Cantabria registró 76 denuncias por okupación de viviendas el año pasado, una cada cinco días

Cantabria experimentó la mayor bajada, seguida por Baleares y Aragón, con descensos respectivos del 20,4% y 18,7% (todas ellas por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde los casos se redujeron un 58% y un 39%). En el lado contrario, la Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja lideraron el aumento de estos delitos, donde crecieron el 13,8%, el 10,1% y el 9,8%, respectivamente. En el conjunto de España, la okupación se redujo levemente entre 2021 y 2022, un 3,2%, pasando de 17.274 a 16.726.

Las cifras del Ministerio recogen las denuncias recibidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre presuntas ocupaciones ilegales de inmuebles, una estadística que no discrimina entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno: el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, porque son calificaciones jurídicas que realiza posteriormente el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia. Según los datos de la Fiscalía General del Estado, recogidos en la memoria de la institución correspondiente al año 2021, solo el 0,85% de los delitos genéricos de okupación se refieren a delitos de allanamiento, mientras que el 99,15% lo son de usurpación. Según la citada memoria, a lo largo de 2021 se incoaron un total de 9.739 procedimientos por usurpación y 83 procedimientos por allanamiento.

Aunque porcentualmente Cantabria encabece esa clasificación en el descenso de okupaciones, no es la región donde el problema resulta menor: en cifras absolutas, La Rioja es la que menos delitos de este tipo sufre, 45, a pesar de que han aumentado (en 2021 tuvo 41). Podría aducirse que la Rioja es también la comunidad autónoma más pequeña del país, pero en el Principado de Asturias, con más territorio y cerca del doble de habitantes que Cantabria, se okuparon menos casas: fueron 68 en 2022, frente a las 79 de 2021. En ese ranking, Cantabria es la tercera.

Como es fácil suponer, las comunidades con mayor población son también las que acumulan más casos de okupación, aunque no sean directamente proporcionales a esta: Cataluña es la región donde más extendido está este delito, con un total de 7.005 casos en 2022 (fueron 7.345 en 2021), seguida por Andalucía (ha pasado de 2.557 a 2.502), la Comunidad Valenciana (allí han aumentado las okupaciones de 1.779 a 2.024), y Madrid (1.660 y 1.501).

La Fundación Civismo emplea otro cálculo para analizar la gravedad del problema, poniendo en relación la cifra total de viviendas con las que resultan okupadas -para ser más exactos, con el número de denuncias por okupación-. Con datos de 2021, Cantabria es la quinta comunidad con menos viviendas okupadas por cada 10.000, por detrás de Castilla y León, Galicia, Asturias y La Rioja, por este orden, y todas ellas por debajo de dos.

Cataluña vuelve a ser la autonomía más afectada mediante esta estimación, con más de 16 viviendas okupadas por cada 10.000. Detrás de ella, y a mucha distancia, Canarias, Baleares, Andalucía, Murcia y Madrid, sin llegar a las seis.

En cualquier caso, se trata de cifras y fórmulas orientativas que ayudan a hacerse una idea de las dimensiones del problema, aunque sin demasiada exactitud. En España no se dispone de una base de datos unificada sobre viviendas okupadas, características de estas y duración de la okupación.

Según puntualiza la Fundación Civismo, en su informe 'La okupación en España: una lacra social y económica', la propiedad de los inmuebles okupados es un factor muy relevante en el aspecto legal. «En caso de que sean propiedad de bancos o fondos de inversión, su okupación sería una usurpación y supondría una multa de tres a seis meses o cárcel de uno a dos años en caso de uso de agravante por violencia o intimidación». En cambio, «el allanamiento de morada supone una condena de seis meses a dos años de cárcel, lo que muestra cómo una condena por usurpación a raíz de la okupación de un inmueble tendría, por lo general, consecuencias significativamente más leves para el okupa».

La amplia diferencia entre el porcentaje de okupaciones consideradas usurpaciones y las que se juzgan como allanamientos puede responder a que gran parte de los propietarios afectados no llegue a denunciar, lo que supondría que las cifras serían mayores de lo que reflejan los datos del Ministerio del Interior. «El motivo detrás de que muchos propietarios no denuncien se halla en la lentitud de los procedimientos establecidos para desalojar a los okupas, que en casos pueden tomar años desde la okupación hasta el desalojo efectivo», se indica en el citado informe de la Fundación.

Para este 'think tank' liberal, «la okupación -amparada por las políticas implementadas por algunos gobiernos autonómicos y municipales-, no ha hecho más que crecer, convirtiéndose no solo en una forma de acción política de algunos movimientos y partidos, sino en un elemento de inestabilidad social e inseguridad muy peligroso en nuestro país».