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«Nos tememos que las familias tengan que poner más dinero para los libros, lo cual es una anomalía porque la educación ha de ser pública y gratuita. Es que es un tema muy cansino». José Manuel Torre, responsable de FAPA Cantabria, la federación autonómica ... que aglutina a las familias de la educación pública, intuye que, entre el cambio de ley educativa y el cacareado encarecimiento de las materias -el papel, entre ellas-, la factura de los libros de texto del curso que viene será más alta. E intuye además que ese incremento repercuta en las familias de aquellos alumnos que en el año escolar 2022-23 ya estudiarán bajo las normas de la Lomloe o ley Celaá, es decir, los cerca de 27.000 estudiantes cántabros que se inscribirán en los cursos impares de cada etapa educativa. Se trata de un cálculo basado en las matriculaciones de este año, que además no incluye al alumnado de Infantil y de 1º de Primaria porque este, en la mayoría de los casos, trabaja sin libros de texto y con materiales fungibles que se renuevan curso a curso. Un ejemplo son las fichas de actividades.
En términos generales, los currículos de Primaria son más abiertos y flexibles, así que los libros de texto de 1º y 3º de la ESO, así como los de 1º de Bachillerato, son los que más papeletas tienen para ser reemplazados el próximo curso y ajustarse, de este modo, a lo que plantea la nueva ley educativa, una normativa que se centra más en las competencias y los objetivos que en lo estrictamente memorístico.
Y si esos manuales cambian, es probable que ya no puedan intercambiarse en los bancos de recursos de los que disponen los centros educativos, que son un mecanismo ampliamente implantado en los colegios e institutos cántabros y que constituyen un alivio económico y organizativo para la comunidad educativa. Los centros los conciben igualmente como garantía de equidad y de consumo responsable.
Norberto García
Portavoz de los directivos de Secundaria
Mónica haro
Presidenta de Concapa
Este curso, la Consejería de Educación y FP financió el banco de recursos con una cantidad potente: más de 2,1 millones, a los que se suman otros 610.000 euros aportados por el Ministerio. Además, el mecanismo tiene ramificaciones municipales: 29 ayuntamientos -uno más que el ejercicio pasado- colaboran este año con otros 69 centros (cinco más que en el año escolar 2020-21). Pero, ¿qué ocurrirá a partir de septiembre con los nuevos libros de la enseñanza obligatoria? ¿Qué podrá intercambiarse en los bancos?
«Las familias usan cada vez más estos bancos de libros. Son un buen recurso. Si el próximo curso muchos de esos libros se cambian, ya no podrán heredarse o compartirse», advierte Mónica Haro, presidenta de Concapa, la confederación que agrupa a las familias de la educación concertada de la región. «Pedimos flexibilidad a los centros o más recursos para los bancos. Yo creo que va a haber cierta flexibilidad para no implantar todos los libros de golpe», añade.
El cambio de libro de texto queda en manos del centro, de sus docentes. ¿Qué hacer? Los manuales son «recursos habituales» en Secundaria, revela Norberto García, al frente del IES Montesclaros (Reinosa) y portavoz de los responsables de instituto ante la Administración educativa. Él también augura un incremento de la factura de los manuales, entre otras cosas, por el alza de los costes del papel o de la distribución, por lo que invita a hacer «una reflexión profunda» para tratar de alcanzar un «equilibrio» entre la necesaria actualización de los contenidos y el ahorro. «Los centros van a intentar adaptarse, pero buscando el equilibrio y con idea de economizar», confía el director.
El planteamiento será «centro a centro», incide María José Rioseco, directora del CEIP Aguanaz (Entrambasaguas) y portavoz de los responsables de los colegios públicos. Y tendrá impacto, sobre todo en 3º y 5º de Primaria, porque en el curso y etapa anteriores el cambio de ley no afecta tanto a los bancos de recursos. Los libros en esos cursos, dice, «son un recurso más» y la Lomloe, además, permite una enseñanza más «flexible» en esas etapas.
Con el covid más arrinconado, la Lomloe se presenta como el reto inmediato de la comunidad educativa cántabra. Y los libros de texto son «otro problema añadido este final de curso», valora García. Los directores de los centros trabajan de nuevo contra reloj para adaptarse a la ley. No tienen mucho margen. Aunque la Consejería de Educación y FP formó grupos de trabajo propios meses antes de que el Ministerio diese a conocer sus decretos, los retrasos que ha acumulado el departamento que dirige Pilar Alegría han lastrado el trabajo autonómico.
Los centros, el último eslabón de la cadena, se ven a un mes de que acabe el curso con varios frentes abiertos -orientación en materias, preinscripciones, adaptación curricular, creación de contenidos, etc.- y «poco tiempo» para manejarlos, como declaraban varios directores de Secundaria hace unos días al término de una reunión con la Administración educativa para aclarar dudas sobre la ley.
En cualquier caso, el trabajo adelantado por Cantabria le ha permitido enviar ya sus borradores a las editoriales para que estas vayan configurando los libros de texto. ¿Estarán a tiempo? La FAPA es escéptica con su papel: el cambio de ley «es la excusa perfecta que tienen» para encarecer los manuales, dice Torre.
La Consejería de Educación y Formación Profesional ha dotado este año escolar el banco de recursos con más de 2,1 millones de euros. La cantidad pasa de los 2,7 millones gracias al aporte del Ministerio. Este mecanismo, basado en la participación de la comunidad educativa, en la equidad y el consumo responsable, llega a más de 55.600 alumnos del ámbito de la educación pública y concertada.Si se atiende a la inversión general por alumno, esta llega hasta los 100 euros por escolar en la educación básica, concretamente, en el primer ciclo de Primaria. La cantidad queda en 30 euros por estudiante en la ESO, pero asciende a los 50 en los centros de Educación Especial.
Haro destaca que las familias acabarán notando el encarecimiento del papel. En Concapa editan una revista y ya acusan el golpe, así que con vistas al próximo curso, a los libros para estudiar Historia, Lengua o Matemáticas, «lo vamos a notar muchísimo», asegura. Haro pone por delante un acceso igualitario a los libros. Si el gasto es inasumible, «FAPA y Concapa se unirán para solicitar que los libros lleguen a todas las familias», aseguró ayer.
Precisamente, los libros de texto tienen protagonismo en la encuesta elaborada por Asociación Alcuentru con el apoyo de los sindicatos STEC y ANPE. Se difundió ayer tras consultar a 130 docentes. Los profesores que siguen los libros de texto tienen problemas para encontrar en ellos reflejo de la realidad cántabra. «No la recogen», señaló el 86% de los encuestados.
Esos materiales editoriales sobre Cantabria son calificados como «pobres» (45%) o «muy pobres» (21%) por la mayoría del profesorado. La plataforma insta a la Consejería de Educación a exigir a las editoriales que los incluyan.
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