Ocho detenidos en una macrooperación contra la corrupción en la Consejería de Obras Públicas

Aunque la causa se encuentra bajo secreto de sumario, El Diario Montañés ha podido saber que la investigación judicial surge después de que la Agencia Tributaria detectara un importante incremento en el patrimonio de este funcionario (ingeniero de Caminos), que no era acorde a su nivel económico. Distintas fuentes apuntan que esta persona supuestamente adjudicaba trabajos de mantenimiento y conservación de carreteras a empresas constructoras de Cantabria a cambio de dávidas (dinero y regalos).

Una vez que saltaron las alarmas en la Agencia Tributaria, el caso pasó a manos de la magistrada Compostizo, que comenzó a tirar del hilo hasta que ayer movilizó un macrooperativo integrado por más de 60 efectivos de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, que irrumpieron a primera hora de la mañana en tres empresas, en diversos domicilios particulares y en la sede de la Consejería de Obras Públicas, ubicada en un edificio situado entre la calle Alta y la Rampa Sotileza de Santander.

Además, otro dispositivo puesto en marcha en Madrid procedió a la detención de dos implicados en la supuesta trama.

En el operativo de Cantabria, uno de los seis detenidos es el jefe de servicio de Carreteras Autonómicas, cuyas iniciales son M.A.D.B., y que, según fuentes próximas a la investigación, guardaba 400.000 euros en su domicilio. Al parecer, tenía intervenidos los teléfonos y tiró el pasado martes unos papeles a un contenedor que los agentes intentaron recuperar ayer.

Mientras varios agentes procedían a la detención de este funcionario, dos policías nacionales y dos agentes de la Agencia Tributaria se personaron en las dependencias de la Consejería de Obras Públicas para informar de un registro.

Lo primero que hicieron fue precintar hasta cuatro despachos de la quinta planta de la sede de la Consejería, que están situados en el ala sur, donde se encuentran diferentes proyectos, memorias y expedientes de contratación. Posteriormente, se personó en el edificio una comisión judicial que realizó un registro exhaustivo y se llevó diversa documentación relacionada con la presunta adjudicación irregular de diversos contratos. Además, los agentes preguntaron a responsables de la Consejería si podían confirmar que uno de los detenidos es funcionario del Gobierno de Cantabria.

Ante el revuelo generado por la macrooperación policial, el consejero de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, se vio obligado a suspender su agenda y convocó una rueda de prensa a mediodía. Tras manifestar su disgusto por lo ocurrido y ponerse a disposición de la Justicia, quiso dejar claro que «no teníamos sospechas de nada» y que «si existe cualquier irregularidad en los contratos, nos personaremos como perjudicados. Pero es que no tenemos absolutamente ni idea de la investigación en estos momentos».

Respecto al funcionario detenido, Gochicoa explicó que un empleado llamó por la mañana a la Consejería para informar de que no iba a acudir a su puesto de trabajo por «motivos personales». «No sabemos si está relacionado, ni podemos dar datos personales ni queremos enjuiciar a nadie hasta que tengamos más información», aseguró antes de detallar que el servicio de Mantenimiento y Conservación de Carreteras tiene un centenar de trabajadores y 16 millones de euros de presupuesto anual.

Además, apuntó que en ese momento no le constaba que hubiese ninguna detención en la Consejería ni en ninguna de sus diferentes sedes.

Mientras el titular de Obras Públicas capeaba como podía el temporal que azotaba a su departamento, el operativo puesto en marcha por la magistrada Compostizo continuó con la inspección en al menos tres empresas cántabras que están supuestamente implicadas en la causa, al verse beneficiadas por la intervención del jefe de servicio de Carreteras. Una de ellas es Rucecan, una firma constructora con sede en Torrelavega y fundada en el año 2000 que se dedica a la ejecución de diferentes obras de carácter público. Una docena de agentes de la Policía y de la Agencia Tributaria se personaron en esta empresa sobre las 11.30 horas, y unos veinte minutos más tarde, los propietarios de la misma abrieron las puertas de la sede, a donde los integrantes del operativo accedieron con cajas de cartón vacías.

En las últimas semanas, Rucecan se ha hecho con varios contratos en diferentes puntos de Cantabria: la urbanización de las calles Bonifaz y Marina del Castillo de San Vicente de la Barquera (300.000 euros); la construcción de la pasarela sobre el río Besaya, en Cartes (407.309 euros); una renovación del pavimento en El Sardinero, en Santander (1,7 millones); la creación de futuro centro social de Polanco (331.000 euros); o la renovación de la calle Julián Ceballos de Torrelavega (1,5 millones), entre otras actuaciones, según informa Javier Gangoiti.

La segunda empresa intervenida por los agentes de la UDEF y de la Agencia Tributaria fue el Centro de Jardinería La Encina, situada en Puente Arce (Piélagos) y dedicada a la construcción y mantenimiento de jardines y a la venta al público de todo tipo de productos para el jardín.

Y la tercera fue API Movilidad (ubicada en el Polígono de Raos, en los límites entre Camargo y Santander), que está dedicada a la colocación de señales y repintado de marcas viales, a la conservación y mantenimiento de autopistas, autovías y carreteras o cualquier obra pública o privada.

Fuentes cercanas a la investigación adelantaron a este periódico que una vez que finalicen estas pesquisas que la magistrada Compostizo –esta semana en funciones de guardia– ha encomendado a la UDEF, la propia Policía Nacional y la Agencia Tributaria podrían emitir un comunicado de prensa en el que explicarían los pormenores de una intervención en la que están participando más de sesenta efectivos. No obstante, esa comunicación no llegaría, como pronto, hasta finales de la presente semana.

Por otro lado, no se descarta que se produzcan más detenciones en los próximos días, que vendrían derivadas de la investigación que ha partido hace ya un año por las supuestas irregularidades del funcionario detenido, que está suscrito al servicio de Mantenimiento y Conservación de Carreteras.