Un centenar de empresas de la región reclama nueve millones al Gobierno central por el covid

Y lo han hecho de la mano de Estudio Jurídico Santander, una sociedad integrada por cuatro abogados de la capital cántabra que se ha creado para formular todo tipo de reclamaciones por los daños derivados de la normativa covid.

Actualmente, esta sociedad está tramitando reclamaciones de cerca de 400 negocios de todo el país, gestionados tanto por sociedades como personas físicas, lo que supone un importe total próximo a los 30 millones de euros.

La mayor parte de los negocios que han reclamado pertenecen a los sectores de agencias de viajes, hostelería y comercio de Cantabria, Comunidad Valenciana, País Vasco, Galicia, y Andalucía. Según comenta, Jesús Vélez, uno de los integrantes de esta sociedad y letrado de la Asociación de Hostelería de Cantabria, «la gestión de estas reclamaciones es perfectamente posible por cuanto se lleva a cabo de forma telemática y mediante la intervención de procuradores en las sedes donde se interviene».

No obstante, este grupo de abogados tienen una oficina en Santander (calle Lealtad 19, entresuelo izquierda).

Vélez asegura que, en la actualidad, la mayor parte de las reclamaciones derivadas de la normativa y consecuencias del estado de alarma se encuentran presentadas ante el Consejo de Ministros, como fase previa obligatoria, para posteriormente interponerse ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que preside César Tolosa, en caso de que en el camino no se alcancen acuerdos o no se resuelva en sentido favorable.

Según los componentes de Estudio Jurídico, todos ellos con más de veinte años de antigüedad en el ejercicio de la abogacía, «existe un abanico de posibilidades de resultado favorable para todos aquellos que hayan formulado reclamación, a la que no podrá añadirse nadie más pasado el 21 de junio de 2021, por efectos de la prescripción».

Vélez asegura que tras estas primera reclamaciones con motivo del cierre total de los negocios durante los primeros meses de la pandemia, vendrán otras de otro tipo, ya que el primer estado de alarma finalizó ese 21 de junio de 2020, pasando a manos de los gobiernos autonómicos la gestión de la crisis sanitaria.

Estas reclamaciones irán dirigidas no solo al Gobierno de Cantabria sino al Ejecutivo central «por ser el que dio la cobertura las comunidades autónomas para dictar resoluciones sobre la pandemia». En este caso se encuentran unas 400 peticiones presentadas por hosteleros que están al margen de esta sociedad de reciente creación. «Algunas de estas reclamaciones puede servir para que el Supremo cree jurisprudencia sobre este tema».