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Cantabria abrirá 304 centros educativos, todos menos los cinco en los que se imparte exclusivamente Primaria, a partir del 25 de mayo para la vuelta parcial a las aulas que prevé el plan de desescalada del Gobierno central. Una vuelta a clase, voluntaria, ... que se contempla para alumnos de Infantil de hasta 6 años cuyos dos padres trabajen y estudiantes de 2º de Bachillerato, 4º de la ESO, segundos cursos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior y último año de las Enseñanzas de Régimen Especial.
Así lo ha anunciado este miércoles en el Parlamento de Cantabria la consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo, Mariná Lombó, quien ha reconocido que Cantabria se estaba preparando, como la mayoría de las comunidades, para la posible reincorporación de los alumnos que tienen que examinarse de la EBAU y de los cursos finales de etapa, pero no para la vuelta de los de Infantil.
Según la consejera, la vuelta de los menores de 6 años es de «una gran complejidad», aunque ha recordado que se plantea para aquellas familias en las que trabajen de forma presencial ambos progenitores y ha destacado que Cantabria parte con la ventaja de que las ratios de alumno por aula son bajas. «Tenemos claro que no puede haber 20 alumnos por aula y habrá que desdoblarlas«, ha señalado Lombó.
marina lombó, consejera de educación
Ha avanzado también que se ha constituido un comité técnico que analizará cómo adecuar los centros educativos a los requerimientos que establezcan las autoridades sanitarias para la vuelta a las clases, un protocolo en el que está trabajando ahora el Ministerio de Sanidad y que espera que se remita a las comunidades «lo antes posible».
«El desafío en la gestión va a ser muy grande y necesita, en primer lugar y de forma irrenunciable, de instrucciones claras en materia sanitaria», ha enfatizado la consejera.
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En cuanto a los programas de refuerzo en verano, Lombó ha anunciado que, si bien en un primer momento se habló de julio, ahora se baraja el periodo entre el 14 de agosto y septiembre. La Consejería no decidirá quién necesita refuerzo sino que serán los docentes los que lo trasladarán antes del 1 de junio.
Respecto a la EBAU, que se celebrará el 8, 9 y 10 de julio en convocatoria ordinaria y el 8, 9 y 10 de septiembre en extraordinaria y a la que están llamados más de 4.000 alumnos, Lombó ha anunciado que se realizará un esfuerzo por territorializarla, y «al menos» se llevará a cabo en la zona oriental, occidental y en Santander, para «evitar acumulaciones», aunque ello suponga un incremento de docentes.
acceso a la universidad
En relación a la Formación Profesional, también ha cambiado y la Consejería está «a la espera» de las instrucciones del Estado, si bien se contempla integrar en la formación la sustitución de las prácticas por un proyecto o en el caso de la dual, la opción de pasar a otra modalidad y hacer las prácticas después del estado de alarma.
De cara al próximo curso, Lombó ha advertido que «no va a ser igual», porque el espacio de las aulas «es el que es» y habrá que mantener una separación entre alumnos, lo que llevará a «combinar» la enseñanza presencial con la online, siempre manteniendo las medidas de seguridad.
La Junta de Personal Docente de Cantabria, integrada por los sindicatos STEC, ANPE, TU, CC OO., UGT y CSIF, ha manifestado, «con la mayor de las contundencias», su rechazo más frontal al anuncio realizado en sede parlamentaria por la consejera de Educación, Marina Lombó, sobre la reapertura de los centros educativos el próximo 25 de mayo.
A la Junta de Personal le sorprende la «poca responsabilidad» de la consejera, anunciando con un mes de antelación «una medida que está condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos ('marcadores' que ni siquiera han sido explicitados por el Gobierno central) que no sabemos si Cantabria cumplirá el 25 de mayo».
Añade el colectivo que, en el caso de que, efectivamente, Cantabria el 25 de mayo se encuentre en la fase II de la desescalada proyectada por el Gobierno central y la Consejería «persista» en su idea de reabrir colegios e institutos, la Junta de Personal, si no tiene «garantías absolutas» de que los centros reúnen todas las condiciones higiénicas, sanitarias y organizativas para que no se produzcan contagios, «se verá en la obligación de hacer un llamamiento público para que el profesorado no acuda a los centros ni las familias envíen a sus hijos e hijas».
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