La consejera de Sanidad inicia un procedimiento informativo para aclarar las presuntas irregularidades en el SCS

Ante todo ello y de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria, que atribuye a los respectivos consejeros dentro de sus competencias «ejercer la iniciativa, dirección, gestión e inspección de todos los servicios de la Consejería respectiva, así como las entidades vinculadas o dependientes de la misma, sin perjuicio de las competencias que estén atribuidas a otros órganos», la consejera de Sanidad ha comunicado que va a proceder de forma inmediata al inicio del citado procedimiento informativo.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado, tras la tramitación de ese expediente informativo, que deberá finalizarse en el menor plazo posible y en el que tendrán ocasión para manifestarse tanto la funcionaria Inmaculada Rodríguez como la presidenta del PP, se remitirá el oportuno informe al Consejo de Gobierno para adoptar «la decisión oportuna».

Esta decisión de la consejera se produce apenas 12 horas después de que ella misma asegurara, a través de un comunicado de prensa, que el SCS «no ha apreciado irregularidad alguna» que sustente las afirmaciones de Rodríguez y defendiera la «transparencia» de las contrataciones.

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, ha apuntado, a preguntas de los periodistas en un visita al Parlamento de Cantabria, que el informe podría estar listo «antes de quince días», para trasladarlo después a la Intervención General, que decidirá qué hacer.

Revilla ha subrayado que la apertura de este expediente responde a la «absoluta transparencia» del Gobierno regional y ha incidido en que se pretende que sea «rápido y lo más urgente posible».

Una vez que se concluya este informe, según ha añadido Revilla, se someterá a la Intervención General para que establezca qué hacer. «Estamos en una fase en la que simplemente hay un correo electrónico y acusaciones que vamos a investigar si son ciertas o no», ha puntualizado.

«Si hay alguna ilegalidad vamos a actuar inmediatamente, pero teniendo todos los datos», ha sentenciado el jefe del Ejecutivo regional, quien ha defendido que la «obligación» de un funcionario o de un político que detecte cualquier «ilegalidad» es «si tiene pruebas consistentes» acudir a la Justicia.

Y ha recordado que ese departamento cuenta también con la asesoría jurídica del Gobierno, que son funcionarios y no políticos y que son los mismos «que han estado con los anteriores gobiernos», ha alegado.

Por su parte, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota, ha asegurado que la Intervención de General no tiene ninguna denuncia, ni ha detectado «nada irregular», en los controles permanentes que realiza sobre las contrataciones del Servicio Cántabro de Salud (SCS).

De todos modos, Sota ha avanzado que los controles pendientes correspondientes a este año se van a «agilizar».

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa para valorar los datos de la EPA, el titular de Economía ha subrayado que la Intervención General es un órgano autónomo y «absolutamente transparente», que cuenta con buenos profesionales que son conocedores de la administración regional.

«En ningún caso hay nada irregular o de la relevancia de lo que se denuncia», ha resumido Sota, quien considera que si se hubiera producido alguna irregularidad se habría detectado en esos controles que se han realizado en los últimos tres años.

«Muy ciegos deberían de estar si no hubieran detectado alguna de las cuestiones que se plantea», ha opinado el consejero, quien ve en la denuncia de la jefa de contratación del SCS, Inmaculada Rodríguez, «mucho humo» y ha acusado a la presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, de «mezclar churras y merinas».

En el caso de la funcionaria, Sota ha recordado que es la presidenta de la mesa de contratación y podía paralizar cualquier expediente; y ha subrayado que conoce los cauces para presentar una denuncia en caso de detectar alguna ilegalidad.

Sobre la presidenta del PP, el consejero ha afirmado que la Intervención General no ha recibido ninguna carta de ella para pedir una auditoría de las contrataciones del SCS y le ha pedido que envíe la documentación que tenga sobre esas presuntas irregularidades.

«No hay nada que ocultar», ha recalcado Juan José Sota, quien ha insistido en la «absoluta transparencia» del Gobierno de Cantabria en sus contrataciones que están publicadas en su portal de transparencia.