Buruaga pide a Sánchez una reunión para abordar las inversiones pendientes por valor de 6.900 millones

«Es amplia», reconocía Buruaga sobre su agenda de reivindicaciones. Y lo justificaba por el abandono que, a su juicio, arrastra Cantabria debido a las decisiones del Gobierno central. Un abandono que teme que se pueda acentuar en una legislatura en la que Sánchez «va a tener que pagar una durísima factura» a sus socios. Y aunque la presidenta huye de cualquier cosa que se parezca al 'papeluco' que firmaron PSOE y PRC a nivel nacional para impulsar actuaciones porque «fue un fiasco», lo cierto es que en el documento del Ejecutivo popular también tienen un peso específico muy elevado las obras. La alta velocidad, el Plan de Cercanías, la concreción del tren rápido a Bilbao, el inicio de las obras del tercer carril de la A-67, la definición de los trabajos análogos en la A-8, meter dinero en la A-73, el impulso a la reforma del Desfiladero y sacar del cajón los proyectos de Lanestosa, Los Tornos y la variante de Potes, básicamente. Todo ello depende del Estado, pero Cantabria también quiere apoyo -en este caso no con obras, sino con dinero- para sacar adelante el Mupac, La Pasiega y la sede asociada del Reina Sofía, además de facilidades administrativas para el futuro Parque Científico de la Salud en el edificio de la Residencia.

«Los cántabros no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. No permitiré que se nos arrincone, que se nos releve. Cantabria no pagará los platos rotos de la investidura de Sánchez», afirmó Buruaga. Un razonamiento que quiere que se aplique también a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. Buruaga reclama que los nuevos criterios se negocien de forma multilateral, no que sean fruto de un acuerdo entre España y Cataluña a través de «pactos secretos». Y que se atienda al coste efectivo de los servicios y el peso poblacional de cada territorio.

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En la lista reivindicativa, que el Gobierno llevará al Parlamento en busca del respaldo de todos los grupos, también aparece sacar al lobo del Lespre, soluciones a los afectados de la Ley de Costas, incentivos para la industria (especialmente la electrointensiva) e impulso al autogobierno con la cesión de la gestión de los ríos para poder poner fin a la falta de limpieza y poder realizar trabajos de prevención frente a las riadas.

Al contrario que otras comunidades gobernadas por el PP, como Andalucía, Buruaga no se plantea seguir los pasos de Cataluña y reclamar al Estado las competencias en materia de Cercanías. «Sería un error de bulto», afirmó ayer la presidenta, que considera que sin una puesta a punto del servicio después de los años de abandono sería «una enorme irresponsabilidad». «Lo tengo muy claro», insistió la jefa del Ejecutivo, que de esta forma rechaza la invitación que hizo la semana pasada el ministro de Transportes, Óscar Puente, a todos los territorios. Para que Cantabria se plantee esta opción, Buruaga pide antes que el Estado corrija el «estado ruinoso de la red y el déficit histórico de inversiones».