, aun así, considera «muy positiva» la reforma, porque aporta «flexibilidad y agilidad» a la contratación y «no tenemos que andar con tanta burocracia y gestión administrativa para cosas que son menores».

Gochicoa reconoce que antes de la entrada en vigor de la cláusula anticorrupción, en su Consejería «hubo más contratos menores que nunca», sobre todo en las obras municipales con los ayuntamientos, donde no se puede firmar un acuerdo marco, pero «siempre se hace petición de oferta y se adjudica a la empresa que presenta la propuesta más económica».

José María Mazón, que durante su etapa como consejero de Obras Públicas fue uno de los más beligerantes en contra la medida clave aprobada por Rajoy para evitar el fraccionamiento en los contratos menores, se felicita por la derogación de esta normativa. «La modificación legislativa de 2017 quería luchar contra la corrupción y por eso incluyó que no se podía firmar más de un contrato menor por empresa y año. Pero aquello generó un caos muy grande, porque incluso para los anticipos de caja fija (gastos muy pequeños de 50 o 500 euros por ejemplo) había que hacer un contrato menor». Si la Administración quería comprar un libro, por ejemplo, o cambiar un cristal tenía que poner en marcha la tramitación de un contrato menor «con mucha gente implicada, lo que era un despilfarro en cuanto a recursos humanos», remacha Gochicoa.

Por eso, en el ánimo de la actual reforma ha pesado sobre todo terminar con ese «caos administrativo» al que alude Mazón, generado por la aplicación práctica de esa limitación que ha puesto en un brete, sobre todo, a los ayuntamientos de pequeño tamaño. La aplicación estricta de esta restricción provocaba serios quebraderos de cabeza a los consistorios, según reconoce Diestro. «En ocasiones hemos tenido que encargar los trabajos a empresas que no conoces y sobre las que no teníamos garantías sobre su solvencia técnica, por lo que nos hemos llevado algún susto. A nivel municipal hemos adjudicado algunas direcciones de obra con las que no hemos quedado satisfechos», relata el representante de los municipios cántabros.

Cuenta como ejemplo que en Reocín había empresas que llevaban 20 años trabajando con las distintas corporaciones municipales y que, como consecuencia de la cláusula anticorrupción, no pudieron continuar, «obligando al ayuntamiento a contratar a otras empresas que no conoces o que ignoran todo del ámbito de actuación». Pero ¿no se recurre a menudo en exceso, hasta el abuso, a los contratos menores por parte de los ayuntamientos? «Cuando una empresa te resuelve bien la papeleta y te ofrece un buen servicio a un precio razonable acudes a ella. Y eso no es abuso, es una forma de gestionar de la manera más eficiente los recursos del ayuntamiento. Si la ley permite hacer contratos menores, eso es utilizar la ley en beneficio del ayuntamiento y una optimización de los recursos», sostiene Diestro. El presidente de la FMC no cree que, medidas como la de Rajoy, «eviten la corrupción. El que es corrupto y ladrón lo seguirá siendo con la ley que había y con esta».