La nueva ley solo ampara a 9 de las 146 viviendas en suelo rústico autorizadas durante el último año

La consecuencia de ese escenario de incertidumbre fue que, durante la tramitación de la nueva Ley del Suelo, el número de solicitudes para construir en suelo rústico se incrementara notablemente. Alrededor de un 20%, según los datos del Colegio de Arquitectos Técnicos. Finalmente, lo que aprobaron socialistas y regionalistas en junio de 2022 fue consagrar esa posibilidad de construir en rústico –solo viviendas unifamiliares, no edificios comunitarios– e introducir algunas limitaciones con respecto al texto anterior. La más destacada fue que este tipo de inmuebles aislados tenían que estar a un máximo de 100 metros del núcleo urbano, la mitad del perímetro que antes. El Boletín Oficial de Cantabria publicó la ley en julio y dos meses después entró en vigor.

Un año después, ahora que el urbanismo vuelve a estar en el debate público por el decreto del nuevo consejero de Fomento, Roberto Media, que cambia la estructura y funciones de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) y que impedirá a cinco colegios profesionales tener voz y voto sobre la concesión de licencias de construcción de viviendas en suelo rústico, ¿cuáles han sido las primeras consecuencias de esta nueva norma? Pues el Gobierno de Cantabria no es capaz de aportar datos concretos sobre la evolución de la entrada de expedientes de este tipo, pero los profesionales involucrados en las sucesivas fases del proceso aseguran que, una vez pasado ese aluvión de principios de 2022 ante el miedo a que el bipartito prohibiera esta posibilidad o estableciera condiciones mucho más restrictivas –que no ocurrió, aunque el PP avanza una nueva reforma para que la norma sea más flexible–, se ha vuelto a cifras previas. A las que existían en 2019, porque durante los años de la crisis del ladrillo las peticiones de licencia cayeron en picado.

Donde sí hay números concretos es en cuanto a las solicitudes autorizadas por la Crotu. Este organismo se ha reunido desde el momento de entrada en vigor de la Ley del Suelo en septiembre del pasado año en diez ocasiones y ha dado el visto bueno a 146 solicitudes. Una estadística que está exactamente en la media de la última década, ya que Cantabria autorizó previamente, entre 2012 y 2022, hasta 1.425 casas en suelo rústico.

Lo curioso es que solo nueve de esas autorizaciones se han hecho en base al artículo 228 de la norma actual. Las otras 137 restantes se aprobaron en la Crotu conforme a los requisitos de la legislación de 2012, ya que la nueva Ley del Suelo establecía que todos aquellos expedientes que se hubieran registrado antes de su entrada en vigor tendrían como referencia el texto anterior.

Uno de los argumentos del bipartito para consagrar en su ley de 2022 la posibilidad de construir vivienda unifamiliar en suelo rústico es que esto sería una herramienta más para evitar el despoblamiento de las zonas rurales. De hecho, el modelo que salió adelante permite levantar este tipo de edificaciones de forma general en municipios de menos de 5.000 habitantes. Lo permite también, pero solo durante dos años, en los de hasta 10.000 vecinos, de ahí que PP y Vox dijeran entonces para oponerse al texto que se rompía el principio de igualdad entre cántabros.

Los números confirman que donde más autorizaciones se piden –y se conceden– es en localidades turísticas o que no pierden población. Más bien todo lo contrario. El ayuntamiento con más demanda es Marina de Cudeyo, con 24 permisos en los últimos doce meses. Allí, cada vez más fincas que tradicionalmente tenían uso ganadero y que lo han perdido como consecuencia de los cambios en el sector se transforman en viviendas. El caso prototípico es el de un pequeño propietario que quiere hacerse la casa para él o su entorno y que ve una oportunidad en esta ley, pero también hay empresas que hacen uso de esta norma con fines comerciales. Se aprecia en un simple vistazo a los expedientes, que antes de aprobarse salen a información pública durante 15 días. Incluso hay particulares que han solicitado permiso para dos viviendas distintas. Junto a este municipio, los otros dos puntos calientes de Cantabria son Ribamontán al Monte (14 concesiones en el último año)y Valdáliga (11). En Torrelavega solo ha habido una licencia y en Santander, ninguna.

Marina de Cudeyo también es el ayuntamiento donde más personas han presentado ya los papeles y están esperando que la Crotu se pronuncie. A modo de anécdota, una de ellas es la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, que pretende hacerse una vivienda en una finca de Pedreña de 7.000 metros cuadrados.

Son 146 expedientes autorizados en un año y 65 denegados porque no se ajustan a la norma. La cifra es relevante, sobre todo respecto a los años anteriores. Lo que ha ocurrido es que la Crotu ha endurecido algunos criterios en los últimos meses. Por ejemplo, antes se autorizaba la vivienda que estuviera a 100 metros de cualquier edificación. No hacía falta que fuera otra casa, sino que podría ser una iglesia. Ahora eso ya no se permite.