A la caza de la mascarilla fraudulenta

España no ha sido una excepción. Se han importado y distribuido legalmente protectores sin eficacia certificada. Un ejemplo claro es que el propio Gobierno autorizó en marzo la llegada de material sanitario con especificaciones técnicas diferentes a las normas de la UE. Como las famosas mascarillas KN95, nomenclatura que responde a la normativa china. La laxitud en los controles abrió además una puerta a la picaresca de productores y distribuidores, que vieron una rendija para colar en el mercado mascarillas sin los requisitos habituales.

Ahora que el problema de abastecimiento ha quedado atrás -al dispararse la producción en China o las fábricas locales- es hora de reordenar el tráfico. En España se han retirado del mercado diez modelos de mascarilla. Presentaban irregularidades y no cumplían la normativa. Son tres tipos de tapabocas higiénicos, uno de ellos infantil, y siete EPI. El motivo principal para prohibir su venta es que la capacidad de filtrado que se atribuyen no se corresponde con la realidad. La relación aparece en la red de alertas del Ministerio de Consumo.

A la vez, el Gobierno ha prorrogado hasta fin de año el permiso para comercializar EPI sin marcado CE, entre ellos, mascarillas tipo KN95. La autorización vencía en septiembre, pero la existencia de 'stock' con permiso de venta ha llevado al Ejecutivo de Sánchez a permitir que estos protectores puedan comercializarse hasta el 31 de diciembre. A partir de ahí solo podrán venderse mascarillas con certificado CE.