Cantabria es la única comunidad que sube el sueldo de los empleados de la dependencia

Su titular, Ana Belén Álvarez, llevó el pasado lunes al Pleno del Parlamento la propuesta, aprobada por unanimidad por todos los grupos, para modificar la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de marzo, de Derechos y Servicios Sociales, de tal forma que se actualicen los precios públicos de las plazas concertadas en residencias y centros de día -la 'tarifa' que abona la Administración a la empresa que presta el servicio- acorde a los incrementos salariales previstos en el convenio del sector.

En otras palabras, que será el Gobierno regional el que asumirá la diferencia para «favorecer la mejora de las condiciones laborales» de las personas dedicadas al cuidado de los mayores y colectivos con discapacidad. «Reconocer salarialmente el trabajo que realizan es indispensable si queremos avanzar en la profesionalización del sector», dijo la consejera, conocedora de los bajos sueldos que perciben (997 euros un gerocultor y 984 el personal de ayuda a domicilio, según CC OO) y que es una de las razones que explican las dificultades para encontrar sustitutos cuando se acumulan las bajas, como ha ocurrido cada vez que han repuntado los contagios de covid.

Esta mejora contribuirá a «retener el talento, de forma que podamos contar con profesionales especializados que no huyan a otros sectores a la mínima oportunidad, y con ello, dar estabilidad a las plantillas», lo que redundará «en una atención cada vez de mayor calidad y centrada en las personas», explicó la consejera. Con esta iniciativa, añadió, «Cantabria vuelve a situarse a la vanguardia de España en el despliegue de la dependencia y la discapacidad». Y lo hace, además, con «una solución de presente y de futuro», ya que «no solo compromete al Gobierno actual, sino también a los venideros».

Con los trámites en marcha para hacer efectivo el cambio legislativo -la fecha objetivo es el mes de junio-, el Gobierno ha encargado un estudio económico para cifrar el coste de esta medida, que se calcula que puede rondar los cinco millones de euros anuales. Hasta ahora, el presupuesto para el pago de las plazas concertadas en la red de dependencia asciende a 85 millones de euros. «La Consejería de Políticas Sociales no será un obstáculo en la negociación colectiva sectorial, ni en el cumplimiento del convenio como consecuencia del precio público», defendió Álvarez.

La patronal ya hacía tiempo que venía advirtiendo del «problema que se nos venía encima», recuerda Rubén Otero, presidente de FED Cantabria, porque el margen de beneficio no da para hacer frente a esa subida. «Muchos centros entrarían en pérdidas», opina. De ahí que tanto FED como Lares aplaudan la iniciativa de la Consejería de Políticas Sociales: «Cantabria ha sido la primera comunidad que se ha sentado con empresarios y sindicatos para buscar una solución. Es un paso importantísimo», sostiene Otero. Ambas entidades agradecen a la consejera y a todos los grupos parlamentarios «su sensibilidad en el apoyo a nuestro esfuerzo con los trabajadores del sector, permitiendo que la subida salarial no merme la capacidad de inversión de los centros de atención a la dependencia y discapacidad que representan en otro tipo de mejoras que beneficien a nuestros trabajadores facilitando su trabajo y reforzando la calidad en la atención a las personas usuarias de los centros».