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El actual modelo de financiación autónomica entró en vigor en 2009, en principio, con un periodo de vigencia de cuatro años. Eso quiere decir que el sistema aprobado durante el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lleva casi una década caducado. Desde entonces, ... hay territorios que claman al Ministerio de Hacienda para su revisión con nuevos criterios más favorables para sus intereses y otros que, al contrario, apuestan por no tocar nada. En ese segundo grupo está Cantabria, que un año más repite como el territorio más beneficiado y que teme que la anunciada reforma pactada por el PSOE y sus socios para propiciar la investidura de Pedro Sánchez le haga perder posiciones.
El aumento general de los recursos -el Gobierno de España repartirá a partir del próximo enero un 8,3% más que durante este ejercicio- hace que Cantabria alcance la cifra récord de 2.332 millones de euros, frente a los 2.159 de los que se partía. De esta forma se mantiene como la región del país que más ingresos tendrá por habitante. Evidentemente, por su mayor dimensión, otros territorios tendrán un cheque de una cuantía superior, pero en términos relativos Cantabria es la gran triunfadora con 3.984 euros por vecino, una cifra sensiblemente superior a los 3.693 euros por habitante actuales y a los 3.898 euros que tendrá en 2024 La Rioja, la segunda comunidad autónoma del ranking. Una tabla que no cambia excesivamente -Extremadura y Galicia escalan un puesto y adelantan a Castilla y León y Aragón, respectivamente- en relación a la situación del ejercicio anterior.
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El reparto del dinero no es una decisión del Gobierno central de turno. El actual modelo hace las cuentas en base a la población protegida equivalente, una variable que divide a la población en siete grupos en función de las edades y que tiene un peso del 38%. La población total cuenta el 30%, la población en edad escolar entre cero y 16 años un 20,5% y la población mayor de 65 años otro 8,5%. Además, atiende a la superficie del territorio (1,8%), la dispersión de la población (0,6%) y la insularidad (0,6%). Con ello, en teoría, salen unos números que dan más dinero a aquellos territorios a los que les resulta más caro prestar los mismos servicios. Por ejemplo, no requiere igual esfuerzo desplazar en autobús al colegio a 1.000 niños en un barrio de Madrid que a mil niños repartidos por multitud de pequeños pueblos de Cantabria.
Por eso el Gobierno regional, antes con el bipartito y ahora con el PP, defienden que el nuevo sistema atienda al coste efectivo de los servicios, no a la población, como piden los territorios con más personas censadas. Pero la cosa no pinta bien. Con la primera propuesta que la ministra María Jesús Montero dio a conocer en 2022, Cantabria perdía 350 millones de euros al año no porque los criterios fueran excesivamente lesivos, sino porque eliminaba varios fondos de compensación de los que ahora se benefician las regiones pequeñas. De salir adelante ese modelo o uno similar haría inviable el autogobierno. Lo decía Revilla y lo dice ahora Buruaga.
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Ana del Castillo
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