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El envejecimiento de la plantilla de los funcionarios de prisiones -la edad media del personal penitenciario en Cantabria está en los 55 años- y que el Ministerio del Interior reconoce que tiene 74 puestos de trabajo presupuestados sin cubrir entre El Dueso y el ... centro de inserción José Hierro, ha llevado a Comisiones Obreras a denunciar la degradación laboral de las prisiones cántabras. «Próximamente 35 efectivos más podrán jubilarse, lo que sin duda llevará al colapso del servicio público penitenciario en la región, ya que uno de cada cuatro puestos de trabajo estaría vacante», han apuntado este jueves en rueda de prensa la secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciarias, Silvia Fernández; y el responsable de Salud Laboral y Negociación Colectiva, José María López.
«El grave problema de las agresiones que sufre el personal penitenciario, el absentismo laboral, el elevado índice de suicidios en prisión o los incidentes protagonizados por la población reclusa» son otras de las situaciones que el sindicato pone encima de la mesa y que atribuyen directamente «a la falta de personal». Además, denuncian que «el Ministerio del Interior intenta frenar la descapitalización de los recursos humanos con una política penitenciaria generalista y de propaganda de terceros grados para acelerar el descenso de la población reclusa a nivel nacional». «Sólo así -dicen- puede entenderse que estén sin cubrir el 30% de los puestos de trabajo en el centro de inserción social José Hierro, que es dónde cumplen los terceros grados y que cerca de un centenar de presos tengan que cumplir su condena en su domicilio en Cantabria mediante el control telemático de una pulsera».
Según los representantes de los trabajadores, al «grave problema de la falta de personal» se suma, el incremento de las patologías mentales y es que las prisiones se han convertido «en los manicomios del siglo XXI», según indican los responsables del área en el sindicato. «El Ministerio del Interior está empeñado en abordar el aumento de las patologías psiquiátricas invirtiendo en más ladrillo, reutilizando un macro proyecto de prisión en Siete Aguas (Valencia) del año 2010 y convertirlo en un macro psiquiátrico penitenciario para concentrar los servicios de psiquiatría de las prisiones españolas». Para CCOO, «la solución pasa por integrar la salud mental en los servicios sanitarios de las comunidades autónomas». Además, y al igual que los Jueces de Vigilancia Penitenciara, desde Comisiones exigen «la urgente creación de unidades psiquiátricas penitenciarias en cada comunidad autónoma, para evitar el desarraigo social, y dotadas con los medios necesarios y personal especializado».
Por último, CCOO denuncia «la marginación de las prisiones cántabras ya que teniendo las mismas cargas de trabajo y riesgos laborales que el resto de centros tipo, su personal cobra hasta 500 euros mensuales menos dentro del mismo Ministerio del Interior.»
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