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Tras dos semanas en las que la oposición al completo ha arremetido contra el proyecto de Ley de Simplificación que promueve el Gobierno regional por considerar que no profundiza en el objetivo de facilitar la relación de ciudadanos y empresas con la administración y, sobre ... todo, por abrir la puerta a la creación de viviendas libres –no solo casas unifamiliares, también promociones– en suelo rústico a través del PSIR, la presidenta Buruaga defendió ayer por primera vez esta iniciativa. No solo rechazó las acusaciones de PRC, PSOE y Vox, que hablan del intento de colar «por la puerta de atrás» esta modificación de la Ley de Suelo a través de una norma «ómnibus» que retoca una veintena de leyes, algo que a juicio de estos partidos nada tienen que ver con la simplificación, también defendió los beneficios de esta fórmula. Según aseguró la líder popular, servirá para que las empresas privadas puedan colaborar con la administración regional a la hora de financiar la construcción de colegios, «institutos u hospitales» públicos.
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¿Cómo? La jefa del Ejecutivo recordó que el artículo de la polémica deja claro que estas viviendas libres en suelo rústico tendrán que estar asociadas siempre a un «gran equipamiento» público. Infraestructuras que se construirían no a cargo de los impuestos de los ciudadanos, sino que el esfuerzo económico lo asumiría la empresa que, en paralelo, vaya a comercializar las viviendas libres. En cualquier caso, en los terrenos de un PSIR, obligatoriamente, el 30% de los inmuebles deben ser de protección. De ahí que Buruaga defendiera que esta modificación de la Ley del Suelo tendrá un triple beneficio: la construcción de vivienda libre en un momento de gran demanda, la construcción de vivienda protegida y la creación de equipamientos.
«Nuestro único compromiso es con Cantabria y con los miles de cántabros que demandan una vivienda digna a precios asequibles. Cántabros que nos eligieron tras ocho años de parálisis para resolver sus problemas, no para que todo siga igual. No vamos a construir urbanizaciones de lujo en suelo rústico. Vamos a impulsar y defender el interés público regional», aseguró Buruaga en respuesta a una pregunta del regionalista Pedro Hernando, al que acusó de realizar un «ejercicio escandaloso de demagogia» y de «interpretar de forma torticera los cambios» que llegarán si se aprueba la Ley de Simplificación tal y como entró en la Cámara.
María José Sáenz de Buruaga
Presidenta de Cantabria
Minutos antes, el portavoz regionalista había insistido en las acusaciones de «oscurantismo» por introducir este artículo en una segunda revisión del borrador y sin anunciarlo a la ciudadanía y en la existencia de intereses «especulativos». «Van a regalar el suelo rústico para segunda vivienda y para especular. Van a expropiar prao en rústico en el que los dueños no pueden construir para dárselo a especuladores», insistió Hernando en su segundo turno. En el PRC están convencidos de que este plan no soluciona el problema habitacional, recuerdan que ahora ya es posible crear viviendas en rústico dentro de un PSIR siempre que sean 100% protegida y avanzan que ni los jóvenes ni las clases medias podrán optar a las futuras viviendas libres por su elevado precio.
«¿Especular? No. Se trata de abrir la puerta a la colaboración público-privada», dijo en su réplica Buruaga, que subrayó de que la mejor garantía de que esta modificación no afectará al territorio es la rigurosidad del proceso de redacción de un PSIR, que establece controles y exige que exista un interés público regional.
A la espera de que el pleno del 10 de febrero debata la enmienda a la totalidad del PSOE a la Ley de Simplificación –el PRC y Vox ven lagunas en la norma, pero no la tumbarán para no dilatar más su aprobación, solo intentarán sacar de ella todos los asuntos que no tengan que ver con la simplificación–, Buruaga respondió ayer otra pregunta sobre el proyecto. La que hizo la diputada Leticia Díaz (Vox), que recriminó al Gobierno no haber avanzado en el proceso de simplificación en aquellos ámbitos en los que podía hacerlo sin esperar a aprobar la norma, como los 14 decretos que se modificarán con la ley. Buruaga negó la mayor y puso ejemplos de avances concretos: la eliminación de la cita previa obligatoria, de la cédula de habitabilidad o la renovación automática del carné de familia numerosa, entre otros.
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