El bipartito aumenta un 16% el gasto social desde 2015 a costa de congelar la inversión

Los Presupuestos de la región para 2020, que acaba de presentar la consejera de Economía y Hacienda, María Sánchez, incluyen 162,1 millones de euros para infraestructuras, la mayoría dentro de Obras Públicas, pero también en otros departamentos. Es prácticamente la misma cuantía que recogían las cuentas de 2015 (160,8), las últimas que elaboró el Gobierno de Ignacio Diego (Partido Popular). Aunque aparezca en el documento no quiere decir necesariamente que ese dinero se ejecuta en su totalidad, también es menos que lo que se destinó a inversiones reales durante 2018 y 2019, con el socialista Juan José Sota como encargado de elaborar los Presupuestos. Concretamente, para el próximo año, la caída de esta partida asciende al 9%.

Cuando Sota presentó el borrador de 2016 afirmaba que, «en un contexto difícil y complicado», el nuevo Gobierno había decidido priorizar el gasto social en detrimento de reducir las inversiones en nuevas infraestructuras. Ahora, su sucesora, que formó parte del anterior equipo de Economía y Hacienda, recupera ese argumento y dice que ese descenso no será un impedimento para cumplir uno de los objetivos del Ejecutivo, impulsar «el cambio de modelo productivo para crecer más y mejor», y que la reducción de ese capítulo se hace para cumplir con la apuesta «estratégica» de mejorar por los servicios públicos.

«Los Presupuestos apuestan por mejorar la vida de las personas. Blindan los servicios esenciales como son la universidad, sanidad, educación y dependencia, y garantizan la igualdad de oportunidades entre los cántabros, independientemente del lugar donde residan», apunta la consejera. Los datos confirman que durante el próximo ejercicio se alcanzará el récord de aportaciones a las áreas sociales, que alcanzarán los 1.897, 5 millones. Representan casi siete de cada diez euros de las cuentas. Aquí se incluyen, además de asuntos como la educación, sanidad y dependencia, todo lo que tiene que ver con los servicios sociales y la promoción social, el fomento del empleo, el acceso a la vivienda y la cultura. Desde 2015, estas materias han crecido un 16,5% (270 millones de euros). En dinero, son 87 millones más en Educación y 134 en Sanidad...

«En vez de remar contra la corriente de una nueva crisis económica, el Presupuesto de PRC-PSOE rema a favor para que naufraguemos antes», critica la secretaria general del Partido Popular en Cantabria, María José González Revuelta, ante el «drástico recorte de la inversión». A esa tesis también se suman desde Ciudadanos: «Este Gobierno dice que apuesta por cambiar el modelo productivo de la región, pero al tiempo reduce las inversiones reales y productivas en casi un 10%, con una inversión de tan sólo 162 millones de euros», lamenta el líder de la formación en Cantabria, Félix Álvarez.

A pesar de que el Presupuesto es la plasmación cifrada de las intenciones políticas y reflejan las apuestas para el próximo año, lo cierto es que el margen de maniobra que han tenido los diferentes gobiernos no es excesivamente amplio. Varía el montante total en función del contexto económico y se pueden mover algunos millones de unas materias a otras, pero los gastos fijos -los corrientes para el funcionamiento normal de los servicios o el de las nóminas públicas- representan una parte tan importante de la suma que, en los grandes números, las diferencias entre las cuentas de 2015 (PP) y las de 2020 (PRC-PSOE) no son muy grandes, por lo menos en el reparto porcentual de ese gasto.

Por ejemplo, en Sanidad. El porcentaje que se ha llevado esta consejería ha estado entre el 30,7% y el 32,7% del total; el máximo fue en 2016 y el mínimo en 2018, en ambos casos con el bipartito en el poder. Como se refleja en el gráfico superior, algo similar ocurre en Educación o con las inversiones reales en obras e infraestructuras. Ni siquiera hay grandes picos o valles en lo relativo a nóminas del personal público, que el próximo año crecerá sustancialmente debido al aumento de algunas plantillas y, sobre todo, a los acuerdos de revisión salarial a los que se ha llegado durante el presente año con los sindicatos. También la partida de amortización de la deuda, que en 2020 se puede reducir como consecuencia de la lenta corrección de los pasivos de todos los cántabros, deja de rondar el 15% del total, como ha sido costumbre en la última década.

Durante toda la pasada legislatura, el reparto del dinero estaba claramente escorado hacia la parte socialista del Gobierno. De hecho, en algunos momentos la parte del pastel que le correspondía a las consejerías del PRC no alcanzó el 16% del total, mientras que las áreas socialistas se llevaron el porcentaje restante tras quitar el dinero destinado a pagar la deuda. Ahora, el desequilibrio no es tan grande. De cada 100 euros, 34 lo administran los regionalistas y 50 los socialistas. Esto se debe al nuevo reparto de departamentos acordado en el marco del pacto de Gobierno firmado por Miguel Ángel Revilla y Pablo Zuloaga. En julio, el PRC asumió la Consejería de Educación, la segunda con más peso específico. En cambio, el PSOE mantiene dos de los apartados que requieren más aporte económico, como el Servicio Cántabro de Salud, el Servicio Cántabro de Empleo o el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass).

Según el calendario elaborado por la Junta de Portavoces y la Mesa del Parlamento de Cantabria del pasado viernes, el debate y votación de las cuentas para el próximo año tendrá lugar el 19 de diciembre. Hasta mañana, los diputados tienen plazo para solicitar las comparecencias ante la Comisión de Economía y Hacienda de los miembros del Gobierno para que expliquen el borrador y, de considerarlo necesario, también de autoridades y funcionarios.

Posteriormente, el 23 de este mes al mediodía finalizará el plazo para presentar enmiendas a la totalidad, un paso que, a tenor de las críticas al documento, podrían hacerlo todos los grupos de la oposición. Lo que ocurre es que no tendrán una consecuencia práctica por la mayoría absoluta que tienen en la Cámara autonómica los partidos que sustentan al Ejecutivo PRC-PSOE, que previsiblemente las tumbarán en el pleno del último martes de este mes.

A partir de ahí, como cada ejercicio, se inicia el plazo de presentación de enmiendas parciales. Estas se estudiarán en la Comisión de Economía y Hacienda después del puente de la Constitución, los días 11, 12 y 13 de diciembre. Se votarán todas en el pleno que dará el visto bueno definitivo a los Presupuestos para 2020.