Gochicoa: «Ha sido un disgusto y estamos preocupados, no teníamos sospechas de nada»

Como ha relatado Gochicoa, a las 7:30 horas llegaron los agentes a la Consejería y acordonaron tres despachos de la quinta planta de la sede de Obras Públicas, pertenecientes a ese departamento de conservación de Carreteras. En ese momento, el consejero se puso a disposición de la policía. «Les ofrecí nuestra ayuda en todo lo que necesitaran. Nuestra colaboración es máxima y queremos transparencia total para que se esclarezca lo que ha ocurrido», explicó.

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El agente comunicó a Gochicoa que existía secreto de sumario y no podían darle más detalles de la investigación. En ese momento, el consejero y su equipo abandonaron el edificio. Y supieron entonces que un alto funcionario del servicio intervenido había llamado antes para decir que ese día no podía ir a trabajar por asuntos personales. «No sabemos si está relacionado, ni podemos dar datos personales ni queremos enjuiciar a nadie hasta que tengamos más información». Según ha podido saber este periódico, este funcionario, que lleva más de treinta años trabajando en ese servicio, ha sido detenido por la Policía.

«Si existe cualquier irregularidad en los contratos nos personaremos como perjudicados. Pero es que no tenemos absolutamente ni idea de la investigación en estos momentos. Solo podemos desear que si hay alguna persona responsable, caiga todo el peso de la justicia sobre ella. No podemos permitir que las irregularidades empañen una labor tan importante como la de esta Consejería», remarcó Gochicoa.

Hay muchas incógnitas abiertas que ni siquiera el consejero puede responder a estas horas. De hecho, el propio Gochicoa llamó por teléfono a la delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, para enterarse de más detalles. Pero recibió la misma respuesta. Hay secreto de sumario. Por esa razón, el dirigente regionalista tampoco sabe si se están realizando registros en empresas contratadas por Obras Públicas. «Trabajamos sobre todo con compañías de la región, pero también nacionales», aclaró Gochicoa, que cifró en 16 millones el presupuesto del departamento investigado para este año.

Al consejero tampoco le constan detenciones ni registros en otras áreas del Gobierno. Ni tampoco en otras comunidades autónomas. Y tampoco ha puesto su cargo a disposición de Miguel Ángel Revilla: «Sería irresponsable hacer eso en estos momentos, cuando estamos centrados en saber qué es lo que ha ocurrido».