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Las voces disonantes en torno a la prohibición de cazar al lobo siguen emergiendo. El diputado por Cantabria y portavoz de Economía en el Congreso, ... Pedro Casares, ha roto con la línea del PSOE en el Gobierno regional y con el propio Ejecutivo, y ha respaldado la prohibición de cazar al lobo, alineándose así con la postura de los socialistas en el Gobierno nacional y el propio Ministerio de Transición Ecológica. Casares se apoya en tres ideas, que el lobo «actúa en selectivo» atacando solo animales enfermos, que la inclusión de los cánidos en el Listado de Especies de Protección Especial «mejora la cohabitación de la especie con la ganadería» y que, de esta forma, España se suma la política que mantiene Europa.
No es el único socialista en Cantabria que se ha posicionado en contra de la línea del Gobierno regional que ha iniciado una cruzada contra los planes del ministerio. Javier García Oliva rompió la disciplina de voto el pasado 22 de febrero, cuando todos sus compañeros en el Parlamento respaldaron una iniciativa que pedía dejar sin efecto la nueva protección.
Casares ha señalado en declaraciones a este periódico que la protección del lobo ha generado «un debate ficticio, alejado de la realidad» porque entre los ministerios de Transición Ecológica y de Agricultura - su titular llegó a cuestionar la medida en un principio- hay acuerdo y existe «una interlocución abierta» con los sectores afectados.
En su opinión «el lobo es una especie que actúa en positivo, depredando selectivamente sobre animales silvestres enfermos y coadyuvando así a evitar la extensión de estas enfermedades, como ha sido demostrado por la ciencia». De hecho, cree que la inclusión de las poblaciones de lobo en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) «mejorará la cohabitación de la especie con la ganadería y garantizará las indemnizaciones por daños a la ganadería extensiva en Cantabria».
Y es que, a juicio del diputado, el principal problema que tienen los ganaderos no es el lobo sino que están «asediados por bajos precios, altos costes, problemas de saneamiento y otro sin fin de problemas a los que debemos atender prioritariamente». Por eso cree que hay que mejorar las campañas de saneamiento -ya que las enfermedades causan grandes pérdidas económicas- ; acompañar a los ganaderos con «ayudas justas que se paguen a tiempo», y reconocer el valor de la ganadería extensiva apoyándola y compensando las dificultades y reduciendo los daños con medidas preventivas y de defensa.
A su juicio, la inclusión del lobo en el Listado Lespre sitúa a España junto a los países de su entorno, se ajusta a los informes científicos y a los objetivos de pérdida de biodiversidad. Eso sí, reconoce que «la ausencia de un marco general provoca que no haya actualmente regulación específica para asumir pagos indemnizatorios por responsabilidad patrimonial directa de las administraciones públicas en comunidades como Castilla y León o Galicia».
Mientras los movimientos para revocar la prohibición de la caza se suceden. Foro de Asturias, PP y Vox han pactado un texto que será sometido este jueves a votación en el pleno del Congreso para que la Cámara Baja inste al Gobierno a reconsiderar su decisión de incluir todas las poblaciones de lobo en el Lespre. Además, la iniciativa pide que se trabaje en Europa para que la especie también sea considerada cinegética al sur del Duero.
Además, la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) se ha sumado al «rechazo absoluto» del Gobierno cántabro a la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica y el consejero de Ganadería y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y la junta directiva de la FMC han firmado este miércoles el acuerdo de adhesión por el que la organización que engloba a los 102 ayuntamientos se suma a la 'Carta Abierta en apoyo a una gestión del lobo basada en el respeto al mundo rural, el consenso social y la coexistencia'.
Una iniciativa promovida por Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León, a la que se han sumado otras cinco comunidades autónomas (País Vasco, Aragón, Madrid, Murcia y Andalucía), la ciudad autónoma de Ceuta y las Organizaciones de Profesionales Agrarias (OPAS) a nivel nacional UPA, Asaja y COAG.
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