Cantabria aprueba por fin su Ley para la Igualdad, 12 años después de la estatal

Dentro de la propia red administrativa regional se buscará la «representación equilibrada» entre ambos sexos, tanto al nombrar a los titulares de los órganos directivos como en los organismos colegiados, comités de expertos y consultivos, así como en los consejos de administración de las empresas en las que haya capital público. En todas las consejerías una persona supervisará las políticas de igualdad en los órganos de dirección y se crearán comisiones específicas.

Estas cuestiones y docenas de otras más se contemplan en la Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres de Cantabria que fue aprobada ayer en el Parlamento con 34 votos a favor (al PRC-PSOE que la han sacado adelante se unieron el PP, Verónica Ordóñez, Rubén Gómez y Alberto Bolado) con la única voz discrepante de Juan Ramón Carrancio, del Grupo Mixto. La ley cuajó tras una larga tramitación –hace un año que llegó a la Cámara y desde entonces se han debatido medidas transaccionales y enmiendas– con el objetivo de establecer un marco de juego para promover la igualdad real, que se irá desarrollando por medio de decretos.

Viene a completar, además, a la ley estatal, con un retraso de 12 años. Aquella creaba un escenario general, ampliable a su conveniencia por cada comunidad autónoma, y Cantabria ha sido una de las últimas en dar este paso. Ahora, el texto regional contiene el doble de artículos que el español por su empeño transversal ya que recorre todos los ámbitos en los que Cantabria se compromete a apuntalar los derechos de las mujeres: de la sanidad al mundo rural, de la juventud a la Cooperación al Desarrollo, de los medios de comunicación a la participación política o el deporte, por citar sólo algunos de los sectores que toca expresamente.

Nace, sin embargo, sin capítulo de financiación propio: se consignarán los créditos para asegurar los recursos económicos que requieran las medidas a implantar en cada proyecto de ley de presupuestos (también lo harán las administraciones locales en las áreas de su competencia). Será la Dirección General de la Mujer la que coordine medidas y actuaciones, si bien se apoyará en un Observatorio de Igualdad de Género que se creará 'ad hoc', desde el que analizarán situaciones y propondrán estrategias para corregir las desigualdades que se detecten en la comunidad autónoma.

A partir de su entrada en vigor, para cumplir la normativa, todos los proyectos de ley que apruebe el Consejo de Gobierno deberán incorporar un informe que recoja la «evaluación previa» de su impacto de género y lo mismo ocurrirá con los reglamentos y planes. Para conseguir que la actuación de todos los estamentos administrativos se rijan por estos principios, se capacitará y formará al personal.

El capítulo de Educación para la Igualdad es uno de los más detallados del texto, en la idea de que es en este ámbito en el que debe incidirse para que la igualdad de derechos se respete desde que los ciudadanos entran al sistema educativo. En todos los centros no universitarios se potenciará la coeducación y se erradicará cualquier forma de sexismo. También se potenciará la participación equilibrada de hombres y mujeres en los puestos directivos de los centros educativos.