El Colegio de Abogados basa su querella contra Acayro en hechos sobre los que denegó el amparo

Acayro Sánchez compareció ayer ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) prácticamente cinco meses después de que el órgano -integrado por José Luis López del Moral, María Rivas Díaz de Antoñana y Paz Hidalgo- admitiese a trámite el asunto.

El magistrado declaró casi durante una hora y respondió a las preguntas de su abogado y de la fiscal. Fue ante el Ministerio Público cuando trató de desmontar el relato recogido por el Colegio de Abogados articulado en torno a que Acayro habría investigado la relación contractual de Real con el Ayuntamiento de Castañeda e, incluso, habría comunicado a la Agencia Tributaria supuestas irregularidades. Ante esto, el abogado del magistrado -que impulsó una investigación por corrupción urbanística en Castro Urdiales entre 2007 y 2015- había respondido antes de la citación que ese asunto ya fue archivado en 2019 por el Consejo General del Poder Judicial.

Al final de su comparecencia fue cuando apuntó que el propio Colegio denegó amparo a Real por silencio por los hechos de uno de los pleitos -el de Alfoz- que ahora le han servido para interponer la mencionada querella.

El germen del procedimiento se asienta sobre diversas resoluciones del juez. Primero, acordar la prueba testifical de la secretaria del Ayuntamiento de Castañeda en noviembre de 2018. Aquella declaración dio pie a otro auto en el que se pedía información adicional sobre los contratos menores celebrados con los autores de unos informes jurídicos y técnicos. En un auto de abril de 2019, en base a esa documentación añadida, se apreció que en la relativa al letrado Real «se han podido cometer irregularidades con trascendencia tributaria en cuanto que, en la relación de facturas aportadas ni la numeración ni el concepto coinciden con el procedimiento en cuestión y, en varias de ellas, constan como única forma de pago por parte de la Administración 'contado'». En base a la Ley general tributaria acordó deducir testimonio de las facturas y su remisión a Hacienda.

La otra pata de la querella entronca con otro procedimiento por un conflicto urbanístico entre dos empresas y el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo en relación a una promoción inmobiliaria. Real representaba al Consistorio, que aportó una escritura de compraventa. Tras dar paso a las alegaciones, meses después Acayro acordó deducir testimonio de la escritura aportada así como del escrito solicitante de la parte ejecutante por si pudiera ser constitutiva de un delito de falsedad de documento público. La parte ejecutante observó que la escritura no recogía problemas urbanísticos -tenía sentencia de derribo- y figura así en otra causa en un juzgado de Torrelavega.

El juez adujo que su actuación se sustentaba en doctrina del Supremo y que, en ningún caso, había dirigido contra el abogado afectado las deducciones de testimonio, que además no incluían ningún tipo de calificaciones penales. De hecho, se ciñó a la literalidad de sus disposiciones, por lo que «nunca» ha deducido testimonio contra Real. A más, agregó que no conocía de nada al abogado afectado ni tenía ningún problema con él.

En ambos procedimientos constitutivos de la querella, Acayro Sánchez dio la razón a Real e, incluso, en el procedimiento de Castañeda la prueba practicada reforzó la posición del abogado. Dijo que han coincidido en trece procedimientos y en ocho le dio la razón.