Buruaga mantendrá los proyectos en marcha, pero hará una revolución legal

Mucho frente abierto se va a encontrar el consejero que asuma la cartera de Sanidad. De entrada, combatir el descontento generado entre el colectivo médico por distintas decisiones adoptadas por el equipo de Raúl Pesquera. Entre ellas, la imposición del cambio de agendas de Atención Primaria, que «limita la capacidad de los facultativos de citar a sus propios pacientes». Otro asunto por resolver será el conflicto con los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que estalló en la recta final de la legislatura ante los problemas de cobertura por la falta de sustitutos –el detonante fue la posibilidad de ver denegados sus permisos durante el verano– y que ha quedado en suspenso a la espera de nuevos interlocutores.

Pero no sólo en los centros de salud están los ánimos caldeados. En los hospitales hay que recordar que se cancelaron en primavera las intervenciones quirúrgicas por las tardes –tras un parón de mes y medio, sólo se retomó la actividad extraordinaria de Radiología y la de Oftalmología de Sierrallana– al no llegar a un acuerdo sobre las cuantías por esas horas extra. La imposibilidad de entendimiento impidió sacar adelante esa pata del plan de choque contra las listas de espera, que alcanzan los peores registros de la serie histórica, llegando al récord de 15.322 pacientes en cola y casi cuatro meses de demora media al cierre de 2022. Y especialmente «preocupantes» son los datos del área de Laredo, donde sus propios profesionales han denunciado que «las listas de espera son intolerables» y que «el hospital está abocado al cierre si Sanidad no busca la manera de completar una plantilla que siempre está en cuadro». Por eso, les dio casi la risa con la promesa electoral del PP de abrir un nuevo hospital en Castro Urdiales. «¿De dónde van a sacar a los médicos?», cuestionaban.

Y en lo relativo a las consultas con los especialistas la situación no pinta mejor: hace un mes 60.000 personas esperaban su turno para una primera visita, el doble que dos años antes. Cifras que sitúan a Cantabria como la comunidad con mayor atasco. Todo ello mientras el contrato de concertación, a través del cual se derivan intervenciones a la privada para aliviar el embudo quirúrgico y que tradicionalmente recae en Santa Clotilde, sigue sin licitarse de nuevo tras los problemas en los pliegos. Y pendiente sigue también la adjudicación del transporte sanitario a un coste que dobla el actual, pese a ser para la mitad de tiempo (dos años): casi 47 millones es el precio de licitación. Y ahí, a tenor de la reacción del PP cuando Pesquera defendía la internalización del servicio –la propia Buruaga dijo que combatiría «con uñas y dientes» esa idea–, parece claro el cambio de escenario. Cara también va a salir la Unidad de Protonterapia de Valdecilla, toda vez que Cantabria es la única comunidad que se financia la máquina (ya adjudicada por 22,4 millones) –al resto de autonomías llega vía donación de Amancio Ortega– y la obra, pero el proyecto es visto con buenos ojos por el PP, que ahora será quien tenga la posibilidad de celebrar desde el Gobierno que Valdecilla se convierta en el primer hospital público de España en tratar a los pacientes oncológicos con la terapia. Y, paradojas de la política, el equipo de Buruaga volverá a tener en sus manos el futuro de la Residencia Cantabria. Cuando fue en la última legislatura del PP, siendo ella consejera de Sanidad, cuando se decidió el cierre y traslado de toda su actividad al nuevo Valdecilla, cuya inauguración se perdió en 2015 por el cambio de Gobierno.

En el ámbito industrial, el Ejecutivo de Sáenz de Buruaga deberá sumarse al plan que Copsesa y RIC Energy tienen para los terrenos de Sniace con el objetivo de levantar una fábrica de hidrógeno verde. Por supuesto, el desarrollo del polígono de La Pasiega, que los populares ya han avanzado que continuarán. Como 'patatas calientes', el futuro de la fábrica de Sidenor en Reinosa, pendiente de concretar inversiones aún por anunciar públicamente, así como algún otro problema en empresas de renombre que pueda surgir en los próximos meses una vez pasado el furor electoral.

