Cantabria sacrificó 150 lobos entre 2016 y 2021, la mitad bajo el paraguas de su Plan de Gestión

Defendido siempre por los diferentes gobiernos autonómicos como el único instrumento posible para conseguir el equilibrio entre la supervivencia de la especie y la de la ganadería extensiva, el Plan de Gestión del Lobo fue alumbrado en abril de 2019 como contrapeso a la acción natural de las manadas de lobos que viven asentadas en la región -se calcula que son unas 23-, para reducir sus ataques y minimizar, así, los perjuicios económicos causados por ellas al sector primario.

Bajo el paraguas de ese plan, que llegaría dado de la mano regionalista de Guillermo Blanco, en Cantabria fueron sacrificados 41 cánidos en 2019, 36 en 2020 y cinco en 2021, cuando la entrada en vigor de la orden que prohibía terminantemente su captura echó por tierra los planes del Gobierno regional, que ese año tenía planificada la extracción de hasta 34 ejemplares.

A esta cifra, 82, hay que añadir la eliminación de otros 68 más (27 en 2018, 13 en 2017 y 28 en 2016) que fueron capturados en los tres años anteriores a la entrada en vigor del plan gestor, y que, con los primeros, suman un total de 150.

De la importancia de estas extracciones selectivas dan prueba las cifras de la actividad lobera -los números de ataques y de reses muertas en cada uno de ellos- recogidas de los últimos años, que, obviamente, se han disparado desde que el lobo fue incluido en el listado de especies de especial protección.

Acotados a los tres ejercicios en los que el Plan de Gestión estuvo en vigor, 2019, 2020 y 2021, los datos muestran no solo una sorprendente paridad entre sí sino también una tendencia soportable para el sector, que en este caso siempre ha sentido el respaldo institucional.

Según la información que maneja la Consejería de Ganadería, en ese arco temporal, en el que se fueron sacrificando 82 lobos, se contabilizaron oficialmente 3.118 ataques que se saldaron con la pérdida de 5.065 cabezas de ganado bovino, caprino, ovino y equino. Un promedio de 2,8 ataques diarios.

Circunscritos a los tres ejercicios en los que ha estado prohibido cazar a estos grandes carnívoros, cuya población, evidentemente, ha ido incrementándose, los números se hacen ya mucho menos soportables.

Conforme a la misma fuente, entre los años 2022, 2023 y 2024 -del que solo hay datos disponibles hasta el mes de octubre- se contaron 5.829 ataques en los que murieron hasta 7.133 reses. El número de los ataques duplica prácticamente a la anterior, elevando la media diaria a 5,3. El precio de tener al lobo campando a sus anchas por el 80% del territorio regional, que es la superficie por la que las autoridades creen que se desplaza ya, no ha sido menor para los ganaderos y para las arcas regionales, que han tenido que asumir buena parte de ese coste.