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Los directores de los centros educativos de Cantabria llevan dos semanas de reuniones y debate intensos. «El móvil echa humo. Lo cargo hasta tres veces al día», revela uno de ellos. Estos días han elaborado un argumentario con las razones por las que ven inviable la apertura de los centros el 25 de mayo, como establece el plan de 'desescalada' del Gobierno. Divididos en tres comisiones permanentes –Secundaria, Infantil y Primaria, y Centros Concertados– han enviado sendos informes a la Consejería de Educación con los motivos pedagógicos, sanitarios y organizativos que justifican su oposición y también su apuesta por mantener la docencia telemática.
En esencia, y más allá de las singularidades de cada etapa, los directores piden responsabilidad. «Apostamos por la continuidad del trabajo a distancia y por la necesidad de diseñar, de cara al inicio del próximo curso, un plan de regreso a las aulas consensuado, seguro y que establezca las medidas adecuadas de prevención y protección de la salud de todos los agentes implicados en la educación y de la sociedad en general», indica la comisión de Infantil y Primaria, que representa a más 170 colegios.
El 28 de abril el Gobierno reveló su plan de transición hacia la etapa del 'posconfinamiento'. Para la fase 2 planteaba el regreso voluntario del alumnado de Infantil, 4º de ESO, 2º de Bachillerato, segundos cursos de FP o de centros de educación especial. La comunidad educativa podía esperar una reapertura centrada en los bachilleres que se presentasen a la EBAU, pero la inclusión del tramo de Infantil fue inesperada –incluso, para la Consejería–. Las dudas se multiplicaron: ¿Cuántos de esos miles de alumnos cántabros regresarían a las aulas? ¿Cómo organizarlos? ¿Cómo trabajar de forma segura con menores de 6 años?
La comisión permanente del Consejo Escolar trató ayer la posibilidad del regreso a las aulas. Se aprobó por unanimidad el mantenimiento de la actividad lectiva a distancia hasta final de curso –«El profesorado está trabajando bien», indicaron fuentes del Consejo–, y la necesidad de dar respuesta a la conciliación familiar por parte de las Administraciones públicas o las empresas. «Esa conciliación, en cualquier caso, no debe realizarse por los docentes de los centros educativos». Esa es la clave. En caso de que los centros abran, acordó el Consejo, no serán los docentes quienes ejerzan esta labor «asistencial» –no lectiva–, sino que habría que contratar personal especializado.
Integran la comisión los sindicatos, FAPA, Concapa, el alumnado, la educación concertada, el personal de administración y servicios, o los ayuntamientos.
La comisión de directores de Secundaria, que agrupa a más de 50 institutos, fue la primera en expresar su rechazo por los «riesgos sanitarios» que entraña y porque un regreso tan corto, de poco más de dos semanas, no aportaría «nada positivo» al estudiante (se abren, sin embargo, a ofrecer en junio refuerzo a los bachilleres que concurran a la EBAU). En su informe a la consejera Marina Lombó reiteran su «disconformidad con la decisión del Ministerio» y le piden que traslade esta opinión en la Conferencia Sectorial de Educación. «Aspiramos a que sea la portavoz de la opinión mayoritaria de Cantabria», le piden.
«Estamos trabajando para ver si es posible cumplir la hoja de ruta garantizando la seguridad y, si no es posible, así se lo trasladaremos al Ministerio», señaló Lombó tras escuchar las razones de los directores. Su departamento, aseguró la consejera, se prepara para el día 25 de mayo como si la hipótesis del regreso a clase fuese una certeza. Los pasos dados –sondeo entre las familias, petición de informes a los directores o al Consejo Escolar, la consulta a Salud Pública o a la activación de un comité técnico– sirven para valorar la situación. «La decisión definitiva se hará siguiendo criterios estrictamente sanitarios y pedagógicos», indicó, «cuando le traslademos al Ministerio la postura del Gobierno de Cantabria será una postura argumentada, elaborada siguiendo criterios sanitarios y tras escuchar a toda la comunidad educativa».
Por tanto, la Sectorial es una cita clave. Comunidades como Aragón han anunciado que argumentarán la imposibilidad de garantizar la seguridad en los centros, sobre todo, en los de Infantil. Ese es uno de los motivos del informe de la comisión de directores de Infantil y Primaria. Con razones de tipo sanitario, educativo u organizativo cuestionan la reapertura y apuestan por un regreso «responsable».
Los centros concertados coinciden y rechazan la reapertura en Infantil. «Con niños tan pequeños (hasta 6 años) no se puede trabajar con el mínimo de seguridad», resume Wenceslao Martín, portavoz de la comisión. Tampoco en los centros de educación especial, con alumnado especialmente vulnerable. La vuelta en Secundaria podría ser viable, reflexiona, pero ni será eficaz, ni aportará «beneficio pedagógico» alguno.
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