Buruaga recurre a la colaboración público-privada para sus grandes proyectos

Cantabria contará este año con un presupuesto anual de 3.749 millones de euros de la historia, una cifra récord que le otorga al Gobierno regional una amplia capacidad de maniobra para desarrollar proyectos propios y poner en marcha nuevas iniciativas que dejen claras sus prioridades políticas. O quizás no tanta... Una tercera parte corresponde a los sueldos del personal, un dinero tan intocable como el gasto corriente de la administración –en pagar los recibos de suministros, limpieza, seguridad o material se dedica 16% de los recursos–, las transferencias a otros entes o municipios (21%) o los recursos destinados a subvencionar distintos programas y entidades (6%). Si al total se le restan los 400 millones que irán directos a pagar la deuda regional, solo quedan disponibles ya para inversiones 306 millones de euros, el 8,1% de la cifra inicial. Con eso, el Ejecutivo tiene que hacer frente a los compromisos heredados con ayuntamientos en forma de carreteras, colegios o consultorios médicos y también a los proyectos estrella que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga ha ido anunciando desde que tomó posesión hace año y medio. Por poner un ejemplo, solo con la finalización del centro logístico de La Pasiega (40 millones la primera fase y hasta 120 la suma de las dos) la creación de la futura carretera entre Liébana y Campoo (unos 100 millones de euros a falta de detalle) que la presidenta anunció que recuperaría durante la campaña electoral y cuyo proyecto inicial ya se está redactando se iría bastante más de la mitad del dinero.

Entre las iniciativas millonarias con las que el Ejecutivo popular quiere «sacar de la parálisis económica» en la que afirma que estaba Cantabria cuando llegó al Gobierno se encuentra la creación del nuevo teleférico de Vega de Pas, el nuevo Centro Científico de la Salud en la finca de la Residencia Cantabria, la ampliación del Pctcan, la modernización de las infraestructuras de Cantur, la finalización del Mupac, la creación de cinco millones de metros cuadrados de suelo industrial.... Hay en cartera más proyectos que recursos. Y Buruaga y sus consejeros creen tener la solución. No consiste ni en retrasar este proceso de modernización –y cambio de modelo producto, en la que tenga más peso la industria y un turismo más desestacionalizado–, ni en recurrir al endeudamiento. La solución elegida es la colaboración público-privada. Porque es la única vía para comenzar a poner todo en marcha al mismo tiempo y, también, porque el Gobierno está convencido que este modelo tiene una serie de beneficios intrínsecos. Que de esta manera es más fácil atraer talento y que ayuda a enriquecer las ideas que nacen desde el ámbito político.

La fórmula de la colaboración público-privada está más que probada. Se practica en otras comunidades autónomas y fue el salvavidas al que intentó agarrarse en la legislatura 2011-2015 el Gobierno de Ignacio Diego cuando la crisis económica mermó sustancialmente los ingresos públicos de Cantabria. Con esa premisa, aquel Ejecutivo, en el que Buruaga era su número dos, lanzó el plan InverCantabria, una estrategia para «promover inversiones en áreas estratégicas para dinamizar la actividad empresarial y crear empleo». Según celebraba el entonces presidente, en su primer año de vida, InverCantabria logró lanzar 50 proyectos por 200 millones de euros. Los más destacados fueron la telecabina de Cabárceno y la Universidad Europea del Atlántico, que llegaron con polémica. El primero, por la gran rentabilidad para la empresa que instaló la infraestructura y que se encarga ahora de su explotación para recuperar su esfuerzo económico –el riesgo de la operación era mínimo, porque parte del dinero viene de un incremento del coste de la entrada–, y el segundo, por el apoyo a una institución que llegaba para ser competencia directa de la UC, 100% pública.

