El candidato de Vox a la Junta, partidario de que Cantabria vuelva a ser parte de Castilla

En otra de sus intervenciones en Twitter, el candidato de Vox a la Junta se mostraba disconforme con el actual modelo territorial y favorable de la anexión de Cantabria a Castilla y León. Algo así como recuperar la organización administrativa que tenía la provincia hasta la aprobación del Estatuto de Autonomía, del que ahora se cumplen 40 años. «La Rioja y Cantabria son castellanas de toda la vida. Las autonomías son nuestra ruina. Basta ya de pagar sentimientos nacionales absurdos», defendía en un mensaje que en los últimos días, desde que su nombre saliera a la palestra, se ha rescatado en las redes sociales.

Además de tener una opinión formada sobre la idoneidad de la autonomía de Cantabria, también ha sido protagonista en su faceta profesional de distintos conflictos jurídicos con repercusión mediática. En concreto, Juan García-Gallardo participó como letrado en el juicio contra Diego Higuera, exdirector de Cantur con el PRC, que finalmente fue condenado por malversación de dinero público. El Partido Popular de Ignacio Diego contrató los servicios del bufete del ahora candidato a la Junta de Castilla y León cuando llegó al poder en 2011 y se encontró las facturas sospechosas de la etapa de Higuera. Un despacho que dirige el padre del político de Vox, Juan Manuel García-Gallardo, aunque gran parte de la acusación la llevó su hijo.

Este despacho es el mismo que ha asesorado al Partido Popular de Castilla y León en diversos casos de corrupción en la comunidad vecina como la Trama Eólica y ramas de la Gürtel y que también llevó la defensa del expresidente cántabro Ignacio Diego en el juicio por la denuncia de injurias y calumnias que le interpuso su entonces rival político, Miguel Ángel Revilla. Diego, entonces jefe de la oposición, tuvo que declarar en mayo de 2006 ante el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) por la querella de Revilla, relacionada con unas declaraciones públicas del exlíder popular en las que acusó al dirigente regionalista de beneficiar a un amigo, el empresario Miguel Ángel Iglesias, al declarar la futura construcción de viviendas sociales en el área conocida como El Bojar, entre Camargo y Bezana, como un Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR).

Como después ocurriera con el caso de Cantur, el despacho de los García-Gallardo también cerró ese proceso de forma exitosa porque, finalmente, el juez Santiago Pérez Obregón archivó el asunto al considerar que aquellas declaraciones se enmarcaban dentro de la crítica política.