El Gobierno de Sánchez rechaza la reforma de la Ley de Costas que pide Cantabria

PSOE y Podemos afirman en el Congreso que no apoyan la iniciativa y serán los nacionalistas los que decantarán la balanza en la votación de mañana

Daniel Martínez

Santander

Miércoles, 11 de mayo 2022, 07:09

El Parlamento de Cantabria ha hecho uso por primera vez de su capacidad para tratar de modificar una ley estatal. Con ese objetivo se desplazó ... ayer hasta el Congreso una delegación de la Cámara autonómica capitaneada por Pedro Hernando (PRC), Íñigo Fernández (PP) y Félix Álvarez (Cs), los tres grupos partidarios, junto a Vox, de introducir cambios puntuales en la Ley de Costas para asegurar a los afectados la prórroga de las concesiones para la explotación del suelo en espacio de dominio público-terrestre. Tras la celebración del debate, habrá que esperar a la votación de mañana para comprobar si las Cortes toman en consideración la propuesta, pero la iniciativa ha perdido opciones de éxito tras el 'no' que adelantan el PSOE y Podemos, las dos formaciones que sustentan el Gobierno de Pedro Sánchez.

Sin esos apoyos, la capacidad para decantar la balanza está en manos de los regionalistas y nacionalistas, que ayer se manifestaron de una forma ambigua. Solo el PdCAT se mostró favorable. El PNV y los gallegos del BNG -procedentes de autonomías que tienen la misma problemática- entienden que es necesario acabar con la incertidumbre que sufren los afectados, pero dudan de que la fórmula que ha propuesto Cantabria sea la adecuada. Los primeros porque este retoque puede chocar con la Ley de Cambio Climático que el PRC apoyó -la diputada vasca se lo echó en cara- y la segunda porque reclama para Galicia la gestión de la competencia.

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La modificación de la norma que impulsó el PP en 2018 dejaba claro que a partir de ese momento no se podrían conceder licencias para ocupar terrenos para todas aquellas actividades que se puedan desarrollar fuera de zonas marítimas, pero también que las concesiones actuales tendrían que prorrogarse. Con el cambio de Gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy, el Ministerio modificó su criterio.

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«No pretendemos que se den nuevas concesiones, ni que se altere el espacio, sino que se avanza en una interpretación correcta de la ley. No es privatizar lo público, sino regularlo y ordenarlo adecuadamente respetando los derechos adquiridos», afirmó Hernando, que denunció las «posturas demagógicas que priman lo ambiental por encima de todo» frente a una «convivencia medioambiental» que también tenga en cuenta la sostenibilidad de las industrias y ganaderías que se asientan en estos terrenos.

«No hablamos de edificios sobre las playas o acantilados», aclaró Fernández. Para el PP, el cambio significa defender el tejido productivo allí donde ha venido desarrollándose -en algunos casos durante 90 años- porque permitirá mantener la actividad económica en terrenos que mediante desecación se ganaron al mar. «Hay que dar seguridad jurídica a empresas y familias. La petición busca la defensa de la protección y la sostenibilidad de nuestro litoral», añadió Álvarez.

Por el PSOE tomó la palabra Pedro Casares. El socialista afirmó que, frente a esta solución general, su formación defiende que el Ministerio analice «caso a caso» la posibilidad de conceder la prórroga. También consideró que la reclamación va en contra de la Ley de Cambio Climático, que establece la necesidad de tomar medidas ante la previsible subida del nivel de las aguas, que puede anegar estas zonas. «Negacionistas climáticos», llamó el diputado Antón Gómez (Unidas Podemos) a los integrantes de la delegación cántabra.

Una oposición totalmente opuesta a la de Emilio del Valle (Vox), que lamentó que el PSOE deje tirados a los afectados de Cantabria y que el PRC se sume al «mantra ecologista del Gobierno socialcomunista de Sánchez».