El PP también deberá decidir qué hacer con la ampliación del Pctcan, un proyecto a priori necesario, especialmente visto el crecimiento y dinamismo del sector tecnológico en la comunidad. Tal es así que los populares pretenden impulsar la creación de un 'Hub Digital' que ayude a articular todo este aumento de actividad y empleo. Y en este ámbito secundario, en concreto para su revitalización, el PP tiene diseñado un 'Plan de Choque' con actuaciones prioritarias en el Besaya y en Campoo. El proyecto incluye también atención a la industria de la automoción y a los nuevos nichos de actividad que se puedan potenciar en áreas como la forestal o la agrónoma. Y luego está el impulso al desarrollo eólico –en esta última etapa se han dado licencias, pero no se han comenzado obras como la de El Escudo– y a otros proyectos energéticos privados como el de Repsol en Alsa, que se suponía que iba a estar ya en marcha en la legislatura que acaba de concluir.

'Economía, buen gobierno y servicio a las personas'. En esas intenciones generales del Programa Electoral del Partido Popular se encuentra buena parte de la hoja de ruta para las cuentas públicas y la industria de la comunidad. En unas iniciativas que convergen en buena medida con las reclamadas por la patronal empresarial CEOE, el futuro Gobierno aboga por una reforma fiscal que libere la carga impositiva a familias y especialmente a emprendedores, a los que ve como una palanca para poder ir creando empleo de forma progresiva. La hoja de ruta de los futuros gestores incluye numerosas deducciones en el IRPF, directamente para rentas a partir de 60.000 euros, así como por multitud de circunstancias familiares. Más dinero en el bolsillo de los cántabros.

En un contexto de aperturas económicas, hay cosas útiles de carácter gratuito. La más importante, y que ya han reclamado los empresarios, una Ley que agilice de forma efectiva los trámites y expedientes administrativos, una rémora para la región que ahuyenta y pone en peligro numerosas inversiones.

Sáenz de Buruaga afirmó cuando se aprobó la Ley del Suelo que nacía muerta por la falta de consenso. Ahora, tiene la oportunidad de desarrollar su modelo, mucho más liberalizador. Y lo que dijo el bipartito hace cuatro años fue que esta legislatura estaría aprobado un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) para ordenar los usos del suelo –en asuntos como los eólicos, por ejemplo–, pero no cumplió su palabra. Así que ahora el PP se compromete a tomar el testigo. Sí dejó prácticamente para empujar el exconsejero José Luis Gochicoa el Plan de Carreteras 2023-2030. Los populares han sido muy críticos con la baja ejecución del plan que caducó en 2022. Ahora, deberán analizar el nuevo documento y ver si les gusta. Incorporarán, seguro, la nueva carretera entre Liébana y Reinosa que prometieron en campaña. De lo que no han hablado es del famoso puente entre Requejada y Suances, un proyecto que el PRC volvió a desempolvar hace un año y sobre el que el nuevo titular de la Consejería deberá pronunciarse. Consejería que tendrá que colaborar con la Justicia para el esclarecimiento del 'caso Carreteras'. La duda es hasta dónde llegará el análisis interno –ya sea con auditorías o con otro mecanismo– que se ha comprometido a hacer el PP, un asunto que parece que estará en la mesa de negociación entre Revilla y Buruaga para que los regionalistas se abstengan en la votación de investidura.

Marcano deja cerrada la mitad de la programación de un Año Jubilar Lebaniego que ha comenzado más tímido de lo previsto, pero será el próximo consejero de Turismo el encargado de completar la agenda de actividades entre octubre de 2023 y abril de 2024. Lo que parece seguro es que este será un buen año para el Seve Ballesteros, ya que con los números actuales el récord de viajeros entre enero y diciembre está al alcance de la mano, aunque sigue habiendo problemas con algunas rutas relevantes. La remodelación del pirulí del Monumento al Indiano ya está encargada, así que previsiblemente seguirá adelante con el nuevo Gobierno, pero hay que ver si frena o no la idea de Revilla de ampliar Cabárceno con un entramado de rutas y oferta cultural en Peña Cabarga.

