Los cinco acusados de introducir cocaína a través del aeropuerto aseguran que no se conocen

Los acusados, naturales de Colombia y de República Dominicana, son dos hombres y dos mujeres -un matrimonio y una expareja residentes en Santander y Maliaño- y un trabajador del aeropuerto cántabro, cuya misión era, supuestamente, evitar que la mercancía pasara los controles de seguridad.

El vínculo entre ellos es otra pareja, que se encuentra actualmente en rebeldía por haberse dado a la fuga, que vivía en el piso de Santander de una de las acusadas y es hermana del acusado del matrimonio que vivía en Maliaño.

En el juicio, el fiscal ha retirado la acusación a este último por «no poder asegurar su participación» y ha mantenido la petición de penas de cuatro años de prisión y multa de 12.000 euros para el resto por el delito de tráfico de drogas, y nueve meses de cárcel por pertenencia a grupo criminal -este último para todos salvo para el trabajador del aeropuerto.

En la sesión, celebrada en la Audiencia Provincial de Cantabria, se han reproducido conversaciones de uno de los dos teléfonos del trabajador del aeropuerto, que fue intervenido por la Policía. Según el fiscal, el acusado habla «en lenguaje encriptado» con el fugado y con miembros del grupo criminal en Madrid, que fue desmantelado y operaba en «varios» aeropuertos, entre ellos el de Santander, desviando los controles aduaneros.

Asimismo, se le han mostrado conversaciones e imágenes de su teléfono en las que aparece un paquete con un número de identificación que corresponde con el que fue entregado después a la fugada y a una de las acusadas en un piso de Maliaño, valorado en 12.000 euros.

Además, el fiscal sostiene que en el momento de su detención «tenía consigo» 600 euros y ropa para una posible fuga al enterarse de que se había detenido ya a los miembros de la banda en Madrid.

El trabajador del aeropuerto no ha reconocido ninguno de estos extremos y ha asegurado que el dinero era para pagar un nuevo motor para su coche, que estaba en el taller, y que es «imposible» haber cometido los hechos de los que se le acusa porque «no hay controles» en el aeropuerto de Santander, ya que su compañía solo realiza viajes europeos y aquellos en los que vendría la droga hacen escala en Madrid.

Por otra parte, la acusada que residía en el piso de Santander junto a los fugados ha dicho que su ex pareja -también acusado- ya no vivía con ella en el momento de la detención, que se llevó a cabo en 2014 al encontrar durante el registro de la vivienda cocaína de distintas purezas, papelinas, una báscula de precisión, recortes circulares de plástico, etcétera.

En el piso del matrimonio, en Maliaño, fue donde se entregó el paquete que contenía 100 gramos de cocaína, cuyo número coincidía con la fotografía del móvil intervenido. La pareja ha asegurado que no dio su consentimiento para que los fugados, que se encontraban en el portal esperándolo, pusieran su dirección en la entrega.

Concretamente, tal y como han testificado los agentes del servicio de vigilancia aduanera y de la Policía Nacional, uno de los miembros del operativo se disfrazó de repartidor y llevó a cabo la entrega del paquete a la fugada, subiendo ambos al piso de Maliaño donde se encontraba la acusada y «sin lugar a dudas lo esperaban las dos», han afirmado los agentes.

Por ello, se procedió a la detención de ambas, y también a la del marido de una de ellas, que ya no figura como acusado, así como al registro de la vivienda, en la que se encontró dinero y un cuaderno con anotaciones con cifras y nombres que, según uno de los agentes, eran «las habituales» en este contexto. Además, ha señalado que no tiene «ninguna duda» de la relación de todos los acusados y de la actividad que realizaban.

Sin embargo, la acusada ha explicado que usaba el citado cuaderno en el año 2003, cuando estudiaba en Colombia, y apuntaba en pesos las cantidades de dinero que le daban su madre y su tía, así como los gastos de transporte y las compras que le hacían sus compañeras de clase, ya que vendía comida y bisutería.

Los abogados de los cuatro acusados han pedido sentencias absolutorias para sus defendidos y han coincidido en que «ninguna diligencia pone de manifiesto un enlace» entre ellos, así como en la inexistencia de un grupo criminal, además de que han acusado a la Fiscalía de haber elaborado sus conclusiones con «meras conjeturas».