La consejera «enfada» al sector de la dependencia al negar que tenga pérdidas

Otero recuerda que en ese porcentaje se incluye el incremento salarial adelantado (6,5%), que recuperarán las residencias con carácter retroactivo -desde el 1 de enero- cuando el Gobierno cántabro actualice el coste del concierto de plazas para ajustarlo al convenio nacional, aún pendiente de aprobación. Ese fue el compromiso adquirido por la anterior titular de Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, que sacó adelante en el Parlamento la modificación de la ley que permitirá adaptar los precios por plazas concertadas para mejorar las condiciones laborales de un sector donde todas las partes coinciden en que se trabaja «en precario». «Era de justicia la subida de sueldo que hemos aplicado», defienden las patronales.

Pero ese pellizco en nóminas se suma al incremento en la lista de la compra y a facturas de luz y gas que prácticamente se han duplicado. El sector cifró en «unos 20 millones» la inversión pública que haría falta para equilibrar el coste del servicio que prestan, que «ya estaba infrafinanciado antes» y avisaba de que «el 90% de las residencias trabajan a pérdidas».

Ante ese panorama, las declaraciones de la consejera «han enfadado al sector, que está haciendo un gran esfuerzo para que la situación no repercuta en la calidad de la asistencia», señala Otero. «Eso es lo que nos preocupa, las personas a las que cuidamos», añade De la Concha, que sugiere al equipo de Servicios Sociales «que mire cómo están aquellos centros que no tienen pérdidas».

Según los datos que aportó el lunes en la Cámara el grupo parlamentario de Ciudadanos, que logró la unanimidad de todos los partidos para pedir al Gobierno una mejora en el precio de las plazas concertadas, las empresas de la dependencia cobran, de media, 59 euros por usuario y día. Una cantidad que antes de que se produjera el alza de los precios permitía, según señaló Félix Álvarez, un beneficio máximo de tres euros. Ahora, ese beneficio ha desaparecido. Cs considera que «hay mucho margen de mejora teniendo en cuenta que en las residencias públicas el coste es tres veces superior, de entre 160 y 180 por usuario y día». Además, «los centros públicos tienen una ratio de un trabajador por cada usuario, también tres veces superior al de los concertados (un profesional por cada tres dependientes)».