Cantabria exige al Estado que asuma el coste del tren a Bilbao tras el «varapalo» de la UE

Básicamente, que haga lo que prometió la exministra Raquel Sánchez, que afirmó que, en caso de que Europa no pusiera dinero, el desembolso completo saldría de las arcas públicas españolas. La socialista lo dijo hace más de año y medio. Ahora, ¿el Gobierno central mantiene ese compromiso? Pues hasta nuevo aviso se supone que sí, pero no hay un pronunciamiento expreso al respecto pese a que este periódico ha preguntado tanto al Ministerio como a la Delegación del Gobierno. La responsable de esta última institución, Eugenia Gómez de Diego, se limitó ayer a señalar que el estudio informativo del tren a Bilbao «sigue en redacción». Igual que estaba hace veinte meses, cuando se presentó el borrador con las seis posibles alternativas.

Además, la Delegación pone el acento en los premios menores que ha logrado Cantabria -y que no había reclamado- con el nuevo mapa ferroviario de la UE. El primero, que la región queda incorporada al corredor Atlántico a través de Palencia y que el tramo ferroviario de mercancías hacia Castilla pasa a formar parte de la Red Básica Ampliada, por lo que, por tanto, obtendrá financiación. Un avance mínimo porque no supone una agilización de los plazos y ya había partidas garantizadas. El segundo, quizás más relevante, que el Puerto de Santander «promociona a la Red Básica», lo que supondrá más inversiones y que antes de 2030 deberá tener una terminal multimodal.

Y sí que es verdad que la Autoridad Portuaria ha celebrado este hecho que convertirá al Puerto en «un nodo de la máxima importancia estratégica» y que lo iguala a competidores como Coruña, Gijón y Bilbao. «Permitirá acceder a convocatorias de fondos comunitarios para actuaciones contempladas dentro de la Red Básica», entiende su presidente, César Díaz, que pese a todo cree que no es suficiente para compensar lo ocurrido con el tren a Vizcaya: «Ni siquiera se ha contemplado la conexión como forma de estar en el corredor Atlántico, lo que nos resta todavía mayor competitividad y, sobre todo, no arroja certezas ni plazos para su ejecución».

Sobre la decisión de la UE, Buruaga afirma que demuestra el «fracaso reivindicativo» del bipartito PRC-PSOE durante la anterior legislatura y añade que es «una prueba más de la falta de compromiso y deslealtad del Gobierno de Sánchez con los proyectos de la comunidad, porque el motivo fundamental de la exclusión ha sido la falta de implicación e impulso del Gobierno central».

«Quien tuvo que hacer el trabajo en su momento no lo hizo desde Cantabria y menos desde el Gobierno de la nación», subraya la presidenta, aunque no hace referencia a que el Ministerio anunció el lunes que en Europa se había cerrado el nuevo mapa ferroviario y su Ejecutivo no preguntó en cuatro días cómo afectaba a Cantabria ni si el tren a Bilbao estaba incluido.

Uno de los aludidos, Miguel Ángel Revilla, también habló ayer sobre el asunto. En su opinión, toda la responsabilidad es del Estado, que no ha hecho los deberes y no ha aprovechado la Presidencia Española para impulsar esta infraestructura estratégica. «Era fundamental que el Gobierno de España tirada del carro y ni siquiera ha elegido entre las alternativas presentadas en abril de 2022», lamentó el líder regionalista, que reconoce que la noticias es «un jarro de agua fría» pero no el fin del proyecto. Como la presidenta, su antecesor también exige a Madrid que cumpla y defiende crear en Cantabria un frente común con el resto de partidos.

Para la CEOE, el problema es que los gobiernos de Cantabria no han sido conscientes de la trascendencia de esta infraestructura y de la conexión a Europa a través de Bilbao. El presidente de los empresarios, Enrique Conde, considera un error que la región haya confiado la conectividad a la llegada de un AVE solo para personas y no haya pensado en la salida de mercancías: «La realidad es que Cantabria ha quedado aislada y que, si no reaccionamos, no tendremos ni a medio ni a largo plazo ni una cosa ni la otra».

Al igual que César Díaz, Conde también apunta al daño que hace la ausencia del tren a Bilbao a la competitividad de las industrias cántabras y se suma a la petición al Estado para que acometa la obra con medios propios.