Buruaga presenta la Ley de Simplificación para «combatir la atrofia administrativa»

«Hablamos de un cambio de paradigma en el funcionamiento de nuestra Administración», apuntó la presidenta, quien insistió en la necesidad de hacer más fluida la relación con el ciudadano, creando a la vez «un entorno facilitador». Se trata, como ella misma lo definió, de «un plan reformista y valiente, una ley tractora, de las más avanzadas del Estado, y un salto adelante para combatir la hiperregulación y la atrofia administrativa».

Buruaga subrayó que la elaboración de la nueva ley ha exigido meses de trabajo, un tiempo durante el que se han analizado 1.581 procedimientos administrativos, para llegar a la conclusión de que casi una tercera parte de ellos «son susceptibles de mejora». «Si me permiten el símil sanitario, le hemos hecho un TAC a la Administración, la hemos analizado capa a capa para localizar las disfunciones y problemas, hacer un diagnóstico riguroso y poner tratamiento eficaz».

El borrador modifica 41 normas (21 leyes, 16 decretos y cuatro órdenes) e impulsa un total de 160 mejoras en procedimientos, para «quitar grasa burocrática a nuestra Administración», tanto regional como local, y al sector público empresarial.

La Ley de Simplificación Administrativa se articula en torno a dos grandes bloques, el primero de los cuales introduce medidas para «agilizar los procedimientos y facilitar una gestión más eficiente de los recursos». Contempla, entre otros aspectos, el deber general de las Administraciones de promover la simplificación en sus respectivos ámbitos competenciales; la implantación con carácter general del silencio administrativo positivo; la utilización con carácter general de la comunicación y la declaración responsables en sustitución de las licencias y autorizaciones; la gestión coordinada de procedimientos y la simultaneidad de trámites y emisión de informes, además de la conservación de trámites administrativos previos.

Se añade, igualmente, la posibilidad de poder continuar con la tramitación del procedimiento administrativo en el caso de que un órgano no haya emitido en el plazo exigible un informe que sea preceptivo, pero no vinculante. También, en este ámbito de racionalización burocrática, se introduce la prohibición de exigir al interesado la presentación de documentos que no sean necesarios o que ya obren en poder de la Administración.

La jefa del Ejecutivo cántabro calificó de «auténtica revolución» la preponderancia de la declaración y la comunicación para el acceso o ejercicio de una actividad, sin tener que esperar a una licencia o autorización. «Una reducción de trámites y tiempos espectacular para el titular de la actividad, que deberá disponer de manera previa de los requisitos necesarios para el inicio, incluida la tasa municipal de actividad».

Para dar mayor garantía a estos trámites, la ley introduce la figura de las entidades colaboradoras de certificación, como colegios profesionales o personas jurídicas, que, previamente acreditadas por la Administración, verificarán la documentación que los interesados deban presentar.

Según señaló la presidenta, la ley también «consagra el principio de unidad de mercado». «Desde el momento que un operador económico esté legalmente establecido en territorio nacional, podrá ejercer su actividad económica en nuestra región sin sujetarse a requisitos previos previstos en la normativa autonómica. Otra barrera derribada para hacer de Cantabria una tierra abierta, próxima y atractiva a la actividad económica y dispuesta al desarrollo y progreso de manera ágil y eficaz».

Destaca, en este capítulo económico de la ley, la creación de un marco de tramitación preferente exclusivo para proyectos empresariales de carácter estratégico. Se considerarán como tales aquellos que cumplan al menos dos de estas tres condiciones: que supongan una inversión de más de cincuenta millones de euros, que creen más de cien empleos directos e indefinidos y que se encuadren en sectores estratégicos para la Comunidad Autónoma o la Unión Europea.

Al declararse su interés estratégico, estos proyectos se beneficiarán de la reducción, a la mitad, de los plazos en los procedimientos para obtener las autorizaciones necesarias para su ejecución; tendrán preferencia para acceder a incentivos a la inversión y a líneas de financiación y avales, junto a la posibilidad de que se articulen subvenciones en régimen de concesión directa. Supondrá, por otra parte, la declaración de utilidad pública o interés social del proyecto e infraestructuras asociadas a efectos expropiatorios, una consideración compatible con la declaración de interés regional en lo que concierne a la legislación de ordenación del territorio en el caso de ser necesario un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

Buruaga adelantó su intención de crear, mediante decreto de presidente del Gobierno, una unidad aceleradora, contemplada en la ley, que se encargará de impulsar estos proyectos, coordinando la gestión de actuaciones y haciendo más rápida su ejecución. La planta de hidrógeno verde en Torrelavega y el Parque Científico y Tecnológico de la Salud en los terrenos de la Residencia Cantabria serían, según la presidenta, dos proyectos que encajarían en la consideración de estratégicos.

El segundo bloque de la ley introduce modificaciones concretas de 41 normas del ordenamiento jurídico de Cantabria y un total de 159 mejoras en procedimientos relacionados con gran variedad de materias, como subvenciones, transparencia, patrimonio, fundaciones y asociaciones, seguridad ciudadana y espectáculos públicos, liberalización del comercio, salud, etc. En definitiva, se modifican leyes (21), decretos (16) y órdenes (4) en vigor a requerimiento de la propia Ley de Simplificación.

Completan este cuerpo legal la transformación digital –«poniendo no sólo la Administración electrónica, sino también la inteligencia artificial al servicio de la simplificación y agilización de trámites–, y el régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la nueva ley.

El itinerario de la nueva ley ha comenzado con la apertura del proceso de información pública, que se prolongará hasta el 17 de septiembre, un periodo que la presidenta ha instado a aprovechar, especialmente a empresarios, colectivos profesionales y sociales, la Universidad y los ayuntamientos, para que presenten aportaciones que enriquezcan el texto. Una vez concluido, el Gobierno analizará e incorporará alegaciones y, tras su paso por el Consejo de Gobierno, el proyecto de ley se remitirá al Parlamento, que podría aprobarlo en el próximo periodo de sesiones.