La batalla de las concertinas en el Parlamento agranda la brecha entre el PSOE y el PRC

Es verdad que las diferencias de criterio sobre este asunto se arrastraban desde hace meses, pero también que el contexto es ahora, tras una semana de desencuentros que se iniciaron cuando la consejera de Economía avisó de que las consejerías regionalistas –y Sanidad– iban retrasadas en la tramitación de los proyectos y existía el riesgo de perder la financiación de los fondos europeos, el propicio para que ninguno de los dos protagonistas evitara el choque directo. No solo votaron de forma cruzada, sino que ni intentaron disimular la fractura abierta entre las partes. Y mientras los partidos de la oposición pudieron hacer poco más que de notarios de la realidad y subrayar que las dos proposiciones que se debatieron al respecto –una del PSOE y otra del PRC–, eran «totalmente diferentes y enfrentadas», como destacó la diputada de Cs Marta García: «La consejera de Economía tiene tantas ganas de dejar mal a su socio que se ha pasado de frenada y ahora esto solo puede entenderse como un intento de meterse el dedo en el ojo entre ustedes».

La iniciativa del PSOE de eliminar de forma inmediata las concertinas solo tuvo el apoyo de los diputados propios y a la del PRC, de no quitarlas hasta tener alternativas, solo se opusieron los socialistas. «No nos preocupa en absoluto quedarnos solos. Somos la única fuerza progresista de la cámara y no nos importa quedarnos solos en este papel. Pero si nos preocupa que en esta Cámara no se recoja el sentir mayoritario de las sociedad cántabra», defendió Noelia Cobo.

La socialista, después de escuchar las críticas de los cuatro grupos restantes del Parlamento, sacó la artillería pesada. Primero acusó a Vox de llevar a la Cámara «el manual del buen fascista»– no quiso retirarlo y así figurará en el Diario de Sesiones– y después manifestó su preocupación porque el resto de formaciones «asuman el discurso de la ultraderecha, estableciendo una insidiosa y venenosa relación entre inmigración y delitos». En ese segundo grupo incluyó a sus socios del PRC. «Les ruego que no traigan a este Parlamento discursos del odio ni les animen», insistió.

Brecha abierta que, si por sí solos no pudieran, intentó agrandar la oposición. Cs, Vox y PP. El portavoz popular, Íñigo Fernández, viendo el panorama, señaló el camino al bipartito. Y especialmente al PSOE: «¿Qué hace usted en un Gobierno que hace seguidismos del fascismo? Si tienen dignidad, presente la renuncia mañana. Dimitan, salgansé del Gobierno. Si fueran consecuentes con el discurso que han hecho aquí, tendrían que abandonar el Gobierno mañana».

El PSOE ya no tuvo un turno de intervención para responder a esa apelación directa. Sí pudo valorar la propuesta del PRC de no retirar las concertinas hasta que haya una alternativa. «Eliminar las concertinas no puede condicionarse», dijo recriminando a sus socios que condicionar la retira de las cuchillas a la llegada de más medios es tan rechazable como que un Estado en el que se permitan las torturas condicione el cese de esas torturas a que no haya delitos.

Lo decía porque, previamente, Pedro Hernando (PRC), desechando las acusaciones de falta de respeto a los derechos humanos, había dicho que «la primera y más básica defensa de los derechos humanos es el estado de derecho»y la lógica de que «quien inclumple la ilegalidad tendrá una sanción».

PSOE y PRC no se pusieron de acuerdo ni en los datos. Los primeros apuntaron a que antes de instalar las concertinas el éxito de los polizones en sus entradas era solo el 0,5% de todos los intentos y los segundos que solo la última semana se produjeron 50 intentonas de intrusión. Ambos son compatibles, pero cada uno eligió el que más le convenía.

Hernando también se desahogó contra los socialistas. En varias ocasiones. «Nadie de este Gobierno vulnera los derechos humanos y nadie de este Parlamento defiende que los derechos humanos no se respeten aunque su voto no sea igual que el del PSOE». Y más cosas. Como también hizo Cs y PP, recordó que la Autoridad Portuaria depende del Ministerio de Transportes, y que también es competencia estatal la política de migraciones. «No criminalicemos al flujo migratorio, pero no le echen la culpa al Gobierno de Cantabria ni al Ayuntamiento de Santander». Un paso más fue el popular Íñigo Fernández, que recordó que la falta de seguridad se traduce en riesgo para los empleos y la actividad del Puerto –recordó la pérdida de la línea a Irlanda por los polizones–, resumió la actitud del PSOE de «absoluta irresponsabilidad»y destacó su «tenacidad en los mismos argumentos infantiles».