Condenan a Sanidad a indemnizar a una paciente ciega de un ojo por el Ala Octa

Su abogado, Carlos Gómez Menchaca, especialista en derecho sanitario y que tramita hasta 89 reclamaciones motivadas por las secuelas del Ala Octa en toda España, reconoce que la cantidad es muy inferior a la reclamada (150.000 euros), pero sostiene que su clienta «siente que se ha hecho justicia, porque se reconoce el daño sufrido, y aunque hubiera preferido que se hubiera aceptado la responsabilidad de la Administración de entrada (en primera instancia), como ha ocurrido en otras comunidades, se muestra satisfecha de que esto pueda ayudar al resto de afectados pendientes de resolución». No en vano, añade, «estamos ante la primera sentencia a nivel nacional sobre este asunto por parte de un tribunal superior de justicia, que considera que, independientemente de que el producto fuera defectuoso y pueda haber una reclamación al laboratorio fabricante, la Administración es responsable (que no culpable) por ser la prestataria del servicio sanitario». Un argumento que «sienta un antecedente muy importante de cara al resto de casos sin resolver aún».

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, alude a un informe de la Agencia del Medicamento de julio de 2016 que señala que los análisis realizados detectaron un elevado nivel de citotoxicidad en el lote del producto empleado en la operación de la demandante.

Desde el SCS no se había puesto en duda en ningún momento que la ceguera se había producido por la aplicación de Ala Octa, aunque se agarró en sus alegaciones a las fechas para defender que no hubo mala praxis. Y así lo reconoció el Juzgado de lo Contencioso nº 3 de Santander, al entender que «era imposible que los facultativos conocieran la toxicidad del producto», puesto que se advirtió de su peligrosidad dos meses después de usarlo en esta paciente, de 65 años.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC se muestra de acuerdo en esta parte de la argumentación de la sentencia de primera instancia, pero señala que las deficiencias detectadas en los controles de la materia prima y de los lotes fabricados justifica la responsabilidad patrimonial objetiva del SCS por el riesgo creado por la utilización de ese gas tóxico. Sin perjuicio, expone, de que la administración sanitaria pueda reclamar a la empresa comercializadora o distribuidora del producto (WM Bloss) o al fabricante (el laboratorio alemán Alamedics), que cabe recordar que entró en concurso de acreedores a raíz del escándalo. La sentencia, que se puede recurrir en casación, condena a abonar esta indemnización al SCS y a la aseguradora Zurich Insurance.

Cuando el goteo de afectados por el Ala Octa empezó a aflorar en toda España, el servicio de Oftalmología de Sierrallana reconoció que al menos cinco de los doce pacientes operados de desprendimiento de retina con este producto (antes de la alerta) presentaban graves problemas de visión, pero entonces -febrero de 2016- se insistió en que no se podía establecer la correlación causa-efecto con el uso del perfluoroctano.