El 21% de los cántabros vive en la «exclusión residencial» y no tiene una «vivienda digna»

En ese contexto -necesario para que los números no se queden sólo en eso, en números- hay que ubicar el dato. El 21% de los cántabros aparece en lo que se denomina exclusión residencial. O sea, la situación que genera el no poder acceder a una vivienda digna que reúna las condiciones necesarias para un desarrollo adecuado. Según este trabajo, 44.761 personas residen en la comunidad autónoma en una «vivienda inadecuada» y 21.924 en una «insegura». Eso sí, la región cuenta con unos porcentajes menos dolorosos que otras comunidades en todos los parámetros. Cantabria está por debajo de la media en riesgos.

Los números salen de Foessa (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), una entidad vinculada a Cáritas que edita numerosas publicaciones. En concreto sale de su 'VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España'. Lo primero es concretar significados. Cuando se refieren a vivienda «insegura» agrupan en este apartado a aquellas con una «tenencia en precario», en amenaza de expulsión para sus habitantes o en preocupantes situaciones concretas como el maltrato, por ejemplo. Un hogar, podría resumirse, en 'tensión'. Inestable. El informe concreta que en esa situación se encuentra el 3,8% de la población regional (y el 3,3% de los hogares). Casi 22.000 personas distribuidas en unas 8.000 viviendas repartidas por el mapa de la comunidad autónoma. Proporcionalmente, sólo Andalucía, La Rioja y Aragón cuentan con niveles más bajos (la media nacional es del 4,5%). O sea, que sólo allí andan algo mejor.

44.761

personas viven en Cantabria en viviendas calificadas como «inadecua

El segundo grupo es el que se refiere a la vivienda «inadecuada». Este es más amplio. En el significado y en el número de afectados. Comprende los casos de inmuebles con deficiencias constructivas, falta de suministros, hacinamiento, barreras arquitectónicas... Desde chabolas a edificios antiguos llenos de humedades o desperfectos que no se pueden arreglar porque no hay con qué pagarlo. Aquí se subraya «la enorme repercusión que tiene en la salud de las personas y, por extensión, en el sistema sanitario». En esto Cantabria también mantiene, con holgura, una situación mejor que la media del país (está en el puesto once entre las 17 comunidades autónomas). Un porcentaje del 7,7% frente al genérico del 9,9%. Pero, en términos absolutos, así viven casi 45.000 cántabros, una cifra que no es nada desdeñable.

En general -analizando la situación en España-, el informe concluye que la cifra de hogares en exclusión se reduce, pero, tras la crisis, lo que no se ha conseguido rebajar es el dato de las familias que tienen dificultades para cubrir los costes que supone tener -y mantener- una vivienda. Los autores del trabajo describen un panorama que, al leerlo, recuerda al de una pescadilla que se muerde la cola. Los mayores problemas están en el pago de los suministros y en los alquileres. Sobre todo, en lo segundo.

La crisis dejó a muchos sin posibilidad de adquirir una vivienda y propició un aumento de la demanda de alquiler. Sin embargo, con una oferta que ha crecido poco en este sentido, los precios han ido aumentando. Resulta curioso que una solución a la que se ven abocados los que menos recursos tienen sea cada vez más costosa. Porque los que están peor son los que más recurren al alquiler y éste es cada vez más alto. Está constatado, de hecho, que el esfuerzo económico que supone para una familia pagar una renta es ahora mayor que hace unos años.

21.924

personas residen en hogares que el informe define como «inseguros».

¿Y qué dicen desde las instituciones? «Es un informe preocupante, que merece la pena seguir y estudiar, pero no debe ser alarmante si tenemos en cuenta, sobre todo, la comparación con el resto de comunidades», resume el consejero en funciones de Obras Públicas y Vivienda, José Luis Gochicoa. En su análisis, Gochicoa habla, de entrada, de una estadística muy vinculada «a las consecuencias de la temporalidad en el empleo que afectan España en general» y también a los «endeudamientos de la etapa del 'boom' económico previo a la crisis». «Pero sí que queremos resaltar -explica- las medidas del Gobierno de Cantabria tanto para mediar con el sector financiero, con los bancos, como para utilizar el parque de vivienda pública y que la situación de riesgo no se traduzca en personas sin hogar».

El consejero reconoce que el riesgo «existe», pero que no se ha «traducido en esa situación real de familias sin hogar». «Existiendo, no ha dado lugar a lanzamientos a los que no se haya dado una alternativa. No tenemos casos a los que no se haya dado una solución». Gochicoa insiste, del mismo modo, en que los porcentajes de Cantabria en todos los ámbitos del estudio son inferiores a los medios del país «y también iguales o inferiores a los de las comunidades de nuestro entorno». Y pone como ejemplo los datos del País Vasco, una de las comunidades «que ha contado con más medios en materia de vivienda», señala el consejero.

También desde el Ayuntamiento de Santander hablan de medidas (sin dejar de recordar que las «competencias en materia de vivienda corresponden al Gobierno de Cantabria»). Hablan del Fondo de Emergencia Social, dotado con 1,2 millones de euros anuales en ayudas directas a las familias -que se destinan a cuestiones diversas como el pago de rentas o el arreglo de un electrodoméstico, por ejemplo-, o de la «Oficina de prevención de desalojos, que atendió 65 casos en su primer año de actividad». En el Consistorio destacan también, entre otras acciones, la labor de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS), «con más de 1.100 viviendas ya entregadas» en la ciudad y la intención anunciada de «promover más de quinientas nuevas viviendas asequibles» en esta legislatura.

Mucho menos optimista es la valoración que hacen del informe desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con una intensa actividad en este ámbito en los últimos años y muy visible, sobre todo, en los casos de desahucio. «Dando por buenos los datos, porque desconozco en profundidad el informe, me parecen incluso bajas las cifras que dan si las comparamos con las que manejamos nosotros», asegura, de entrada, uno de sus portavoces, Iñaki Vía. Con todo, ciñéndose a ese 21% que el estudio coloca en «exclusión residencial», Vía saca conclusiones. «Que uno de cada cinco cántabros está ye excluido es una absoluta barbaridad».

Desde su colectivo insisten en que los motivos para llegar a esta situación «se vienen arrastrando». «Cantabria -explica- tiene transferidas las competencias en materia de vivienda desde hace mucho tiempo y no tiene todavía una Ley de Vivienda. Esta ley no será, seguramente, la panacea que lo solucione todo, pero sí una herramienta indispensable para acometer muchas cuestiones, sobre todo en materia de viviendas sociales».

Vía relata que esa es su reivindicación desde hace dos años. La ley. Que se la pararon, que volvieron a la carga recogiendo firmas y que consiguieron llevarla hasta el Parlamento, pero que allí quedó paralizada ante el final de la legislatura. «Nuestra idea es volver a ponerlo en marcha. Que se discuta y que se debata y que eso no impida que se desvirtúe».

Y se anticipa, de hecho, a la justificación. «Siempre nos dicen que los recursos son limitados. Pero nosotros, cualquiera, en cada casa, somos expertos justo en eso. En contar con recursos limitados, gestionar y tener prioridades. ¿A un ciudadano le van a contar lo que es tener recursos limitados? El tema es si para este Gobierno, el anterior y el anterior del anterior la vivienda ha sido una prioridad». O sea, dice, cuestión de «voluntad política».