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Comenzaba así la novela de Miguel Delibes 'El Camino': «Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así». Esto resume lo acontecido con la formación del nuevo Gobierno y, más allá de anuncios (reestablecer la sanidad universal, eliminar copagos farmacéuticos, ... suprimir peajes o modificar las bonificaciones de la Seguridad Social al «destopar» las cotizaciones e introducir «nuevas figuras impositivas»), todos nos preguntamos qué esperar del nuevo Gobierno y en qué nos afectará a Cantabria.
Más allá de los titulares que seguirán copando la prensa, el escenario más probable es que casi todo requerirá de negociaciones y soluciones transaccionales entendidas como propuestas que se adoptan 'tuneadas' a partir de otras ya presentadas por otro/s participantes en el proceso a fin de generar consensos. Y es que en la vida real también se revisa lo acontecido como estamos viendo con el Mundial de fútbol y las jugadas 'dudosas' que se reinterpretan mediante el VAR (Video Assistant Referee, árbitro asistente de vídeo).
Son nuevos tiempos para constatar si el nuevo Gobierno sigue o no una política económica continuista al no tener apoyos suficientes, si bien puede haber puntos de conexión en cuestiones de Estado. Así, las expectativas económicas se mueven por la confianza y la recuperación económica es una tendencia que debería mantenerse al igual que cuando a muchos jóvenes que salen bien formados al mercado laboral es preciso darles más oportunidades para que demuestren sus habilidades y no frenarlos con salarios bajos y temporalidades mal entendidas.
Igualmente, ¿habrá una ejecución eficaz de las cuentas públicas? Recordemos aquí alguno de los argumentos ya planteados otras veces desde esta misma tribuna, pues las cuantías destinadas en los Presupuestos Generales para Cantabria son insuficientes para compensar nuestro déficit histórico en inversiones clave. Por consiguiente, es imprescindible fijarse en todo el proceso presupuestario y que dicho porcentaje de ejecución de gastos sea el mayor posible.
Otra gran cuestión a dilucidar es si muchas de las políticas que se anuncian pueden suponer aumentos de impuestos, si bien la prueba del algodón ocurrirá cuando se negocie el techo de gasto para 2019 y podamos analizar qué se quiere hacer, dado que si se agota la legislatura las elecciones generales serían en 2020. El caso es que la Ley de Estabilidad Presupuestaria espoleada porque seguimos dentro del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) europeo establece que la variación del gasto de las Administraciones Públicas no podrá crecer en 2019 por encima del 2,7% (es decir, debajo del 4,2% que avanzará el PIB nominal, según lo enviado a Bruselas), a no ser que la nueva aritmética parlamentaria revoque dicho 'corsé' presupuestario.
Asimismo, otra gran incógnita es si el nuevo Gobierno tomará medidas para acordar subidas salariales a fin de que el consumo se refuerce especialmente en clases bajas y medias. Al mismo tiempo, a fin de poder incrementar los recursos, es preciso abordar la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, pues recordemos que un reciente informe de Funcas y el Grupo en I+D en Economía Pública de la UC la situaba en el 20,86% del PIB en nuestra región, con lo que supone en términos de efectos perniciosos sobre la equidad, eficiencia y competitividad. Es aquí donde se precisa tanto una reforma fiscal que acabe con la elevada presión que existe sobre los rendimientos del trabajo como una mejora en la rentabilidad del valor social del gasto racionalizando inversiones no sólo ex post sino ex ante.
Más deberes pendientes son reducir nuestro fuerte endeudamiento (98,30% del PIB nacional y 24.583 euros por persona), apostar por la inversión en I+D+i y reformar tanto el sistema de pensiones como el de financiación autonómica (donde la posición de cabeza de Cantabria debe ser un activo a preservar). Estas tareas no serán fáciles puesto que según el último informe de la Comisión Europea, suponiendo un saldo primario estructural constante (déficit público sin contar pago de intereses), se prevé que la deuda pública se mantenga en el 95% del PIB hasta 2028, lejos de los objetivos de estabilidad (60%).
En síntesis, es pronto para saber si habrá grandes reformas con el nuevo Gobierno debido a dos variables de difícil pronóstico: la necesidad de negociar propuestas y que el techo de gasto no pueda aumentar más que el PIB. Respecto a Cantabria, las reivindicaciones económicas que antes se hacían a unos valen ahora para los otros en esta nueva 'partida de cartas' en la que veremos quién tiene la mano ganadora. Estemos atentos.
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