Cantabria, Asturias y Castilla y León hacen frente común ante la financiación autonómica

Adrián Barbón (Asturias), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Miguel Ángel Revilla, como anfitrión, aprovecharon esta cita para acercar posturas y, en el caso del presidente cántabro, alinearse codo con codo con comunidades afines respecto a problemas y reivindicaciones a cuenta del sistema de financiación.

Es la primera vez que Cantabria se incorpora a un frente común de este tipo después de quedar excluido de la 'cumbre' de Zaragoza que hace ahora un año celebraron los presidentes de Gobierno de Aragón, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Asturias y Galicia. Pero no fue la única . Llovía sobre mojado. Meses antes, en febrero del pasado año, Cantabria tampoco fue invitada a una reunión similar celebrada en León, y si bien la excusa en aquella ocasión fue que el tema a tratar era la minería, también se habló de despoblación.

Ahora, sin embargo, Revilla ha aprovechado esta convocatoria para tomar la iniciativa y armar el principio de lo que ha dado en llamar «alianza amplia» para defender de forma conjunta un nuevo modelo de financiación. Y el regionalista cuenta con dos presidentes de distintas formaciones -Barbón es del PSOE y Fernández Mañueco, del PP- quienes, más allá de esas diferencias, se encuentran «en el mismo carro», en referencia a las demandas de que el actual modelo de financiación «es insuficiente».

Y es que, de no cambiar el actual modelo, «sería la puntilla para los pueblos, un desastre para el mundo rural», explicó el presidente cántabro ya que la ley de financiación que impulsan regiones como Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana basado en el número de habitantes es, en su opinión, «la más injusta del mundo». Es más, considera que «no debería haber diferencias impositivas entre las comunidades y ser todos iguales», en referencia a aquellas regiones que eliminan impuestos para, entre otras cosas, favorecer la instalación de empresas en su territorio. Considera necesario que se tenga en cuenta la prestación de los servicios en la negociación del modelo. «Sería lo justo, lo progresista», como recuerda Revilla que transmitió a Pedro Sánchez el pasado verano.

Fernández Mañueco, por su parte, abogó por una negociación «multilateral», es decir, para todos, y evitar «negociaciones de modelo bilaterales» con algunas comunidades, e indicó que «el modelo de financiación autónoma es antiguo, pero también malo», por lo que apuntó que considera «inaplazable para la próxima legislatura» la reforma del modelo. Al tiempo, el presidente castellanoleonés recordó el acuerdo suscrito hace unos meses por seis comunidades (Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, La Rioja, Asturias y Galicia) «de diferentes formaciones políticas en defensa de un modelo que garantice los servicios públicos a todas las personas independientemente de donde vivan», acuerdo al que han invitado a sumarse a Cantabria, dijo Fernández Mañueco.

Adrián Barbón, presidente de Asturias, indicó que «a medida de que la población está más dispersa o más envejecida, el coste de los servicios se incrementa. Por eso, el Principado está dispuesto a una alianza amplia «que tenga en cuenta el coste real de los servicios». En su opinión, si sólo se siguen criterios de población para establecer la financiación autonómica, las comunidades que tengan que hacer frente al problema de la despoblación «se ven perjudicadas». «Nadie puede perder», señaló Barbón respecto a las aportaciones del modelo actual de financiación y que constituirían el punto de partida. Y sobre el actual modelo, el presidente asturiano reconoció que «es insuficiente, por lo que el Estado tendrá que ampliar la tarta».

El actual modelo de financiación data de 2009 y aunque debería renovarse cada cinco años, sigue vigente por lo que las distintas comunidades aspiran a un nuevo modelo. La financiación proviene de los tributos, por un lado, y de los fondos (de Garantía, de Cooperación...), por otro, que canalizan las transferencias hacia las comunidades y redistribuyen recursos según diferentes criterios y porcentajes. Y es ahí donde las regiones más desfavorecidas pugnan por un modelo basado en el coste efectivo de los servicios que tenga en cuenta la menor población, la dispersión, el envejecimiento, la orografía, etc.