Cantabria denuncia ante la UE que España no usa datos correctos para aumentar la protección al lobo

En la reunión, que se ha celebrado por videoconferencia, han participado los consejeros de Desarrollo Rural de Cantabria, Guillermo Blanco; de Medio Rural de Asturias, Alejandro Calvo; de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez, y de Medio Ambiente de Galicia, Ángeles Vázquez. Los cuatro han mantenido esta tesis desde el principio del conflicto, pero hoy han tenido la oportunidad de exponérsela al comisario en un mano a mano virtual.

Los consejeros de las comunidades que albergan a la mayoría de ejemplares de esta especie en España, han explicado que los exhaustivos informes que han elaborado demuestran que «el lobo al norte del Duero disfruta de un estado de conservación favorable», ya que tanto la evaluación de la dinámica de las poblaciones como el área de distribución y la calidad del hábitat para este cánido «resultan a todas luces favorables», lo que hace «incomprensible» la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de incluir el lobo en el citado listado.

Estos informes fueron remitidos al Ministerio para elaborar el informe sexenal (2013-2018) que cada estado miembro de la Unión debe remitir a la Comisión Europea. No obstante, tal y como han advertido a Sinkevicius, el Gobierno central «hizo su propia interpretación de las evaluaciones y datos de las comunidades, y trasladó a la UE conclusiones erróneas para justificar una decisión meramente ideológica y no avalada por la ciencia».

«Se modificaron criterios estadísticos que concluyeron el estado como desfavorable y desembocaron en esta situación», han señalado los consejeros, que han dejado claro que los seguimientos poblacionales que se realizan de manera continua en sus territorios, basados en metodologías aprobadas y validadas por la comunidad científica, son «la mejor información disponible».

Según han indicado, con los datos que manejan «queda patente que el estado biológico de la especie no justifica su inclusión en el Lespre, sin perjuicio del valor cultural, científico y ecológico de la misma, lo cual es plenamente compatible con la gestión que se venía haciendo por las comunidades».

Dado que «el cambio de parecer» del Gobierno central se basó en este error, los portavoces autonómicos han aprovechado la reunión para solicitar al comisario europeo el establecimiento de criterios homogéneos a nivel supranacional para modular adecuadamente estas evaluaciones, que «condicionan de forma crucial a catalogación de una especie».

«El Gobierno central fue más allá de los requerimientos de las directivas europeas, en contra de las recomendaciones del Parlamento Europeo, generando problemas donde no debe haberlos, enarbolando cómo excusa el artículo 17 de la Directiva Hábitats y generando una desafección sobre la propia Comisión Europea que debemos revertir», han subrayado.

Asimismo, han recordado que, con carácter previo a la promulgación de la orden ministerial, la gestión del lobo se venía desarrollando en España en el marco legal establecido por la Directiva Hábitats de la UE y el Convenio de Berna, «cumpliendo plenamente con la normativa comunitaria y los convenios internacionales».

Finalmente, han hecho hincapié en el «perjuicio» que se causa a la inmensa mayoría de ganaderos y trabajadores agrícolas, «los principales afectados por los ataques y daños producidos por el lobo» y a los que preocupa que la nueva situación originada, «en lugar de facilitar la coexistencia y convivencia de la ganadería y el lobo, produzca el efecto contrario» han remarcado.

Por todo ello, los consejeros han solicitado al comisario que analice la situación, «toda vez que las decisiones han de estar basadas en los mejores datos disponibles y buscando acuerdos con las entidades y sectores afectados, algo que no ha ocurrido en esta ocasión».

También le han pedido la intermediación con el fin de recuperar «el consenso y el diálogo» que siempre ha caracterizado las relaciones entre las comunidades autónomas, como responsables de la conservación y gestión directa de la especie, y el Estado, con competencias en materia medioambiental. De modo que han solicitado que se tengan en cuentan los principios que sirvieron para aprobar de forma mayoritaria el plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía. Y que las decisiones se tomen siempre teniendo en cuenta los mejores datos disponibles.