Cantabria avisa de que seguirá controlando al lobo, aunque lo hará «dentro del marco legal»

Aunque la consejería no ha dado detalles de cómo tiene previsto «asegurar el cumplimiento íntegro del Plan de Gestión del Lobo de la región» -implantado en 2019 y que permite eliminar un número determinado de ejemplares al año- el departamento especifica que este protocolo autonómico «se adecuará» a la imposición del Ministerio para la Transición Ecológica mientras la Orden Ministerial siga vigente. Como es sabido, un grupo de Administraciones la han recurrido ante los tribunales y se espera poner anularla.

Blanco ha reiterado, como viene haciendo en los últimos meses, que su consejería considera «fundamental que los municipios colaboren en el inicio del procedimiento de solicitud de controles y que recojan, ordenen y trasladen a la consejería cualquier incidencia acaecida por daño o pérdida de alguna cabeza de ganado debida a ataques de lobo». De aquí en adelante, los Ayuntamientos también deben solicitar formalmente que se hagan estos controles.

El consejero ha trasladado a la Federación de Municipios que, en todo momento, el objetivo es «asegurar su coexistencia con la ganadería extensiva» y que el control de ejemplares «es solo una de las herramientas para lograrlo». El Plan de Gestión cuenta con otras herramientas que ya se están aplicando, ha recordado, «como el pago de los daños producidos, las ayudas para adoptar medidas preventivas, el pago por servicios ambientales en las zonas con presencia permanente del lobo y el seguimiento de la especie».

Para el máximo responsable de Desarrollo Rural, la nueva norma del Ministerio -obligado por la Unión Europea a incluir a todas las poblaciones de lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial-, «hace muy difícil el control rápido y eficaz de ejemplares y parece destinado a impedir que se hagan controles a pesar de que existan daños y a judicializar la gestión de la especie». A sus ojos, el departamento de Teresa Ribera «sigue el camino que le han marcado las asociaciones ecologistas», que son las que han promovido el cambio de estatus legal del lobo en España.

El Gobierno de Cantabria, como las demás comunidades en conflicto con el Ministerio por este asunto, «continuará su trabajo ante los tribunales para conseguir la derogación de la Orden Ministerial», ha apuntado Blanco quien, además, ha señalado que «no hay que dejarse amedrentar por las advertencias de esas mismas asociaciones de recurrir judicialmente cualquier autorización de control que se apruebe».

Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, el también regionalista y alcalde de Reocín Pablo Diestro, ha considerado «muy acertada» la iniciativa del Ejecutivo cántabro al tiempo que ha señalado que es necesario que haya «unidad de acción de todas las administraciones en la gestión del lobo».

En la reunión han estado presentes del director general de Biodiversidad, Medioambiente y Cambio Climático, Antonio Lucio, y el presidente de la Federación de Municipios, el vicepresidente primero y alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo y el vicepresidente segundo de la Federación y alcalde de Valdeprado del Río, Jaime Soto.