Pero de aquella época, el máximo exponente de la colaboración público-privada fueron las obras del hospital de Valdecilla, un contrato por el cual Ferrovial y SIEC se encargaban de levantar los edificios sin coste –al menos inmediato– para las arcas públicas a cambio de la gestión durante 20 años de los servicios no sanitarios (limpieza, mantenimiento, jardinería...). Una adjudicación de cerca de 750 millones de euros repartida en 'comodos plazos' durante dos décadas que permitió acabar las obras en año y medio en un momento de estrechez económica. También el PP valoró usar la fórmula para la protonterapia, pero ya durante el bipartito los socialistas se negaron.

Un modelo con críticas

Frente a las críticas de parte de la oposición a aquella salida –llegó incluso hasta la Justicia, aunque no puso mayores inconvenientes–, Buruaga defiende ese como el principal hito de su etapa al frente de la Consejería de Sanidad. Ahora, ya como presidente, la popular quiere insistir en la fórmula. «Nada de estos queremos hacerlo solos. Todo lo que se nos ocurra queremos hacerlo con la colaboración de la iniciativa privada. Esa es la manera de conseguir más musculatura económica para una región como la nuestra con un presupuesto limitado», defendía la jefa del Ejecutivo ante un centenar de empresarios mexicanos durante su viaje al país centroamericano, a los que les explicó su convencimiento de que esta es la mejor manera de conseguir más agilidad en la ejecución de proyectos y de «multiplicar resultados en términos de empleo y prosperidad».

Buruaga hacía estas declaraciones durante la presentación del proyecto del Parque Científico de la Salud, que se creará en terrenos de la Residencia y también debería salir adelante con la colaboración público-privada. De hecho, dejó claro que el sector privado tendría más peso que el público dentro de la fundación que se encargue de gestionar su funcionamiento porque «porque lo otro –cambiar el equilibrio hacia lo público– es equivocarse en rotundo».

A futuro, el Gobierno quiere utilizar la colaboración público-privada también para la creación de 5 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial, una operación valorada en 200 millones de euros. Y Buruaga también dijo en el último pleno del Parlamento que no descartaba esta fórmula para crear centros educativos u hospitales. Lo dijo en el marco del debate sobre el cambio de la Ley del Suelo que permitiría levantar urbanizaciones en rústico. En teoría, a cambio de esos permisos y con el beneficio de la venta de las viviendas, asumirían también la construcción de las infraestructuras públicas sin coste para la administración.

El primer ejemplo práctico

Lo que no es futuro, sino presente, es el contrato público-privado para crear 212 viviendas de alquiler asequible en distintas localidades de Cantabria. Inicialmente, la Consejería de Fomento iba a invertir 33 millones de euros –entre fondos propios y fondos UE–, pero finalmente se ahorrará 16 millones, que pondrá la constructora de su bolsillo a cambio de gestionar esas viviendas durante al menos 50 años –será la que cobre a los inquilinos–, y ese dinero que se ahorra el Ejecutivo «se destinarán a seguir aumentando el parque público de vivienda en alquiler asequible». En marzo se conocerá el adjudicatario y, por ahora, los ayuntamientos implicados, con gobiernos de PP, PRC y PSOE, no se han quejado. Es más, son los consistorios los que ponen las parcelas que después se quedará durante medio siglo la empresa ganadora.

«Viajamos en autopistas y no en carreteras porque hay gestores que no piensan que una concesión sea una privatización. No vamos a vender ni privatizar nada. Se trata de una estrategia de financiación y gestión eficiente que nos va a permitir abordar proyectos de interés general, dinamizando la economía y promoviendo el crecimiento», insistía en la Cámara el consejero Eduardo Arasti, que enumeraba una lista de actuaciones que podrían entrar en este saco en el que estaban la carretera Potes-Reinosa o el puente Requejada-Suances.

Y aunque utilizara el símil de las autopistas, esta colaboración con el sector público. No costará dinero al conductor usar estas vías, sino que se buscarían otras fórmulas imaginativas para pagar la obra en diferido, como se hizo en Valdecilla.

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