El Congreso tumba la petición cántabra para que la Ley de Costas confirme las actuales concesiones

Quienes decantaron la balanza fueron las formaciones nacionalistas. Concretamente el PNV, que durante la semana parecía que podía apoyar la iniciativa –en el País Vasco también hay afectados por esta situación–, así como Bildu y Esquerra Republicana, que de haber cambiado el signo de su voto habría permitido que el cambio legal se produjera. «Estamos bastantes sorprendidos. Creíamos que la norma, respaldada por la mayoría del Parlamento cántabro, iba a tener el apoyo del Congreso porque no se está hablando de una cuestión ideológica, sino de un problema real al que había que dar una solución», ha lamentado el portavoz del PRC, Pedro Hernando. Junto a los regionalistas, impulsaron este cambio legal desde Cantabria PP, Cs y Vox, mientras que el PSOE, que defiende que las prórrogas se deben conceder analizan «caso por caso» y no con carácter general, ha permanecido al margen.

«No tiene nombre la postura del PSOE, que tendrá que explicar por qué este nuevo portazo a los afectados y por qué este nuevo bofetón a Cantabria», ha añadido el portavoz popular, Íñigo Fernández, que no entiende «qué problema hay en facilitar una solución para que la actividad económica de ganaderías, de pequeños talleres y pequeñas fábricas de conservas que se desarrollan en las rías y estuarios se pueda prorrogar y mantener». «¿Qué daño hace eso al medio ambiente?», ha concluido.

La iniciativa trataba de clarificar aquellos artículos de la ley que pueden dar lugar a dobles interpretaciones y en los que se escuda Costas para no prorrogar las concesiones. La modificación de la norma que impulsó el PP en 2018 dejaba claro que a partir de ese momento no se podrían conceder licencias para ocupar terrenos para todas aquellas actividades que se puedan desarrollar fuera de zonas marítimas, pero también que las concesiones actuales podrían prorrogarse. Así se hizo hasta el cambio de Gobierno tras la moción de censura, momento en el que el Ministerio modificó su criterio.

Los afectados cántabros entendían que la modificación legal sería la solución definitiva al problema, pero en paralelo también se está desarrollando un proceso judicial. Aunque la Audiencia Nacional ha dado inicialmente la razón al Estado, el Supremo se ha pronunciado en sentido contrario. Con ese último episodio, en la práctica, parece difícil que los negocios corran peligro, pero un 'sí' del Congreso habría evitado que los afectados tuvieran que acudir sistemáticamente a los tribunales.

En cambio, para IU y Podemos, el cambio de la ley solo demostraba la «inacción» del Gobierno cántabro para proteger el empleo. «La tarea que tiene Cantabria no es promover un cambio en la ley para que esta se adapte al tejido empresarial, sino establecer, en caso de que sea necesario, plazos para reubicar esas actividades», ha expresado el portavoz de IU, Israel Ruiz Salmón.