Poco se ha hablado de educación en la campaña electoral a pesar de que en las políticas educativas suelen reflejarse con nitidez las convicciones de cada partido. Hay asuntos que precisan continuidad como el desarrollo de la Lomloe –a partir de septiembre se implantará en los cursos pares– o de la FP, que en la región ha crecido en grados y en matriculaciones en los últimos años. A juzgar por su programa, Sáenz de Buruaga parece estar por la labor en ambos casos. En cuanto a la nueva ley educativa, el PP indica que el cambio «debe abordarse con sensatez» y sin que el trabajo recaiga solo en los docentes –la rebaja de la carga burocrática que soporta el profesorado, así como el «reconocimiento de la profesión» son, de hecho, dos puntos muy repetidos en el programa–. En cuanto a la FP, los populares, que ven con buenos ojos la nueva ley aprobada en el Congreso, proponen un IV Plan Regional 2023-26 o el impulso de la FP dual. También se compromete el equipo de Buruaga a seguir rebajando las ratios. Con Marina Lombó (PRC), el compromiso de 20 alumnos por aula ha llegado hasta Primaria. ¿Qué propone el PP? Lo mismo en esa etapa, así como «ratios reales» de 25 en ESO o Bachillerato.

Sobre el calendario escolar, el PP no se moja demasiado y no dice si quiere mantener el modelo bimestral o volver al sistema clásico. Solo indica que es un asunto que debe contribuir «a la mejora de la conciliación familiar», y con este mismo objetivo proponen además la «apertura de los centros a la comunidad», es decir, plantean que se potencien las actividades en colegios e institutos en «periodos no lectivos». Las medidas educativas del PP son amplias: plurilingüismo, apoyo a la escuela rural, seguir con la ampliación de las aulas de 0 a 3 años o reforzar los equipos de orientación.

A lo largo de la legislatura apenas ha habido acto en el que no haya aparecido el nombre del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria. El Mupac ha sido un mantra en las intervenciones de Pablo Zuloaga y, por extensión, de la parte socialista del Ejecutivo. Bandera visible de la gestión cultural. Ahora, y con doble cambio de color en los gobiernos autonómico y municipal, habrá que esperar para ver si el desarrollo del proyecto sigue su curso. Lo mismo que el centro de artes proyectado en La Lechera o la continuación de la rehabilitación del antiguo teatro de Isla Pedrosa, además de intangibles como la Ley de Memoria Histórica o los ciclos enmarcados bajo la denominación de la Cultura Contraataca.

No es que no haya ha habido críticas del PP durante sus ocho años en la oposición a la política del bipartito en el ámbito de las políticas sociales, pero no tanto por el modelo de asistencia que ha planteado el PSOE (es quien ha gestionado el área dentro del reparto de competencias del Gobierno) como por la gestión. Los populares han lamentado los problemas de eficiencia, el colapso administrativo o la excesiva burocracia más que los programas concretos. Donde sí prometen un cambio radical es en Vivienda, que entre 2019 y 2023 ha estado dentro de esta misma consejería. Sáenz de Buruaga romperá el borrador de Ley de Vivienda elaborado por Eugenia Gómez de Diego –con la redacción actual el PP entiende que se abre la puerta a que la Administración pueda declarar el alquiler forzoso y la expropiación– y elaborará un nuevo texto que garantice el derecho a la propiedad, luche contra los okupas y además garantice el acceso a la vivienda. También tiene que decidir el PP si mantiene el Moviva (el Plan para que quien quiera ceda durante 7 años su vivienda vacía al Ejecutivo a cambio de que este le garantice el cobro del alquiler) y deberá dar salida a la ingente cantidad de dinero procedente de los fondos europeos para la rehabilitación de edificios.

Aunque el consejero en funciones, Guillermo Blanco, y el PP no tienen grandes diferencias en su postura sobre el lobo, Sáenz de Buruaga sí ha sido muy crítica con Revilla por no utilizar su relación privilegiada con Pedro Sánchez para lograr que este animal saliera del catálogo de especies protegidas. El próximo Gobierno, en este tema, podrá seguir reclamando con mayor o menor energía a Madrid para lograr el objetivo, pero las competencias son estatales. Donde sí hay más margen de maniobra es en las ayudas al sector, que los populares prometen incrementar. Ayudas directas en forma de transferencia de dinero, pero también apoyo a la profesionalización e incorporación de nuevos ganaderos y pescadores. En su programa electoral se habla de una ley de caza y de una mayor regulación de los aprovechamientos forestales. Menos concreto es el PP en cuanto a las políticas ambientales –tampoco el PRC destacó por hacer una revolución en este campo– más allá de apostar por la recuperación de espacios degradados y por acciones encaminadas hacia la economía circular, desde mejoras en las redes de saneamiento y abastecimiento hasta programas de reciclaje más eficientes.