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Durante la Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre en el Palacio de La Magdalena, la presidenta de Cantabria se posicionó rotundamente en contra de la ... quita de deuda propuesta por Pedro Sánchez. Esta herramienta se concibió para pagar a ERC los votos a favor de la investidura del líder del PSOE, pero el Gobierno de España planteó extenderla al resto de autonomías para acallar las críticas generalizadas por el trato de favor a Cataluña. La medida quedó entonces en el aire, pero la ministra de Hacienda la aterrizará mañana durante una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la que las comunidades gobernadas por el PP harán frente común contra ella. Incluida Cantabria, que mantendrá su postura en contra a pesar de que supondría una rebaja de 809 millones de euros del dinero que le debe al Estado, además de los intereses anuales correspondientes. Esto supondría reducir la deuda cántabra en un 24% respecto al cierre registrado en 2023.
Fue ayer, solo dos días antes de celebrar en Madrid el cónclave con los consejeros de Economía de los gobiernos autonómicos, cuando la vicepresidenta María Jesús Montero anunció su intención de condonar 83.252 millones de euros de las comunidades autónomas de régimen común. Es decir, todas menos País Vasco y Navarra.
«Se trata de un esfuerzo sin precedentes que beneficia a todas, tengan o no deuda con el Estado», señaló Montero. La ministra de Hacienda emplazó a todas las comunidades a tener «un debate constructivo y en positivo» sobre esta medida en el Consejo de Política Fiscal. «Creo que sería difícil de entender para los ciudadanos rechazar algo así», opinó.
Cantabria es una de las comunidades a las que menos le afectaría, en volumen, esta medida de Moncloa. Su deuda total –incluida la de los bancos– asciende a 3.248 millones de euros. De esa cifra, 3.019 millones corresponden a los fondos de financiación del Estado. De ese modo, si se mantuviera la propuesta de condonar parte de ella, la región se vería beneficiada en los citados 809 millones de euros, 200 más de los previstos en un principio. A pesar de ello, Cantabria estaría a la cola de esas rebajas. Solo La Rioja (448 millones) tendría un acuerdo peor.
En un primer momento, ni María José Sáenz de Buruaga ni su consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, quisieron ayer comentar la postura cántabra ni los detalles sobre la reunión del Consejo. El primero en hacerlo fue Alberto Núñez Feijóo, que adelantó la negativa de todas los gobiernos 'populares'. «Van a votar que 'no' a la desigualdad, a que se premie la mala gestión, a los privilegios y a la compra de la Presidencia del Gobierno con pago en efectivo del dinero de todos los partidos», declaró el líder del PP.
Casi al mismo tiempo dieron su opinión los presidentes de Andalucía, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana y Castilla y León. Todos del PP y todos acusando a Pedro Sánchez de hacer «una oferta trampa» y «un traje a medida para Cataluña». No fue hasta varias horas después, en un escueto mensaje en sus redes sociales, cuando Buruaga comentó lo que ya era evidente en ese momento, que Cantabria dirá 'no' a la propuesta del presidente del Gobierno central.
«¡Que no nos engañen! La condonación de la deuda es una maniobra trilera. La deuda no se evapora, se distribuye entre todos los españoles, que salimos perdiendo para que Sánchez siga en Moncloa con el voto del independentismo. Es un trágala que perjudica a Cantabria», subrayó la presidenta regional.
Para determinar el reparto entre territorios, Hacienda ha utilizado el criterio de población ajustada entre 2010 y 2022 —la cantidad de habitantes corregida por variables geográficas y demográficas, como el envejecimiento–, aplicándola al 75% del importe a condonar, que suponen unos 60.000 millones. El objetivo es que la quita media del conjunto de territorios sea del 19% sobre esta cifra. Después, en la denominada fase 2, los técnicos del Ministerio han aplicado un ajuste para elevar la condonación de aquellos territorios que se quedarían por debajo esa media, lo que supone añadir en la distribución 11.514 millones.
En una tercera fase se han aplicado dos correcciones más. La primera, en función de la infrafinanciación que sufren algunos territorios, considerando el periodo entre los años 2010 y 2022, principalmente la Comunidad Valenciana o Murcia, pero también Andalucía y Castilla-La Mancha –reciben del sistema de financiación recursos por debajo de la media, una situación que explica parte del endeudamiento–.
En segundo lugar, se ha premiado el ejercicio de competencias normativas al alza entre 2010 y 2022, básicamente en el IRPF, un impuesto que el Estado comparte con las comunidades autónomas. En función de estos dos supuestos se han añadido 10.579 y 917 euros al total, respectivamente.
De acuerdo con Hacienda, este planteamiento podrá suponer un ahorro en intereses para las comunidades de hasta 7.000 millones de euros y ayudaría a las regiones a volver a financiarse en los mercados, con la meta última de desenchufarse poco a poco de los mecanismos extraordinarios de liquidez cuyo emblema es el FLA y al cual varios territorios siguen acogidos.
En base a esta metodología, el Ministerio de Hacienda ha detallado la propuesta de condonación total a todas las comunidades autónomas, aunque ha recordado que la decisión final recae en cada Gobierno regional, que tendrá que decidir si quiere este planteamiento.
En cualquier caso, Andalucía y Cataluña serían las comunidades autónomas más beneficiadas con esta propuesta, ya que el Estado asumiría 18.791 millones de euros en el caso de la primera y 17.104 millones en el caso de la segunda, acaparando más del 43% del total entre las dos.
La medida, después de debatirse en el Consejo de Política Fiscal, donde se augura un fuerte enfrentamiento, necesitará para prosperar de una ley orgánica que se tendrá que votar en las Cortes y una batería de reuniones bilaterales con cada territorio. La previsión del Gobierno de España, si no hay imprevistos, es que la normativa esté lista para fin de año.
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Ana del Castillo
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