Las comunidades empiezan a pasarse a la tarifa regulada para ahorrar gas

La llegada del tiempo más puramente otoñal, con el consiguiente descenso de las temperaturas, empieza a provocar temblores, y no solo de frío: los precios disparados del gas, la electricidad y los combustibles hacen aparecer nubarrones en el horizonte de muchas economías domésticas.

Esos temores son mayores entre los vecinos de inmuebles que cuentan con calefacción central (más de 10.000 viviendas en la región, según estimaciones), para quienes disponer de agua caliente y calefacción puede suponer tener que pagar cuatro veces más que hace un año.

Como es comprensible, en todas estas comunidades han respirado con alivio tras el anuncio del Gobierno central de que también ellas pueden acogerse a la tarifa regulada –también conocida como Tarifa de Último Recurso (TUR)–, y es de esperar un inminente incremento de solicitudes para realizar este cambio en cuanto los contadores se pongan en marcha esta temporada.

Claro que para acceder a esta tarifa hay que cumplir algunos requisitos, entre ellos que los vecinos dispongan de una lectura individualizada de consumos y de repartidores de costes, una obligación que ya existía: el Gobierno ha dado de plazo hasta finales de 2023 para la instalación de contadores individuales. Igualmente, las comunidades deberán estar al día en la Inspección Reglamentaria de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE).

En la comunidad situada en el número 111 de Reina Victoria, en Santander, lo tienen todo en regla, pero aún no está claro que se decida por la TUR. «Cuando me hice cargo de esta comunidad, sus doce vecinos pagaban 26.000 euros al año –explica Silvia Fernández, su administradora y vicepresidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Cantabria (Cafca)–, y ahora el consumo medio está por los 18.000: se trata de comunidades con un gasto importante y se puede negociar». Eso es precisamente lo que intentará hacer. «El precio que ofrece la TUR está bien, porque la suministradora no puede cobrar más de 0,08 euros el kilovatio/hora, y ahora mismo en el mercado libre está a 0,2. Pero el Gobierno ha aprobado una solución temporal, y si la compañía ofrece mantener un precio razonable, con un plazo mayor, puede resultar más interesante. Haremos un estudio y serán los vecinos quienes decidan».

«Decidimos hacer la obra para instalar los repartidores de costes –que nos costó 15.000 euros–, antes de que se terminara el plazo. Ahora, el 40% de la factura es fijo y el 60% restante se divide entre los vecinos en función de su consumo. Lo que sucede es que con estas subidas tan repentinas del precio del gas no da con la cuota».

Según el conserje del inmueble, Santos Díaz, es imposible hacer comparaciones de costes con otros años porque todavía no ha empezado a funcionar la calefacción –«todavía no ha bajado ningún vecino para pedirme que la encienda»–, pero está seguro de que el consumo va a descender. «Ahora la gente baja la llave y ya no abre las ventanas, y desde el año pasado se van reduciendo las horas de encendido de la caldera: funciona unas horas por la mañana y por la tarde, pero no está todo el día».

Reducir las horas de funcionamiento de la caldera es una de las medidas con que las comunidades tratan de ahorrar gastos, algo que también pueden conseguir bajando unos grados la temperatura del agua caliente, una necesidad que se ha acentuado con la crisis energética provocada por la guerra de Ucrania. En todo caso, las que se acojan a la TUR deberán estar atentas a su consumo, ya que si la comunidad excede el consumo medio de cada mes tendrá una penalización del 25%.

«Creo que todas las comunidades con caldera central van a pedir el cambio de tarifa, aunque la medida no soluciona el problema –sostiene el presidente del Cafca, Alberto Ruiz-Capillas–: primero, porque es una solución temporal, y segundo, porque se produce un agravio comparativo respecto a los que tienen caldera individual: las comunidades deberían tener el mismo precio de tarifa regulada».