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Cantabria ya tiene ley para proteger los derechos de las personas con distintas opciones sexuales. El Parlamento de Cantabria ha aprobado hoy, lunes, la ley LGTBI autonómica con el voto a favor de PRC, PP, PSOE y Ciudadanos, que han destacado el consenso alcanzado para dar «este primer paso» hacia la igualdad y la lucha contra la discriminación y el único rechazo de Vox, que la ha tachado de «ideológica» y que considera que la nueva norma «solo» busca generar «discordia». La ley de garantía de derechos de las personas lesbianas, gais, trans, transgénero, bisexuales e intersexuales y no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género está compuesta por 58 artículos.
Por parte del Gobierno, su portavoz, el vicepresidente y consejero de Igualdad, Pablo Zuloaga, ha reivindicado la necesidad de esta ley, que ha enmarcado en el compromiso del Ejecutivo regional con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y que representa un «paso adelante» en la mejora del modelo de convivencia en Cantabria, que acerca a la región a una sociedad más justa.
«Hoy es un día de orgullo. De orgullo por que debemos a las personas LGTBI un reconocimiento y protección a su participación plena en la ciudadanía», ha subrayado Zuloaga, quien ha recordado que fue el PSOE el que impulsó esta ley, que no pudo salir adelante en la pasada legislatura, y que ha agradecido a los colectivos implicados y a los grupos parlamentarios su trabajo intenso para lograr un acuerdo.
En la misma línea, los diputados Emilia Aguirre (PRC), César Pascual (PP), Noelia Cobo (PSOE) y Diego Marañón (Cs) ha incidido en la necesidad de una ley que alcanza a todos los cántabros, pero que, según han precisado, «no representa el final, sino el principio», por lo que han reclamado la implicación de las instituciones y de toda la sociedad cántabra en la lucha contra la discriminación.
El único voto en contra ha llegado de Vox, cuyo diputado Armando Blanco ha argumentado en que se trata de una ley «innecesaria», que tiene, a su juicio, como «único objetivo» el de «crear víctimas» para eliminar derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española como el de que los padres puedan educar a sus hijos conforme a sus valores. Ese argumento ha sido rebatido por el resto de los grupos, que han subrayado que el objetivo es la igualdad de derechos de las personas, independientemente de su opción sexual, y han reprochado a Vox que se haya quedado solo «dando la espalda a los cántabros».
La norma ha salido adelante con 53 enmiendas planteadas por los grupos parlamentarios al texto inicial aprobado por el Gobierno de Cantabria.
Izquierda Unida, formación que no tiene representación en el Parlamento cántabro, ha manifestado su apoyo a la ley «como punto de partida para ampliar derechos», en la línea en que se viene manifestando Alega, la asociación que lucha en Cantabria por los derechos de estas personas. En una nota de prensa, el partido ha reivindicado el trabajo de años del colectivo para arrancar una norma «de mínimos» para igualar a todas las personas.
La coordinadora autonómica Leticia Martínez ha mostrado su satisfacción por el logro alcanzado «por fin» en Cantabria, «tras los bloqueos» a la norma en la legislatura pasada «por parte de todos los partidos del Parlamento». «A partir de hoy, Cantabria garantizará más derechos dotando a una parte de la población, históricamente estigmatizada, maltratada y con consecuencias peores, de los mismos derechos que cualquier otra persona», ha mantenido.
UGT, por su parte, ha felicitado a la Asociación de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (Alega) por «su constante esfuerzo por ver en Cantabria por fin una Ley LGTBI propia, tras cuatro años de trabajo y reuniones en dos legislaturas políticas».
El sindicato subraya que apoya la nueva Ley LGTBI cántabra «aunque sea una normativa legal de mínimos y confirme que aún queda mucho camino por recorrer porque todo queda en medidas futuribles pero sin compromisos cerrados». A sus ojos, esta ley «es mejor que nada» ya que «al menos garantiza unos derechos ante futuras políticas que no lleven por bandera el respeto a los derechos de los demás, aunque parece que surge más por cubrir el expediente que por una preocupación real en el colectivo LGTBI».
De todos modos, el sindicato celebra que, «de una vez por todas, se prohíban las terapias de aversión y advierte que «el colectivo trans sigue siendo el más vulnerable por la patologización al que se le somete.
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Ana del Castillo
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