Cantabria se planta y exige a Madrid «al menos» no perder dinero con la nueva financiación

Al contrario que en otros temas que tienen que ver con el Gobierno de la nación y que afectan de lleno a la comunidad autónoma, en esto los dos socios del bipartito sí que van de la mano en este asunto y rechazan cualquier opción que suponga la pérdida de ingresos de aquí en adelante. Con los mismos argumentos, aunque con más vehemencia el primero y con menos el segundo, Revilla (PRC) y el vicepresidente Pablo Zuloaga (PSOE) coinciden en que el nuevo modelo debe «mejorar la situación de Cantabria». O «al menos», si no logra más ingresos, que no pierda los que ya tiene, algo que no está garantizado –más bien todo lo contrario– si el Gobierno central no toca ni una coma el texto actual. Un extremo que el líder regionalista no contempla: «Si sale adelante la propuesta la autonomía desaparece. No es viable. Esperemos que este documento no llegue nunca a ver la luz».

«Un modelo que no beneficie a esta comunidad autónoma no será el que defienda el Gobierno de Cantabria», añadió Zuloaga, que recordó que el Ejecutivo regional reclama un «reparto justo que garantice la equidad en el acceso a los servicios». El socialista, que también se plantó ante la propuesta del Ministerio de Hacienda que dirige su compañera de filas María Jesús Montero, entiende que de salir adelante el sistema propuesto por Madrid los cántabros no tienen la garantía de poder acceder a servicios de la misma calidad que el resto de españoles por el mayor coste que implica prestar asistencia sanitaria o educación en lugares con la orografía, la dispersión o el envejecimiento que tiene la comunidad autónoma.

Esos tres elementos son algunas de las claves de las alegaciones que remitirá la región a Madrid. Todos ellos ya se tienen en cuenta en el modelo de financiación que plantea el Estado, pero Cantabria entiende que su peso ponderado no es el suficiente. La explicación técnica, en la que entró en profundidad la consejera de Economía, María Sánchez, no es sencilla. El borrador remitido a los territorios y sobre el que ahora todos ellos pueden reclamar cambios se basa en el criterio de la población ajustada. Es decir, que cada territorio no recibe lo que le correspondería por su peso poblacional, sino que hay una serie de factores correctores. El envejecimiento, la dispersión, la orografía, el número de escolares… Elementos que distorsionan el gasto y que Cantabria defendían.

Eso figura y, con ese cálculo, Cantabria saldría beneficiada. Si hoy la región tiene el 1,1% de la población, con el sistema en vigor recibe el 1,35% de la tarta y con el sistema propuesto pasaría al 1,55%. La 'trampa' es que eso sería toda la financiación y, aparentemente, desaparecía el Fondo de Suficiencia de las comunidades autónomas. El 80% de todo el dinero se repartía en base a la financiación y el 20% en base a este fondo. Con la revisión, la financiación autonómica pasaría a ser el 100% y ahí es donde Cantabria, que ahora es la región que más ingresa por habitante, podría perder hasta 472 millones de euros. Un recorte «inasumible».

El texto de las alegaciones es mucho más extenso, pero se puede resumir en cinco puntos: mantener el statu quo para que ningún territorio reciba menos de lo que recibe actualmente, evaluar de una forma «más realista» el impacto del envejecimiento a la hora de calcular el coste sanitario, que la orografía adversa de territorios montañosos tenga más peso que la superficie total de cada comunidad autónoma, cambiar la forma para calcular la dispersión geográfica –el Ministerio aplica una fórmula que premia siete veces más a Galicia que a Cantabria a pesar de que tienen características similares– y que la partida extraordinaria que compensa los costes fijos –cuantas más personas usan un servicio, menor es el coste por usuario– solo la reciban las regiones que sufren sus consecuencias.

Todo para evitar un recorte «inasumible» por un modelo contra el que Revilla tiene intención de «dar la batalla» de la mano de otras comunidades de zonas con riesgo de despoblación, tal y como se acordó en la cumbre de presidentes autonómicos de Galicia. Precisamente eso, que diera «la batalla» y dejara a un lado la actitud tibia, era lo que le pedía la líder del PP, María José Sáenz de Buruaga.

Desde Vox, su portavoz, Cristóbal Palacio, afirmaba este lunes que la financiación autonómica no se debe afrontar «sin abordar antes el problema territorial del Estado». «No se están defendiendo los intereses del conjunto de los españoles, más bien se quiere seguir financiando el alto coste de las autonomías y aumentar el poder de los barones territoriales», lamenta.