El Gobierno cobrará los rescates en cueva a quien no comunique previamente la entrada

No se tocan los impuestos, que en 2022 ni suben ni bajan, pero sí hay matizaciones en algunas tasas relacionadas con los puertos deportivos, caza, pesca en ríos o ganadería. Y especialmente llamativo es la modificación de la tasa por servicios de extinción de incendios, rescate y salvamento en lo relativo al espeleosocorro. Desde hace algo más de un año, el Gobierno ya pasa la factura cuando queda demostrado que la intervención del 112 es consecuencia de una negligencia de la persona que requiere el servicio. Cuando los servicios de emergencia tienen que buscar a una persona que se fue al monte existiendo una alerta por fenómenos meteorológicos adversos, cuando hay que desplazar al helicóptero por un excursionista que subió a la montaña sin los equipos adecuados... Ahora, también se cobrará en supuestos de búsqueda en cuevas o simas cuando la persona que requiera los servicios «no hubiera adoptado la medida de precaución consistente en la comunicación al Centro de Atención de Emergencias 112 antes de entrar». Antes, los criterios para calificar los hechos o no de imprudencia eran más subjetivos.

Lo hace en cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el área de Patrimonio Cultural por las que se aprueba la relación de cavidades naturales para las cuales no es necesario obtener permiso por no tener interés arqueológico. Se actualiza así la tarifa de los servicios de espeleosocorro: 600 euros por movilización del equipo de rescate las seis primeras horas y 200 euros por hora las siguientes hasta el final de la intervención. El resto de tarifas de este tipo para casos en cualquier ámbito no varían y serán 1.906,41 euros por hora de vuelo del helicóptero y 113,99 euros por establecimiento de un dispositivo de rastreo.

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El anteproyecto la Ley de Acompañamiento mantiene además, como ya ocurrió el año pasado, todos los incentivos que se pusieron en marcha con la aprobación de los Presupuestos de 2020 con el fin de impedir el despoblamiento de las zonas rurales, las que están en riesgo de quedarse vacías. Actuaciones por la vía de la deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Por trasladarse a vivir o trabajar a estos pueblos, por gastos de guardería o por fomentar allí el empleo de los jóvenes. Fue, en materia fiscal, la actuación con la que el Ejecutivo pretendía sacar pecho.

El paquete de medidas del IRPF afecta a «contribuyentes que tengan su residencia habitual en zonas rurales de Cantabria en riesgo de despoblamiento». En las declaraciones de este ejercicio, los contribuyentes ya han apreciado las consecuencias de estos beneficios fiscales.