Cantabria y La Rioja unen fuerzas para que la financiación autonómica atienda el coste real

El documento lo han rubricado este lunes los consejeros cántabros de Presidencia y Justicia, Rafael de la Sierra, y de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, y los riojanos de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, Begoña M. Arregui, y el de Administración Pública y Hacienda, Alfonso Domínguez.

El acuerdo, que será remitido al Gobierno de España, contiene seis puntos que consideran que deben orientar una negociación basada en los principios constitucionales de la igualdad y la solidaridad, que sea además satisfactoria para el conjunto de las comunidades.

El documento se centra en asuntos como el mantenimiento del 'status quo', el reconocimiento de los costes fijos en la prestación de los servicios, el respeto al principio de lealtad institucional y al principio de suficiencia financiera, la potenciación de los mecanismo de solidaridad, así como garantizar una adecuada financiación del Fondo de Compensación Interterritorial.

De la Sierra y Arregui han destacado la importancia de este acuerdo entre dos comunidades con «intereses y problemas comunes» ante el «riesgo o peligro de la modificación del sistema de financiación autonómica», que defienden que tenga como «bases» la atención del coste efectivo de los servicios, así como el coste mínimo que han de asumir las comunidades.

«Este asunto nos preocupa especialmente porque se están empezando a proponer algunas alternativas que consideramos injustas y que permitirían crear una imposibilidad absoluta de que pudiéramos desarrollar las funciones que tenemos derivadas del traspaso de competencias porque no tendríamos recursos suficientes», ha indicado el consejero de Presidencia cántabro.

Su homólogo de La Rioja ha apuntado que ambas comunidades parten de «un carácter compartido en las relaciones con el Estado», centradas en los principios de «lealtad y solidaridad», y sus modelos autogobierno también coinciden en basarse en «el respeto y la solidaridad» y «así se plasma en el documento que hemos firmado».

Ha detallado que, en el acuerdo, Cantabria y La Rioja reivindican «el coste efectivo en la prestación de los servicios públicos», que es algo trascendental en ambas comunidades por las dimensiones de sus territorios y la distribución poblacional, con «muchos núcleos rurales» con una «población envejecida» y la que hay que prestar los servicios con «igualdad y accesibilidad» lo que «resulta más caro» que en otras comunidades.

Arregui ha considerado «importante» el momento en el que se produce este acuerdo bilateral ya que se están negociando los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y, «cuando ha habido más negociación política por parte del Gobierno para los presupuestos, ha habido un fortalecimiento de los regímenes forales (País Vasco y Navarra)».

Ante ello, los dos gobiernos autonómicos han pedido que esas negociaciones no supongan «un menoscabo de la igualdad» entre las comunidades autónomas, más a las que, como Cantabria y La Rioja, sufren el «evidente perjuicio» que genera el «efecto frontera».

Por ello, en el acuerdo se reclama potenciar los mecanismos de solidaridad interterritorial para que los servicios públicos se presten en condiciones similares de calidad a todos los españoles y, en él, consideran que las comunidades acogidas al régimen foral «deberían integrarse en los mecanismos de solidaridad».

Los principios básicos del acuerdo han sido detallados por el consejero cántabro de Economía, Hacienda y Empleo, que ha señalado que, en ellos, Cantabria y La Rioja defienden sus «peculiaridades« para que «se tengan en cuenta» en las negociaciones del nuevo sistema de financiación autonómica.

Además de pedir potenciar los mecanismos de solidaridad, reclaman que «las necesidades de financiación deberán tener como límite inferior la financiación real obtenida por cada Comunidad Autónoma en aplicación del modelo vigente, es decir, mantenimiento del statu quo».

Por tanto, añaden, «es imprescindible la incorporación de esta cláusula tradicional en todas las reformas del sistema de financiación, conforme a la cual ninguna Comunidad Autónoma empeora su posición financiera como consecuencia de la reforma».

En este punto, indican que «tampoco puede buscarse la igualación de la financiación por habitante» ya que, según ha dicho Sota, los «excesos» que reciben algunas comunidades, como es el caso de Cantabria y La Rioja, «no es un privilegio sino que se debe a un mayor coste de prestación del servicio».

Otro de los principios es que la financiación se establezca atendiendo a las «necesidades reales» de las comunidades y que se encuentran «condicionadas por el coste unitario de la prestación de servicios, que no es el mismo para todas las Comunidades Autónomas».

«Esto no es un privilegio como algunos intentar sugerir diciendo que algunas Comunidades están sobrefinanciadas, sino que responde precisamente al coste de prestación de los servicios, particularmente determinados por la existencia de costes fijos», ha manifestado Sota, citando lo que expresamente se señala en el documento.

Y es que, ha insistido, ese es el caso tanto de Cantabria como de La Rioja, las dos comunidades más pequeñas en extensión y con menos población pero en las que los costes reales de la prestación de los servicios «son más costosos» «No estamos sobrefinanciadas sino que el coste de nuestros servicios es mayor», ha dicho, y ha lamentado la «ofensiva» de las comunidades más pobladas con este asunto.

Por otro lado, ambas comunidades piden el «máximo respeto al principio de lealtad institucional», de modo que «se articulen instrumentos para compensar financieramente a las autonomías por decisiones unilaterales del Estado que les supongan hacer frente a mayores gastos por la prestación de los servicios».

Asimismo, en ese punto, consideran que se deberán incluir dentro del modelo aquellos servicios que no formaban parte del sistema como la implantación de la LOMCE o la dependencia.

También apelan a la «potenciación del principio de suficiencia financiera, garantizando que todas las Comunidades Autónomas dispongan de los recursos suficientes para financiar el total de los servicios de su competencia tanto presente (suficiencia estática) como futura (suficiencia dinámica)».

Finalmente, solicitan que el Fondo de Compensación Interterritorial cuente con «una adecuada dotación presupuestaria» y consideran que «la distribución de sus recursos deberá tener en cuenta no solo el nivel de renta de las regiones, sino otras variables que garanticen un reparto más equitativo de los fondos".

El consejero riojano de Hacienda ha ensalzado que ambas comunidades defenderán esta postura en todos los foros y, a partir de ahora, abrirán el acuerdo a otras comunidades autónomas que puedan compartir estos principios en las negociaciones del nuevo sistema de financiación.

Domínguez se ha mostrado seguro de que hay cuestiones del sistema de financiación en las que «encontraremos muchos aliados en otras comunidades autónomas» pero también hay aspectos, como los abordados hoy, que deben ser tratados «de forma bilateral», en este caso entre Cantabria y La Rioja, porque son dos regiones con «características muy similares».

«Es bueno que hayamos fijado los principios comunes y, tras este trabajo, será el momento de abrirnos a otras comunidades autónomas con las que, sin duda, encontraremos muchos puntos de unión», ha señalado el consejero de La Rioja.