Cantabria duda de que el ingreso mínimo estatal sea compatible con su renta básica

El ingreso mínimo vital era uno de los acuerdos de Gobierno que figuraba en el pacto que firmaron hace medio año Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esta aportación directa -entre 461,5 y 1.015,3 euros en función de las características de la unidad familiar- para personas económicamente vulnerables que busca «prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social» se encontraba en la agenda del Ejecutivo, pero no estaba previsto que se pusiera en marcha a principios de legislatura. La crisis sanitaria del coronavirus ha adelantado los plazos. La aprobación el viernes de este nuevo derecho, que el Gobierno considera el mayor avance en protección social desde la Ley de Dependencia, y la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del decreto que lo regula ha pillado con el pie cambiado a comunidades autónomas que tienen ya en vigor un sistema de protección de características similares.

Es el caso de Cantabria con la renta social básica, una aportación de 450 euros de la que se benefician 5.863 hogares y cuya finalidad es casi idéntica que la nueva ayuda nacional: apoyar a las personas cuyos ingresos están por debajo de los considerados suficientes para tener unas condiciones dignas de subsistencia. Los perceptores serían los mismos, algo que podría ser incompatible con el articulado actual de la norma cántabra y con el espíritu de la nacional, ya que busca que el dinero que entre mensualmente en los hogares no desincentive la búsqueda de empleo.

Así, parece imposible que la renta social básica de Cantabria continúe en el futuro tal y como está, pero el Gobierno regional estudia fórmulas para mantenerla como un complemento al ingreso mínimo vital del Estado -aunque no se puede solicitar hasta el 15 de junio, los beneficiarios cobrarán con carácter retroactivo desde ayer-. Hacer ciertas modificaciones a este instrumento dado que el ingreso mínimo vital ocupará desde ya el espacio que antes cubría. ¿Cómo? Eso es lo que está analizando la Consejería de Empleo y Políticas Sociales que dirige Ana Belén Álvarez.

En principio, se mantendría, quizás con una corrección en los importes y nuevas exigencias, para los casos más extremos. Para las familias con mayor riesgo de pobreza. De hecho, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, padre del proyecto, ya dijo el pasado viernes en su presentación que era algo que dependía de cada territorio: «Nosotros no podemos obligar a las comunidades autónomas a que completen y mejoren el ingreso mínimo vital». En eso está Cantabria, que el pasado mes de abril realizó la última modificación a su renta social básica, la que aumentaba la aportación a las familias perceptoras que tuvieran hijos con 75 euros adicionales por cada menor a cargo, una medida que ya ha entrado en vigor.

En eso, y en la reivindicación política al Ejecutivo de Pedro Sánchez a la que se han sumado casi todas las regiones. Las gobernadas por el Partido Popular exigieron ayer en bloque que esta prestación sea gestionada de forma descentralizada. No desde Madrid, sino desde cada autonomía. El presidente Miguel Ángel Revilla ya anunció el domingo que también se subía a ese carro porque considera que cada responsable regional conoce «mucho mejor» la realidad social de cada territorio. Escrivá no se cierra a esa posibilidad, pero en 2021. Desde ya se pondrá en marcha un sistema para perseguir el fraude asociado a estas ayudas con importantes sanciones.

Las únicas que asumirán esta competencia directamente son País Vasco y Navarra, con sistemas de protección de este tipo muy consolidados. Según el ministro, a día de hoy, estas comunidades ya están preparadas para aplicarlo, mientras que otras con prestaciones similares «han demostrado no ser tan eficaces». Vistos los hechos, se supone que en ese segundo grupo se encuentra Cantabria.

El Ministerio es incapaz de concretar cuántas personas se beneficiarán en Cantabria por el nuevo ingreso mínimo vital. La estimación a nivel nacional son 850.000 hogares y el diputado socialista Pedro Casares habló la pasada semana de 5.500 familias. Lo hizo cogiendo los datos de hogares que hoy disfrutan de la renta básica regional. Es decir, que serían los mismos, pero previsiblemente tendrían que volver a realizar el trámite. En concreto, había en mayo esos 5.863 perceptores -más de 11.400 personas-. Durante el último mes, coincidiendo con la crisis sanitaria han surgido 300 nuevas solicitudes y casi 250 de ellas ya están resueltas.