Las familias de la enseñanza concertada se sienten «perseguidas» por no poder desgravar las cuotas

En este contexto, Concapa entiende el anuncio de Montero como un ataque a la libertad de elección de centro de los padres, y advierte de que se lleva a cabo en un «momento idóneo», como es la apertura del proceso de escolarización y admisión del alumnado.

Así lo ha manifestado la presidenta de Concapa Cantabria, Mónica Haro, quien ha explicado que esta entidad ha remitido un comunicado a las AMPAs de los colegios concertados de la región para «tranquilizarles» puesto que «se está cumpliendo la ley», como ya hizo en diciembre del año pasado, cuando «comenzó este tema».

Además, en el caso de Cantabria, ha explicado que se trata de «pequeñas cantidades, de unos 15 euros» que, en todo caso, son «donaciones que se realizan voluntariamente», fundamentalmente en centros religiosos que tienen fundaciones. De hecho, ha precisado, no afectan a todos los centros concertados y no todas las familias colaboran, solo las que así lo quieren.

Sin embargo, según Haro, la postura de Hacienda va en detrimento de toda la concertada. «Como siempre, perjudican a las familias», ha lamentado, apuntando que esta enseñanza escolariza «a todo tipo» de niños, incluidos los de familias con pocos recursos, y la medida afecta a todos.

La presidenta de Concapa Cantabria ha explicado que las cuotas no hacen referencia a actividades de escolarización ni extraescolares, sino que son «donativos, propiamente dichos, que se dan de manera voluntaria», es decir, las familias que así lo quieren, «y no a cambio de una contraprestación».

Estos donativos se dirigen fundamentalmente a las fundaciones que tienen los centros escolares, sobre todo los de carácter religioso (muchos están vinculados con ONGs), y, según la Ley de Fundaciones, desgravan «como las que se hacen a un partido político, por ejemplo».

Por el momento, Concapa Cantabria ha optado por «dejar clara» a la opinión pública su postura a la espera de lo que haga el Ministerio de Hacienda porque «la ley nos protege», aunque no descarta «defendernos» si finalmente fuera necesario. La enseñanza concertada escolariza a más de 22.000 niños en Cantabria.

En un comunicado, Concapa ha tachado de «electoralista y política» la declaración de la ministra de Hacienda instando a la Agencia Tributaria a revisar la «licitud» y «veracidad» de las donaciones efectuadas por las familias a fundaciones y organizaciones religiosas de un modo «masivo».

En su opinión, se trata de una medida del PSOE «para contentar a sus socios de Gobierno, con el consiguiente malestar e inquietud que produce en las familias».

La entidad se remite a las leyes de Fundaciones y de Mecenazgo, que establecen las condiciones y requisitos de cualquier entidad para poder ser receptora de donativos fiscalmente desgravables, como es el caso de las colaboraciones de las familias con instituciones educativas de iniciativa social.

«Es obvio que estas donaciones se llevan a cabo desde la libertad, voluntariedad y sin ningún tipo de contraprestación, siendo prueba de ello el que no se llevan a cabo por la totalidad de las familias que conforman el alumnado», señala Concapa, asegurando que «no recibe un trato diferente el alumno cuya familia es donante de la que no, con lo que se desmonta la pretensión de imputar un pago por la educación».

Por todo ello, considera que se trata de un «ataque espurio en un asunto sensible para desplazar la atención de otros asuntos de mucha más relevancia que éste».

«La ministra debe velar por el cumplimiento de la ley y no lanzar globos sonda a los que, por cierto, ya estamos acostumbrados, cuestionando y demostrando un desconocimiento absoluto de la composición socialmente diversa de las familias que optan por la escuela concertada, habida cuenta de que los procesos de escolarización son iguales para todos los alumnos y para todos los centros sostenidos con fondos públicos», indica.

Finalmente, advierte de que estos «debates estériles y sectarios siempre» se realicen al comienzo de cada curso escolar o cuando se abren los procesos de escolarización y admisión de alumnos, «enfrentando a las familias y creando un ambiente de incertidumbre y desconcierto entre las mismas».