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No le puede extrañar a ningún cántabro porque María José Sáenz de Buruaga lo anunció sin descanso durante la campaña electoral y todos los presidentes autonómicos del PP han hecho o harán lo mismo en aquellos territorios en los que gobiernan tras las elecciones del ... pasado 28 de mayo. Se aproxima una reforma fiscal que ya está en el horno del consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, y que se concretará con números y porcentajes la semana que viene. Las familias y empresas de la región tendrán que esperar aún unos días para saber cómo afectará a sus bolsillos y también cómo afecta a los ingresos de las arcas públicas «la mayor bajada de impuestos de la historia de la autonomía», pero ayer la presidenta hizo un avance y señaló que esta «revolución fiscal» tocará el tramo autonómico del IRPF, Patrimonio y Sucesiones y Donaciones, además del impuesto de Transmisiones Patrimoniales que se paga, por ejemplo, cuando se compra una vivienda. Esto implica modificar a partir del 1 de enero el grueso de aquellas figuras impositivas en las que Cantabria tiene margen de decisión.
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Con esta anuncio en diferido, Buruaga trató de esquivar una de las dos preguntas que la oposición hizo a la jefa del Gobierno durante el primer pleno de la legislatura en el Parlamento autonómico. Concretamente, la que le formuló el portavoz del PRC, Pedro Hernando. Los regionalistas pidieron a la presidenta que explicara qué han hecho sus consejeros en los dos meses y medio que llevan en el Gobierno para apoyar la economía real. La de la cesta de la compra. La que ha hecho que en estos 75 días el coste de hacer «una tortilla» de patata haya crecido «un 55%» por la inflación de productos básicos como patatas, huevos, aceite y cebolla. «No han hecho nada», recriminó Hernando, que lamentó que, en cambio, el PP sí ha tenido tiempo para convocar el concurso para elegir a doce directores de empresas públicas bajo criterios sospechosos.
«Le doy la bienvenida a la realidad de la calle. Por fin han abierto los ojos y se han dado cuenta de que los cántabros tienen problemas, de que Cantabria no es la Arcadia feliz que describían», ironizó Buruaga, que aseguró que sus consejeros están ahora en la fase de análisis de los problemas antes de poner las soluciones, aunque también han podido desbloquear ayudas o programas que estaban desbloqueados de la legislatura anterior como el bono joven. «Quienes pasaron tanto tiempo sin hacer nada no pretendan que el Gobierno arregle esto en 100 días», insistió Buruaga.
Pero el problema no es solo de tiempos, también puede tener que ver con el fondo. Porque los populares están en minoría y necesitarán apoyos para aprobar cualquier iniciativa. El PSOE ya ha dicho que se opondrá a una reforma fiscal que reduzca los ingresos y que, por tanto, entienden que afectará a los servicios públicos. Solo la supresión de Patrimonio, que pagan el 0,5% de los cántabros más 'ricos', supondrá dejar de ingresar 20 millones al año.
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El PRC sí está a favor de eliminar Patrimonio porque cree que supone un caso claro de doble imposición –pagar dos veces por lo mismo–, aunque también ve riesgos. Por ejemplo, el de que la pérdida de ingresos suponga volver a la etapa de los recortes en áreas sensibles como Sanidad. Y considera –lo dijo la diputada Paula Fernández– que «la competencia tributaria a la baja es una auténtica competencia desleal» por parte de aquellos territorios más ricos como Madrid, comunidad a la que acusó de practicar un «mercadeo de saldo» en esta materia. En Vox sí son partidarios de esas bajadas de impuestos, pero ayer se vio que la relación con el PP no empieza bien y que su objetivo esta legislatura será intentar desmontar, con una oposición contundente, el pacto oculto que creen que existe entre populares y regionalistas y que se basaría en que los segundos apoyen a los primeros para evitar que salgan a la luz las vergüenzas de la época de Revilla.
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