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Todavía son muchas las incógnitas que rodean al plan de ahorro energético que entrará en vigor a partir de esta medianoche. ¿Quién sancionará a aquellos comercios o establecimientos que no lo acaten?, ¿habrá ya este miércoles inspectores in situ?, ¿a cuánto ascenderán las multas? En ... medio de esta vorágine de preguntas, a las que se suman las críticas de algunos consejeros autonómicos del PP, el Gobierno de Cantabria ha querido este martes trasladar un mensaje claro: «Seremos rigurosos y severos con nosotros y flexibles con los demás». Son las palabras con las que el consejero de Industria, Javier López Marcano, ha querido explicar que las instituciones acatarán las obligaciones a las que les somete el decreto-ley a partir de mañana (control de temperatura, apagón de monumentos y edificios públicos ...), mientras que en el caso de los comercios se les permitirá más margen, dando a entender que no habrá un férreo control o importantes sanciones en la puesta en marcha del plan.
El titular de Industria ha anunciado que desde esta mañana la Consejería trabaja en un plan renove para «paliar el gasto derivado de la aplicación del decreto ley». No ha desgranado los detalles, pero sí ha dejado claro que el objetivo es que los «sectores claves en nuestra recuperación -industria, turismo y comercio- no sufran», al mismo tiempo que puntualizaba que muchos de los negocios «no son precisamente multinacionales», sino más bien «economías de subsistencia», de forma que necesitan de estos mecanismos para sufragar las inversiones necesarias.
Como ejemplo, ha explicado que estas ayudas servirán para que los comerciantes instalen puertas automáticas y ha asegurado que su cartera pondrá en marcha «líneas de incentivos y mecanismos correctores ante la obligación solidaria y responsable de acatar una norma europea que nos afecta a todos». «No es una cuestión caprichosa», ha a llegado a remarcar a lo largo de su intervención en relación a las medidas y ha recordado que el deseo de la Unión Europea era reducir el consumo de gas en un 15% y que finalmente el compromiso con Bruselas será disminuir un 7% porque España fue uno de esos países que dijo que esa primera propuesta era «excesiva».
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En cuanto a las acciones en materia de climatización, Marcano ha recalcado que «seremos disciplinados» y ha puntualizado que «no es lo mismo aplicar estas medidas en Andalucía que en Cantabria». En este sentido, ha especificado que en «muchísimos casos», la región «no va a tener dificultades para cumplir» con las temperaturas recomendadas y ha reconocido que poner en marcha estas medidas «implica unos gastos inevitables sobrevenidos», aunque son «menos en Cantabria». También ha dicho que su departamento prepara un decálogo de mensajes «muy claros y transparentes» para que no «cuando el pánico ni se disparen las alarmas».
El propio consejero ha admitido que el decreto-ley tiene «lagunas»: «No tiene un código sancionador, no dice a quién corresponde la tarea inspectora, cosa que sabemos parcialmente, ya que muchos de los aspectos se verán afectados por el RITE (Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios), es decir, sabemos que hay una parte que corresponde a Industria».
Y ante las preguntas de los periodistas acerca de si este miércoles se inciarán labores inspectoras concretas por parte del Gobierno, el consejero le ha pasado la pelota al presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, porque es a él «a quien corresponde hablar en nombre de la región», mientras al poco tiempo aludía a la «sobrecarga de trabajo» del departamento de Industia, que según ha dicho, ha desarrollado «más de 50.000 expedientes». «Asumimos nuestras competencias, las que están definidas, y de las demás hacemos preguntas», ha zanjado.
Gema Igual
En Santander, la alcaldesa Gema Igual, ha señalado que la aplicación de las medidas de ahorro energético aprobadas por el Gobierno de España, que entrarán en vigor este miércoles, 10 de agosto, es «muy difícil de interpretar» y de «ejecutar».
Igual, que ha ofrecido una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Santander junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras firmar un protocolo de actuación en materia de promoción turística, ha suscrito las palabras del regidor madrileño, quien ha mencionado la «incertidumbre» del decreto y los «perjuicios» a sectores como el comercio o el turismo, que se pueden ver «castigados» con la aplicación de estas medidas.
En este sentido, la alcaldesa de Santander ha relatado varias ambigüedades que a su juicio tiene la implementación de este plan respecto a qué edificios se deben apagar y cuándo tienen que hacerlo, poniendo de ejemplo el Palacio de La Magdalena, que «es un edificio público y también una residencia de estudiantes», o la sede de la Policía Local, «que también está en uso».
«Es algo que realmente es muy difícil de ejecutar», ha sostenido la alcaldesa, quien ha asegurado que aunque el Ayuntamiento se va a apagar, otros edificios o monumentos no lo harán por que estarán en uso o no aparecen en la orden.
Por otro lado, Igual ha hecho hincapié en la situación de los comercios, señalando que «llueve sobre mojado» en el sector. «¿Y quien no tiene puertas?», «¿y quien, por cualquier cosa, no cumple porque no puede cumplir?», se ha preguntado la regidora, quien ha cuestionado las multas que podrían recibir los comerciantes.
«Estamos en un momento en el que la sostenibilidad no es solo energética, también es económica y en viabilidad de empresas y que no se mueran empresas», ha indicado Igual, quien ha lamentado que no se haya «hablado antes, consensuado y salido con firmeza».
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